La complejidad de los vínculos y relaciones de las sociedades democráticas exige el establecimiento de alianzas que, a su vez, implican compromisos y deberes para los países que las suscriben. Estas alianzas multilaterales no se conciben hoy sin tomar en cuenta, incluso como elemento fundacional, la garantía de los derechos humanos.
El 9 de diciembre de 2005, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto a los de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, firmaron la "Declaración sobre Derechos Humanos de los presidentes del Mercosur y Estados Asociados".
Entre otros aspectos, declararon "La plena vigencia de los principios y valores que sustentan la Declaración Universal de Derechos Humanos y la necesidad de velar por el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política..."; reafirmaron "el compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con base" atención viceministra Mari Pili Hernández "en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales"; y se comprometieron a "aplicar políticas públicas tendientes a asegurar estos derechos".
EL PROYECTO de Ley de Cooperación Internacional, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, vulnera derechos sobre los que se fundamenta el Mercosur, entre ellos, el de la libertad de asociación, garantizado además por nuestra propia Constitución. La "Declaración de los Presidentes" es un compromiso; no un ejercicio retórico. El Estado venezolano, como nuevo miembro de pleno derecho, tiene la obligación y sus socios el deber de exigir que cumpla con ella de "respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales".
reygan@attglobal.net
