La tasa de homicidios esta dentro de las más altas en el mundo. La ausencia de una efectiva aplicación de la ley ha permitido a traficantes poderosos ser las autoridades de hecho en algunas áreas, proporcionando trabajo y asistencia humanitaria pero también intimidando y corrompiendo a los funcionarios locales. La competencia creciente sobre las rutas y el arresto o muerte de los traficantes principales ha dispersado a algunos grupos criminales, fortaleciendo a nuevos grupos a menudo más violentos. El presidente Otto Pérez Molina ha prometido fortalecer las fronteras de Guatemala con fuerzas de tarea conjunta policiales y militares, pero el gobierno debe también emprender de inmediato esfuerzos integrales para instalar el estado de derecho y brindar oportunidades económicas a esta periferia largamente ignorada.

Durante la década anterior, las rutas de la droga a través de América Central comenzaron a ser objeto de una competencia feroz. La ofensiva del gobierno mexicano contra los carteles forzó a los traficantes a enviar las drogas primero a América Central. Honduras es frecuentemente el punto de entrada elegido. Allí, el golpe de estado de 2009 debilitó las ya frágiles instituciones públicas dedicadas a la seguridad y la justicia. Su larga costa atlántica y remotos llanos interiores, con poca población o infraestructura, ofrecen el ambiente ideal para que las naves y avionetas con drogas operen sin ser detectadas.

Desde Honduras, las drogas pasan a Guatemala, en donde redes familiares de traficantes que trabajan con carteles mexicanos las transportan por tierra hacia los mercados de los Estados Unidos. Estas redes han operado tradicionalmente por debajo del radar, corrompiendo funcionarios gubernamentales y cooptando apoyo popular, pero empezaron a ser atacadas como resultado de la lucha por las rutas y por la presión del gobierno. Fiscales fortalecidos, bajo el liderazgo de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, y la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –auspiciada por las Naciones Unidas– arrestó tanto a los operadores mexicanos –especialmente a los miembros del violento cartel de los Zetas– y también a los traficantes guatemaltecos más importantes, requeridos por cargos en los Estados Unidos. La captura de estos capos locales de la droga ha sacudido a las otrora poderosas organizaciones, permitiendo el surgimiento de una nueva generación de criminales, a veces más violentos.

El arresto de los presuntos capos de la droga puede ser una bendición con resultados mixtos para los residentes de algunas de las comunidades fronterizas. Una de las redes más duramente golpeadas es la de la familia Lorenzana en el departamento de Zacapa. El patriarca familiar, Waldemar Lorenzana, fue detenido en 2011 y extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2014. Las autoridades también arrestaron a dos de sus hijos por cargos en los Estados Unidos, mientras que un tercero es un fugitivo con una recompensa de $200,000 sobre su cabeza. Los Lorenzanas niegan que el tráfico de cocaína sea la fuente de su riqueza, citando sus negocios legítimos como la exportación de frutas. Algunos residentes de Zacapa se quejan de que las detenciones de Waldemar y de sus hijos ha producido pérdida de empleos y desatado una lucha entre grupos desprendidos que buscan la dominación.

Estos grupos, menos conocidos pero aún poderosos, continúan no solo moviendo las drogas pero también crean otras empresas ilegales, como los préstamos extorsivos y la venta al menudeo de las drogas, alimentando de esta manera la violencia. Su riqueza y poder de fuego los convierte en autoridades de hecho, admirados por algunos y temidos por muchos. Los residentes de los departamentos de Zacapa y Chiquimula asumen ha menudo que la policía y los políticos locales han sido sobornados o intimidados por estos poderosos criminales. Un clima de desconfianza mancha la política e inhibe a los periodistas y otros actores de la sociedad civil a exigir a los líderes locales una clara rendición de cuentas.

El gobierno de Pérez Molina ha creado fuerzas de tarea inter-institucionales para las áreas fronterizas que incluyen tropas militares, policía civil, fiscales y funcionarios de aduana. Este es un primer paso hacia la recuperación de la seguridad en la frontera, siempre y cuando las unidades estén bajo el control civil y respeten los derechos humanos. Instalar la seguridad en estas regiones, sin embargo, requiere también de la construcción de instituciones democráticas creíbles. La policía local debería ser depurada y supervisada, mientras que se les proporciona los recursos y el entrenamiento para arrestar a poderosos criminales. Se debería exigir a los políticos locales que informen de las contribuciones a sus campañas y proporcionar recursos públicos a fin de que sus electores puedan depender del gobierno, y no de capos criminales, para servicios esenciales y asistencia humanitaria.

Se requiere con urgencia un cambio en la política nacional: el gobierno debería enviar no solo tropas y policías a las regiones fronterizas, sino también educadores, organizadores comunitarios, trabajadores sociales, médicos y trabajadores de la salud. Guatemala y Honduras deberían aprender de las experiencias regionales, tales como los programas de desarrollo de fronteras en Colombia, Ecuador y Perú. Honduras, en donde los niveles de violencia son mayores y la capacidad institucional es más frágil, necesita con urgencia esta asistencia. Los donantes –especialmente los Estados Unidos– deberían poner sus recursos financieros, capacitación y asistencia técnica detrás de la seguridad pública y la prevención de la violencia en las fronteras, más que enfocarla primariamente en controles e interdicción.

RECOMENDACIONES

Para prevenir una mayor violencia en las regiones fronterizas y fortalecer el estado de derecho y el desarrollo económico y social

A los gobiernos de Guatemala y Honduras:

1.  Implementar una estrategia de prevención de la violencia en el largo plazo, adoptada a las comunidades de frontera, incluyendo medidas para:

a) fortalecer y restaurar la confianza local en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a través de medidas anticorrupción y de policía comunitaria;

b) mejorar el acceso a, y la eficiencia de la justicia en las área fronterizas, fortaleciendo iniciativas existentes, tales como los centros integrados de justicia en las capitales departamentales y la justicia de paz en más áreas rurales;

c) promover oportunidades educativas, de capacitación y recreacionales para la juventud local;

d) incentivar la inversión pública y privada para promover el crecimiento y generar empleo; y

e) financiar programas de salud pública y de investigación, incluyendo encuestas para determinar la extensión del abuso de drogas y la adicción.

2.  Considerar el establecimiento de agencias nacionales y/o binacionales para coordinar la inversión pública y priorizar el desarrollo económico y social de las comunidades de frontera, incluyendo medidas para fortalecer las capacidades locales y para que los servicios sociales sean más integrales y eficientes, aprendiendo de los esfuerzos que han desplegado los países andinos.

Al gobierno y al congreso, así como a los partidos políticos, de Guatemala:

3.  Implementar y fortalecer la Ley de Elecciones y Partidos Políticos de modo que los candidatos enfrenten sanciones duras si se exceden de los límites de gasto y no rinden cuenta de las donaciones.

4.  Combatir la impunidad a nivel nacional y local, trabajando con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para perseguir el lavado de dinero y los casos de corrupción en las comunidades fronterizas y entrenar a policías y fiscales en la investigación de crímenes financieros en estas regiones.

A las autoridades municipales en Guatemala y Honduras:

5.  Trabajar con líderes comunitarios para implementar procesos transparentes de elaboración presupuestal (usando las leyes existentes que garantizan la transparencia y el acceso a la información), y priorizar la participación ciudadana en las incitativas de prevención del crimen y la violencia.

A los donantes, gobiernos de la región e instituciones multilaterales:

6.  Enfocar la asistencia no solo en el control de fronteras sino también en el fortalecimiento de la capacidad local para prevenir el crimen y la violencia, a través de proyectos que promuevan la policía comunitaria y gobiernos municipales más efectivos y transparentes, y proporcionar educación, entrenamiento y empleo para la juventud en desventaja.

7.  Los países andinos que enfrentan retos similares en materia de seguridad – Colombia, Perú y Ecuador – deberían compartir sus mejores prácticas y lecciones aprendidas, específicamente con relación a los esfuerzos para prevenir la violencia a través del desarrollo regional y el fortalecimiento de instituciones locales.

8.  El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) debería fortalecer su política de seguridad fronteriza dentro del contexto de su más amplio plan de seguridad, impulsando el apoyo regional e internacional a iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales destinadas a la comunidades especialmente vulnerables al crimen organizado.