Uno de los ritos más esperados es la quema de objetos viejos durante la noche, para que los indígenas reciban purificados los primeros rayos del sol.

Pero mientras el Ayuntamiento de Alto -pegado a La Paz- aprobaba por un voto su apoyo para recibir con todos los fastos al 5514 aymara, la gobernación de la capital boliviana ordenaba aplicar en su territorio la legislación del 2006 cristiano y prohibía las fogatas, alegando "contaminación medioambiental". La pugna entre administraciones, sirve de ejemplo a lo que puede suceder a gran escala con el proyecto de Evo Morales de introducir constitucionalmente los mecanismos indígenas en la maquinaria de un Estado ajeno a ellos, una iniciativa que abre numerosos interrogantes.

La "vuelta a los valores indígenas" reiterada por el mandatario boliviano en sus intervenciones ya ha comenzado a tener aplicaciones prácticas, cuya aceleración y ampliación dependerá en gran medida del resultado de las elecciones de hoy, donde los bolivianos elegirán una nueva Asamblea Constituyente. Si Morales se hace con los dos tercios de la Cámara, la nueva Constitución boliviana se convertirá en la primera en la historia de un Estado moderno en la que quedan reflejados procedimientos indígenas precolombinos en temas como la aplicación de la justicia o la definición de territorios.

El presidente boliviano pretende que el nuevo texto constitucional recoja el concepto de "justicia comunitaria" -ya amparado en leyes de menor rango- que establece la resolución de conflictos mediante consejos indígenas que se rigen por las normas propias del grupo, pero no queda claro cómo interactúa este sistema con la justicia ordinaria. "En algunos lugares han ahorcado al alcalde, un caso extremo, pero que entra dentro de la justicia comunitaria. ¿Cómo se explica que eso es justicia?", advierte un empresario en La Paz.

Actualmente, en algunas zonas del país existe un control indígena sobre sus gobernantes que incluye el premio o la pena, incluyendo el castigo corporal, en función de su desempeño. Morales busca el reconocimiento legal y constitucional de esta tradición, a la que se ya se denomina en Bolivia "el cuarto poder".

La relación de los indígenas con la Administración ha cambiado radicalmente, pero a diario se producen ejemplos de que no es tan fácil casar dos conceptos muy diferentes de lo que es el ejercicio del poder. "¡Queremos ver al compañero Evo y decirle que tenemos problemas para votar!", dice un grupo de mujeres indígenas en el interior de la sala de acceso del Palacio Quemado, la sede presidencial. "Él [Morales] nos ha prometido que nos atendería, que esta casa también es del pueblo", recuerda una de las indígenas a un funcionario de protocolo, que con calma trata de explicar que el presidente -que en ese momento se encuentra un piso más arriba- no puede recibirlas, pero que su problema será resuelto. "El compañero Evo es ahora el presidente, y trata de solucionar muchos problemas además del de ustedes", asegura el hombre ante la mirada poco convencida de sus interlocutoras.

El mandatario boliviano también busca un reconocimiento para el aymi, el principio de reciprocidad indígena que se plasma en el trabajo comunitario, y que ayuda a particulares que lo necesitan y que éstos luego restituyen colaborando en el trabajo comunitario de ayuda a otro particular. Un principio que, según varias fuentes consultadas en la capital boliviana, el mismo presidente aplica a las relaciones internacionales. "Morales considera que la ayuda que recibe de Venezuela o los apoyos que recibe de Argentina será algo que tendrá que devolver cuando Bolivia se encuentre en mejor situación", señalan.

Uno de los puntos más polémicos es el que define a la tierra y al territorio. El presidente quiere que se defina al territorio como una entidad cultural que implique tanto la propiedad de lo que crece en ella como de sus recursos naturales; y, según este proyecto, todo lo que quede debajo de la superficie en estas zonas no pertenecerá al Estado, sino a los indígenas que habitan el territorio.

En algunos casos, el sistema comenzará a funcionar antes de estar definido en la Carta Magna. El mes que viene se lanzará la denominada Política Nacional de Recursos Hídricos, donde la vieja Ley de Aguas, que data de 1906, será sustituida por otra en la que se incluye el uso primitivo del agua, "por lo que se realizan consultas con los principales actores que son los pueblos indígenas", anunció el viceministro de Cuencas y Recursos Hídricos, Walter Valda.

Y mientras el Gobierno se propone aprobar una ley que obligue a la utilización de una lengua indígena además del castellano en los colegios, los jóvenes de La Paz están más pendientes de la llegada del vocalista de Iron Maiden, prevista para agosto, y del grupo Scorpions, en octubre.