La grave crisis que atraviesa la República Centroafricana desde finales del año pasado la ha convertido en un país sin ley en el que las milicias antibalaka y Séléka campan a sus anchas sin temor a que nadie les pueda hacer frente. "El Gobierno de Transición y las fuerzas internacionales desplegadas en el país no tienen capacidad para proteger a la población de estos grupos", explica a El Mundo Christian K. Mukosa, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe Central African Republic: time for accountability.

Tanto las milicias antibalaka, compuestas en su mayor parte por cristianos y animistas, como las Séléka, de mayoría musulmana, han perpetrado ejecuciones sumarias, secuestros, mutilaciones y saqueos en distintas áreas del país. "Es imposible saber cuánta gente ha muerto en los enfrentamientos desde diciembre de 2013", denuncia el investigador de AI, "pero estamos convencidos de que ya se cuentan por miles".

Incluso los militares extranjeros se han visto involucrados en matanzas a sangre fría. El contingente de Chad, país vecino y que había jugado un papel clave en los esfuerzos de la Unión Africana para intentar estabilizar el país, se retiró a mediados de abril después de que una investigación de Naciones Unidas revelara que sus tropas habían matado al menos a 30 personas en Bangui sin que mediara provocación alguna.

En su informe, Amnistía Internacional reclama a la comunidad internacional que no permita que los responsables de estas masacres y otros crímenes contra la humanidad queden impunes. "Ambos bandos han cometido graves violaciones de los derechos humanos y sus responsables no deben poder encontrar un sitio en el que esconderse de la justicia", señala Mukosa, que sin embargo reconoce que las milicias "controlan amplias zonas a las que las autoridades no tienen acceso, lo que impide proteger a la población civil de la violencia intercomunal y sectaria".

Sin embargo, además de haber perdido el control de gran parte del país, el Gobierno de Transición no tiene medios para restaurar el sistema judicial y penitenciario que colapsó hace más de una década. Ni siquiera la capital, Bangui, es suficientemente segura para que las autoridades puedan llevar a cabo las investigaciones criminales necesarias, por no hablar de las áreas más remotas que están bajo dominio de los antibalaka o los Séléka.

"La presencia internacional se limita 5.800 soldados de la Unión Africana, otros 2.000 de la misión francesa y 700 militares y policías de la Unión Europea", lamenta Mukosa. "No hay suficiente personal para garantizar una protección mínima a los civiles y existe el riesgo de que el conflicto se agrave tanto que las diferentes comunidades no vuelvan a confiar entre ellas o en el Gobierno".

La principal esperanza se centra ahora en el despliegue de la Misión para la Estabilización Multidimensional Integrada en la República Centroafricana (MINUSCA), que comenzará en septiembre y que prevé enviar unos 10.000 soldados, 1.800 policías y personal civil de apoyo. Aunque su mandato se centrará en la protección de los civiles, el despliegue tiene que ir acompañado de un mayor esfuerzo por parte del Gobierno de Transición para investigar los crímenes cometidos durante estos últimos meses, de lo contrario la fractura social se podría agravar hasta llegar a un punto sin retorno.

Las últimas cifras publicadas por ACNUR estiman que a día hoy hay unas 900.000 personas que han huido de sus casas como consecuencia de la inseguridad que reina en el país, ya sea como desplazados internos o como refugiados a otros países. Esta cifre supone alrededor del 20% de los 4,5 millones de habitantes que tiene la República Centroafricana.