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08/07/2014 | Argentina - Es mejor pagar, Cristina

América Economía Staff

Por intrincados que sean los detalles financieros de los pagos que debe hacer Argentina por los intereses renegociados y no renegociados de su deuda externa, el dilema de Cristina Kirchner es sencillo: o llega a un acuerdo con los acreedores o la Argentina vuelve a entrar en default. Y llegar a un acuerdo significa pagar de alguna manera la deuda, o parte de la deuda, a los acreedores que no quisieron renegociar con el país en las rondas de 2005 y 2010.

 

En 2001, cuando era presidente Fernando de la Rúa, la Argentina dejó de pagar US$80.000 millones en bonos, en ese entonces el default más grande de la historia. Los Kirchner heredaron un país convertido en paria en los mercados internacionales de capital. Bajo su mando, la Argentina sostuvo dos rondas de renegociación de la deuda con sus acreedores, en 2005 y 2010, ofreciendo pagar 35 centavos por cada dólar. Consiguió que los tenedores del 92,4% de la deuda total aceptaran la oferta.

Los dueños del 7,6% de la deuda restante no renegociaron y en su mayoría terminaron vendiendo sus bonos a hedge funds o fondos de cobertura, algunos de los cuales son conocidos como "fondos buitre", porque se dedican al arriesgado negocio de comprar deuda en default  a un precio muy bajo para intentar cobrarla en el largo plazo a 100% de su valor. Cada fondo negocia privadamente con el acreedor original el precio que paga por los bonos, de modo que ese precio es distinto en cada operación y además es privado. No se conoce, entonces, cuán bajo fue el precio que pagaron los fondos buitre por los papeles de deuda, pero en la Argentina circula la versión -y todos allí la quieren creer- que el fondo que lidera al grupo de acreedores litigantes, el estadounidense Elliott Management, del billonario inversionista Paul Singer, pagó menos de US$50 millones por más de US$800 millones en deuda o seis centavos por cada dólar.

La Argentina ha declarado reiteradamente que nunca pagará a los tenedores de los bonos no renegociados, pero ha perdido todas las batallas en los tribunales estadounidenses. A mediados de junio pareció haber perdido la guerra, cuando la Corte Suprema de Nueva York confirmó el fallo de una corte de apelaciones que obliga al país a pagar a los acreedores no renegociados en el mismo momento en que paga a los acreedores renegociados, bajo pena de embargar el dinero destinado a pagar la deuda renegociada.

En contante y sonante, el fallo judicial de Nueva York obliga a la Argentina a pagar US$1.500 millones adeudados al grupo de hedge funds estadounidenses, liderados por Elliott Management.

Pagar o no pagar, he ahí la cuestión para Cristina entonces. Y no le quedan muchos días para decidir.

Pagar tiene sus problemas, partiendo por el hecho de que la Argentina no tiene plata para hacerlo. Además, pagar la deuda en manos de los fondos buitres a un 100% de su valor sería impresentable ante los argentinos y una señal para la comunidad financiera internacional de que es mejor no renegociar deuda con la Argentina, porque si se espera con paciencia, al final se recibirá el 100%.

Pagar entonces puede ser malo. Pero no pagar es peor. Un default en los momentos que está viviendo hoy el país sería un desastre.

La Argentina está oficialmente en recesión desde hace unas semanas, cuando se anunció que la economía se contrajo por segundo trimestre consecutivo en los primeros tres meses de este año: 0,8% que se suma al  0,5% de contracción del último trimestre de 2013. La recesión de este año se ha debido en gran medida a que el gobierno devaluó en 20% el peso argentino el pasado febrero, lo que trajo una caída en la producción y desató una inflación que se teme bordearía el 40% este año.

Además, las arcas fiscales se están quedando vacías. Durante la era Kirchner, que se inició en 2003 con la presidencia del difunto marido de Cristina, Néstor Kirchner, el gobierno ha hecho caja donde ha podido y cómo ha podido, tomando control del Banco Central y la política monetaria, expropiando fondos de pensiones y reestatizando empresas privatizadas sin pagar indemnización. El gobierno de Cristina timoneó además una política económica basada en impulsar la demanda y el crecimiento con gasto fiscal, inversión pública, control de precios, proteccionismo comercial y otras medidas que hasta el año pasado le permitieron mantener firme el peso y el poder adquisitivo de los argentinos.

La bonanza intervencionista duró lo que tenía que durar. El modesto superávit fiscal de hace algunos años se convirtió en déficit a partir de 2012 y al primer trimestre de este año se había inflado hasta llegar a US$1.850 millones. Para reducirlo, al gobierno no le queda otra posibilidad que reducir el gasto público. Ya bajó los subsidios a la energía y el agua, y tendrá que seguir tomando medidas que no serán populares.

En este escenario, un default haría que una situación insostenible se volviera más insostenible, como ironizan algunos argentinos. Una cesación de pagos cortaría las líneas de crédito comercial, reduciría fuertemente la inversión y los dólares, hoy escasos, se volverían casi inexistentes.

Los acreedores litigantes están más que dispuestos a llegar a un acuerdo, o al menos eso han declarado. Dijeron que aceptarán que se les pague parte de la deuda en nuevos bonos, siguiendo el ejemplo del acuerdo que Argentina logró con la española de energía Repsol, a quien el gobierno de Cristina le expropiara la petrolera YPF, en 2012, sin pagarle indemnización. Dos años de disputa se resolvieron hace unos meses con un acuerdo mediante el cual el gobierno argentino emitió nuevos bonos por US$5.000 millones y se los cedió a Repsol en compensación por la expropiación de YPF.

El gobierno argentino también ha dado señales de que busca un acuerdo con los fondos buitres, pero sus señales no han sido todo lo claras que deben ser, acaso porque eso le significa desdecirse de un discurso oficial que pronuncia una y otras vez desde hace más de diez años.

La primera persona en cambiar públicamente ese discurso fue la propia Cristina. El 20 de junio dijo que quiere llegar a un acuerdo con los acreedores litigantes y que le pediría ayuda a un tribunal estadounidense para llegar a ese acuerdo. La noticia hizo subir de 75 a 83 centavos por dólar el valor de los bonos argentinos en dólares con vencimiento en 2033 -el estándar para medir hoy la deuda externa argentina.

Pocos días después el Ministerio de Hacienda argentino confirmó el envío de una delegación a Nueva York a reunirse con el juez de la causa y con el funcionario especial designado para llevar las conversaciones entre las partes.

El gobierno de Cristina, sin embargo, no ha dado nuevas señales de estar dispuesto a conversar, lo que  comienza a ser interpretado como que no lo está.

Los fondos buitres hace tiempo se dieron cuenta de que insistir en cobrar la deuda al 100% ha dejado de ser conveniente para ellos, porque un nuevo default argentino definitivamente no les conviene.

La presidenta debe mostrar su buena disposición cuanto antes, en forma inequívoca y con claridad, con la misma certidumbre de intención que han mostrado los acreedores litigantes. Otro default le conviene mucho menos a la Argentina que a los acreedores y eso debiera ser razón suficiente para convencer a Cristina de que si uno quiere pedir plata prestada, conviene haber pagado las deudas.

América Economía (Chile)

 



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