Autoproclamado, con acento mesiánico, el “hijo leal de Chávez’’, a Maduro se le agotan los recursos para evitar el total desmoronamiento de la economía venezolana y de la agrietada ideología chavista. Recurre a lo único que tiene: la mano hiriente de sus fuerzas de seguridad, un sistema judicial arbitrario postrado a sus pies y una semántica parda como medio masivo de intimidación.

En un plazo de dos días, el régimen pulverizó una protesta pacífica para exigir la libertad de los detenidos en las manifestaciones callejeras, dejando una veintena de heridos; acusó de tres delitos a 11 valientes jóvenes, enrejados en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional sin debido proceso legal, por establecer un campamento frente a la sede de la ONU; y amenazó con excomulgar a sus partidarios que expresen una opinión disidente, acusándoles de traidores.

Una carta enviada el miércoles por la organización Human Rights Watch a los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) —mediadores del supuesto diálogo entre el gobierno y la oposición— deja entrever, con exquisita diplomacia, que su silencio “ante los abusos cometidos por agentes estatales venezolanos’’ es un aval del enquistamiento de la opción represiva, un descrédito a su pregonada imparcialidad.

“Diálogo’’ este que es una infamante farsa del gobierno de Maduro si primero no deja libres a los presos políticos, entre éstos el líder opositor Leopoldo López, pone fin a los arrestos y torturas de los estudiantes, desmantela la Fiscalía chavista y la reemplaza por otra independiente, y extingue a los colectivos del terror que actúan en su nombre a fin de coaccionar a la sociedad civil opuesta al proyecto socialista.

El expolio de la democracia y la justicia por la cúpula chavista en el siglo XXI ha devenido en la ruina económica y moral de un otrora próspero y pacífico país. Si no se toman medidas para frenar la violencia y rescatar las instituciones democráticas, terminarán de abrirse las puertas de un régimen tiránico en América Latina.