Es decir, los únicos países capaces de elegir por sí solos un director ejecutivo del FMI, organización dentro de la cual concentran la mayor proporción de votos y el monopolio del poder de veto. Son además países que podrían ver peligrar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con la Argentina en el Club de París como consecuencia de las sentencias judiciales en su contra.

Pero más valdría que esa teoría conspirativa urdida por sectores de izquierda fuese la explicación, porque la realidad es aún peor: las normas legales que aplican las cortes estadounidenses favorecen a las industrias de las finanzas y de los seguros en general, y no sólo a los fondos buitres que demandaron al Estado argentino. Con excepción parcial de los gobiernos de Clinton y Obama, desde 1980 los cambios en la legislación tributaria de los Estados Unidos han favorecido a esas industrias, cuya tasa máxima de impuestos sobre ingresos se ha reducido a la mitad: de 70 a 35%. Y aunque esa tasa aún parezca elevada, los principales ejecutivos y accionistas en ambas industrias pagan tasas bastante menores, dado que el código tributario les permite clasificar la mayoría de sus ingresos como ganancias de capital, las que pagan una tasa de 15%. Añada la red de exoneraciones tributarias, y entenderá por qué lo mejor que pudo decir Mitt Romney en favor de su candidatura presidencial en 2012 fue que jamás había pagado menos del 13% de sus ingresos en impuestos federales durante la década previa. 

A ello habría que añadir los subsidios implícitos que les concede a las principales empresas dentro de esas industrias el hecho de que su quiebra tendría un efecto sistémico (razón por la cual el gobierno federal las rescató con fondos públicos durante la crisis de 2008). Esos subsidios implícitos redundan en ventajas tales como la reducción del costo de contraer deuda, y según algunos cálculos representan unos 30.000 millones de dólares anuales.  

Esas ventajas no parecen producto del azar, sino del grado de influencia que esas industrias tienen en las decisiones legislativas. Son por ejemplo los sectores de la economía que más invierten en la contratación de empresas de cabildeo (lo denominados “lobbies”), a razón de cuatro personas buscando ejercer influencia sobre cada congresista. Y su influencia parece haber crecido desde que la Corte Suprema de Justicia eliminase en 2010 los límites en la cuantía que podían alcanzar las contribuciones personales o empresariales en las campañas electorales. Esa decisión dio origen a la conversión de los denominados “PAC” (siglas en inglés de los “Comités de Acción Política”, organizaciones privadas dedicadas a respaldar campañas electorales), en “Súper PAC” (por los nuevos montos que son capaces de recaudar). Según un estudio, el 80% de los fondos que administran esas organizaciones son aportados por menos de 200 donantes. Y aunque no siempre sea conocida, son pocas las dudas que suscita la identidad de buena parte de ellos.