La relatora expresó sus inquietudes en un evento paralelo a la vigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un acto celebrado bajo el lema “Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela”.

Knaul señaló que desde que ocupó el cargo, hace cinco años, ha recibido numerosas denuncias sobre la falta de libertad de los jueces y fiscales en Venezuela para ejercer sus funciones.

Apuntó que el hecho de que la mayoría de los magistrados estén en sus puestos con carácter temporal los hace vulnerables a las presiones gubernamentales. La inamovilidad de los jueces, que garantiza su independencia de la rama ejecutiva del gobierno, es una norma internacional.

La preocupación de la relatora debería levantar una voz de alarma precisamente en este año, en que el régimen de Nicolás Maduro ha arreciado la represión para contener las protestas encabezadas por los estudiantes contra los males que azotan a la sociedad venezolana.

Hay que cuestionar la imparcialidad del poder judicial que va a juzgar al encarcelado líder opositor Leopoldo López y a decenas de detenidos más durante las manifestaciones pacíficas. Y que ahora ha presentado órdenes de captura contra los opositores Diego Arria, Pedro Burelli y Ricardo Koesling, a quienes acusa de participación en un presunto intento de magnicidio contra Maduro, del cual no se han presentado pruebas.

Desde hace tiempo han llovido las denuncias del sometimiento del sistema judicial venezolano a la autoridad ejecutiva. Ya era hora de que en la sede de la comunidad de las naciones se apuntara a este problema que socava los derechos fundamentales en Venezuela.