El ex mandatario peruano, Alberto Fujimori, que tiene la nacionalidad japonesa por ser hijo de inmigrantes nipones, se refugió en Tokio en noviembre de 2000, después de que estallara el escándalo por corrupción en su gobierno.

En julio de 2003, la cancillería peruana solicitó la extradición de Fujimori, pero el Gobierno japonés aún no se ha pronunciado al respecto. El Gobierno peruano comunicó su intención de recurrir al Tribunal Penal Internacional de La Haya si antes de verano no se confirma la extradición de Fujimori.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CONADEH) recibió este gesto del Gobierno con alegría, pero también con cierto escepticismo, pues, como señala Francisco Soberón, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora, "una demanda en La Haya puede demorar hasta tres años y el proceso no será tan fácil como algunos creen".

Es por este temor a un retraso en el proceso por lo que la CONADEH, respaldada por la "Red Japonesa por Juicio a Fujimori" (integrada por Amnistía Internacional-Sección Japón, Peace Boat Campaña Perú 2001, Red de Solidaridad con la Democratización del Perú y el Grupo Kansai), se dispone a presentar la denuncia penal contra el ex presidente peruano. Lo acusan de ser responsable de dos matanzas en las que 25 personas fueron asesinadas a sangre fría en 1991 y 1992, a manos del grupo paramilitar Colina. Si antes del mes de julio Japón no se pronuncia a favor de la extradición de Fujimori a Perú, los abogados japoneses formalizarán la denuncia.