La semana pasada asistí a un evento abierto a la prensa organizado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en el que la empresa china concesionaria del canal interoceánico y los representantes gubernamentales de la Autoridad Nacional del Gran Canal supuestamente brindarían a las cámaras empresariales información más específica sobre el estado en que se encuentran los estudios de factibilidad técnica, económica-comercial y de impacto ambiental, de este megaproyecto.

Lamentablemente, las presentaciones que brindaron los voceros de la empresa china Hong Kong Nicaragua Development (HKND) y la consultora ambiental Environmental Resource Management (ERM) otra vez fueron bastante generales, y aunque al final accedieron a responder algunas preguntas, sus respuestas fueron más bien vagas y evasivas y no brindaron mayor claridad ante las interrogantes planteadas.

Por ejemplo, cuando le pregunté al representante de HKND quiénes son los inversionistas internacionales del canal interoceánico y por qué, a pesar de que en octubre del año pasado Wang Jing, presidente de HKND, dijo que en diciembre presentaría al público un consorcio internacional, nueve meses después no ha cumplido su promesa, me respondió con un alegato inverosímil. Dijo el vocero de Wang Jing que no era posible revelar los aportes financieros, la identidad o el origen de los inversionistas por razones de “confidencialidad’, “secreto comercial”, y por el tipo de obligaciones que establecen estas entidades privadas que cotizan en la Bolsa de Valores.

Esta interpretación secretista sobre el esquema de financiamiento de esta obra de 50.000 millones de dólares contradice la promesa de transparencia que inicialmente se hizo sobre esta iniciativa, de manera que ahora resulta imposible conocer si se trata de un proyecto internacional, o si únicamente estará soportado por capitales y empresas chinas. Al margen de que la forma en que se otorgó la concesión es en sí misma negativa para el país, la diferencia entre un proyecto global, con participación de capitales e intereses de distintos países, y un proyecto exclusivamente chino, sería sustantiva. Nadie duda que China cuente con los recursos económicos y la capacidad para realizar gigantescas obras de infraestructura como el canal por Nicaragua, pero si éste es un proyecto cuya viabilidad depende enteramente de la voluntad política del estado de la República Popular China, las implicaciones geopolíticas, ambientales e institucionales, serán completamente distintas para nuestro país. Si ese es el caso, como parece indicarlo la tónica secretista, entonces estamos ante un proyecto que promoverá los intereses de la potencia china a cualquier costo, y con mucho mayor razón se requeriría de una salvaguarda especial de los intereses del Estado y la nación nicaragüense.

La concesión otorgada de forma apresurada por decisión unilateral del presidente Ortega a la empresa HKND no solo fue lesiva de la soberanía y los intereses nacionales, sino que comprometió el futuro de varias generaciones de nicaragüenses. En un país cuya institucionalidad democrática ha sido demolida por el autoritarismo, el poder sin límites ni contrapesos ejercido por Ortega otorgó un enclave y una cadena de concesiones a granel a una empresa privada y/o potencia extranjera.

Las consecuencias de cómo opera esta relación sui generis Ortega-HKND, que no se rige por las normas básicas de transparencia, ya las estamos padeciendo. La primera es el secretismo y la falta de respuesta a las preguntas que con sentido común han formulado a HKND distintos sectores nacionales:

¿Cuáles son las credenciales empresariales del señor Wang Jing? ¿Tiene un récord público que permita a los nicaragüenses y a la comunidad internacional verificar cómo logró amasar su capital y qué actividades económicas desarrolló antes de comprar Xinwei en el 2010?

¿Cómo se explica que 19 meses después de que Telcor le otorgara a Xinwei una concesión para invertir en telecomunicaciones en Nicaragua, aún no ha instalado una sola línea de telefonía rural o cellular?

¿Qué garantías tiene el estado nacional de que un inversionista que ya está incumpliendo con una concesión para invertir 2.100 millones de dólares en telefonía en tres años, pueda acometer un proyecto de construcción de 50.000 millones de dólares, como el canal, en el que no tiene ninguna experiencia previa?

¿Cuál es el calendario de ejecución y cuándo concluirán los estudios de factibilidad técnica, económica y de impacto ambiental del canal?

¿Se someterán estos estudios, que han sido pagados por HKND, al escrutinio y evaluación de un comité independiente de expertos nacionales e internacionales?

¿Si estos estudios aún no han concluido, y por lo tanto no se puede conocer con certeza la viabilidad del proyecto y sus impactos ambientales, cómo se puede afirmar que la construcción del canal interoceánico empezará en diciembre y concluirá en cinco años?

¿Cuál será el impacto ambiental del dragado en el lago Cocibolca y las obras de excavación y mantenimiento, y cómo impactará en la preservación y la calidad del recurso hídrico estratégico más importante del país?

¿Quién vela por los intereses nacionales ante la inoperancia de la Autoridad del Gran Canal, que en su primer año de funciones ha demostrado precisamente que carece de autoridad y autonomía?

La segunda repercusión es el cambio en las reglas del juego de la concesión canalera, cuando ni siquiera ha empezado ninguna obra de construcción. Al amparo de la discrecionalidad absoluta otorgada por el Gobierno a la empresa HKND, han surgido nuevas iniciativas de negocios denominadas “subproyectos del canal”, que originalmente no fueron contemplados y que no tienen nada que ver con la obra canalera.

En el nuevo proyecto ya no se incluyen el oleoducto de petróleo o el canal seco contemplados en la ley original, pero desde hace un mes HKND reveló sorpresivamente que desarrollaría “proyectos vacacionales’. Ahora la empresa china ha anunciado el gigantesco proyecto turístico “San Lorenzo”, ubicado a más de 10 kilómetros al sur de Brito, es decir, a considerable distancia de la ruta canalera. Se trata de un zona de siete kilómetros de playas -Ocotal, Majagual, Pitahaya y Maderas- situada a 12 kilómetros al norte de San Juan del Sur, donde existen centenares de propiedades privadas de ciudadanos nicaragüenses y extranjeros y una decena de hoteles, entre ellos uno de renombre internacional como es el ecoturístico Morgan’s Rock.

Al imponer este proyecto ordinario de negocios bajo la cobija extraordinaria de la ley canalera, están atentando contra los derechos de propiedad en todo el territorio nacional. La voracidad enmascarada tras ley Ortega-Wang ya había sido advertida por los expertos jurídicos al aprobarse la concesión, pero nadie imaginaba que ocurriría tan temprano y con tanta desfachatez.

Durante la conferencia de las cámaras del Cosep con HKND y la autoridad gubernamental, le pregunté a los voceros oficiales si la inconstitucional cláusula expropiatoria de los derechos de propiedad contemplada en la ruta canalera se aplicaría también a los “subproyectos turísticos” y otros negocios concebidos al amparo del canal. Era una magnífica oportunidad para que la empresa china aclarara sus intenciones y su interpretación de una ley redactada a su medida.

La respuesta del representante de Wang Jing fue un silencio elocuente, ante la atenta mirada del “promotor de inversiones” Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y enlace oficial con el concesionario chino. Una señal inequívoca para que inversionistas nacionales y extranjeros tomen nota y saquen sus propias conclusiones.

Carlos F. Chamorro, periodista nicaragüense, es director de Confidencial.com.ni