En su exposición de ayer, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció el cambio de jurisdicción del pago a los bonistas que aceptaron el canje de deuda. Reafirmó de esta manera la decisión de continuar pagándoles, pero al mismo tiempo la de no hacerlo con los denominados "fondos buitre". Los pagos serán realizados en nuestro país, bajo ley argentina, intentando así eludir lo dispuesto en el fallo del juez Thomas Griesa, que hace responsables a los bancos intervinientes de respetar el pari passu, comprendiendo a los beneficiados con su fallo, en forma proporcional, en la distribución de toda suma recibida del gobierno argentino.

El camino decidido por nuestro gobierno exigiría cambiar el agente pagador por otro que desoiga e incumpla las condiciones de la sentencia judicial. En el plano internacional, quien tome esa responsabilidad se verá expuesto a las consecuencias de facilitar la elusión de un fallo en una sede como la de Nueva York. Por otro lado, deberá verse si los bonistas asumen el riesgo de aceptar la ley y los tribunales de nuestro país. Tras esta actitud, poco podría lograrse yendo a hablar con el juez Griesa, que ya hubo de expresar su agravio frente a la intención expuesta tiempo atrás por la presidenta Cristina Kirchner, y luego descartada, de operar de esta manera.

A fin de justificar su decisión, Kicillof expuso como de cumplimiento inmediato junto a la aceptación del fallo, el pago a los demás bonistas que no entraron en el canje. Además, planteó una interpretación inadecuada de la cláusula que obligaría a dar las mismas condiciones a los que aceptaron el canje. Esa cláusula (rights upon future offers) sólo regiría cuando el gobierno argentino ofrece mejores condiciones y no cuando se ve obligado a aceptar una sentencia judicial. Lo cierto es que el pago hoy requerido es de 1330 millones de dólares. La suma de 15.000 millones mencionada por la Presidenta y su ministro sólo surgiría de pagos futuros y graduales en la medida en que haya nuevos reconocimientos judiciales.

Una sana política que recupere las condiciones para reponer reservas debería preferirse a este camino que intentaría eludir el fallo y nos llevará a consecuencias impredecibles, probablemente tan perjudiciales como las de un default.

Hasta el lunes pasado, distintos analistas económicos locales asignaban escasas probabilidades a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no tomar el caso ya resuelto en primera y segunda instancia por la justicia de Nueva York. Los mercados habían incorporado la expectativa de la dilación de una contingencia adversa para el gobierno argentino, al suponer que la Corte solicitaría la opinión del gobierno estadounidense. No fue así y se confirmó lo que especialistas más cercanos al ámbito judicial de ese país consideraban más conteste con la independencia del poder judicial y el contenido jurisprudencial del caso. Lo cierto es que el gobierno argentino debe hoy descartar la hipótesis de una revisión por parte de la Corte. Una vez levantado el amparo, se encuentra con la obligación de cumplir el fallo del juez Griesa. Sólo le queda un escaso margen para establecer la forma de pago ante los litigantes, los fondos Aurelius y NML, que ahora tienen todo el poder de negociación.

El discurso oficial en relación con la deuda pública en default transcurrió en los últimos años dentro de la habitual dialéctica amigo-enemigo. Tanto durante la declaración de la cesación de pagos como en el proceso de reestructuración de la deuda, hubo una actitud oficial sumamente agresiva. La negociación llevada a cabo en 2005 fue inédita en el mundo por su agresividad y la magnitud de la quita reclamada. Fue acompañada de una ley cerrojo que impedía al Gobierno cualquier futuro arreglo con los que no se adhirieran al canje. La descalificación hacia estos últimos fue luego permanente, aunque el canje fue reabierto en 2010.

Los grupos de tenedores originales de bonos no canjeados y los fondos que después de 2001 los adquirieron a bajo precio y tomaron el costo y riesgo de un reclamo por la vía judicial fueron categorizados como "fondos buitre". El discurso oficial enfatizó en su maldad y encuadró como cómplice a todo juez que les reconociera el derecho a cobrar que les daba el contrato de emisión.

La evaluación pura de las circunstancias judiciales fue reemplazada por un alegato conspirativo que supone una maniobra urdida por los centros del poder económico internacional. Este viejo y desubicado argumento populista descolocó al gobierno nacional ante la culminación comprensible del proceso judicial. El confuso discurso de la Presidenta en el mismo día del fallo expuso su dificultad para retroceder a posiciones más serias y racionales. Volvió a agitar teorías conspirativas, reafirmando su voluntad de pago sólo a quienes se adhirieron al canje y dejando en duda el cumplimiento de la sentencia del juez Griesa. La posterior exposición del ministro Kicillof mantuvo el mismo tono. De ratificarse en los próximos días, el camino elegido nos apartará del concierto internacional y ensombrecerá el futuro de nuestro país. Lo más aconsejable sería desechar las recetas hostiles y no cerrar la puerta que abrió en su momento el juez Griesa para una negociación..