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26/07/2014 | Bolivia, Chile y la sinrazón

América Economía Staff

Un lamentable espectáculo han dado en estos días funcionarios de gobierno de Bolivia y Chile al referirse a la decisión boliviana de recurrir a la Corte Internacional de Justicia para que ese tribunal obligue al gobierno chileno a negociar un acceso soberano al mar. Bolivia presentó la demanda en abril y Chile contestó en julio impugnando la competencia jurídica del Tribunal de La Haya para ver el caso.

 

Acto seguido, a ambos lados de la frontera, la retórica de voceros y  personeros -incluyendo a los jefes de estado, Evo Morales y Michelle Bachelet- ha sido inoportuna, beligerante, descortés. Ambos presidentes han cometido un error.

Y en ambos países, la prensa se ha convertido en caja de resonancia  de las desmesuras patrioteras.

La disputa por la salida al mar para Bolivia entorpece las relaciones entre estos dos vecinos sudamericanos desde hace más de 130 años. Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas y proyectos que serían beneficiosos para ambos -que el gas boliviano abasteciera de energía al necesitado Chile, por ejemplo- no se pueden concretar por culpa de la desavenencia.

Bolivia se queja y pide reparación porque perdió 400 kilómetros de costa (y 120.000 metros cuadrados de territorio) tras la cruenta Guerra del Pacífico (1879-1883), en que las naciones de Bolivia y Perú fueron derrotadas por Chile. El vencedor se adueñó de extensos territorios en Bolivia y en Perú, parte de los cuales se comprometió a devolver por obra del llamado “Tratado de Paz y Amistad”, que los contendientes firmaron en 1904. El documento trazó las nuevas fronteras entre los tres países, quitándole a Bolivia toda su costa.

Los bolivianos nunca se han conformado con haber haber perdido el mar y lo han hecho saber innumerables veces en todo tipo de foros. Los chilenos, quizá porque en el fondo saben que la demanda de Bolivia es razonable, han abierto las puertas al diálogo en varias oportunidades.

A mediados del siglo pasado, ambos países iniciaron una conversación para resolver la reclamación boliviana a través de un corredor hacia el mar adjunto a la frontera de Chile y Perú. El acercamiento, que se alargó infructuosamente durante más de diez años, terminó con la ruptura de relaciones diplomáticas en 1962.

Es irónico que el gobierno chileno que más cerca haya estado de devolver el mar a Bolivia haya sido la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Y lo hizo resucitando la idea del corredor junto a la frontera con Perú. En Bolivia gobernaba Hugo Banzer, otro dictador militar, lo cual facilitaba el diálogo, pero a Pinochet no lo movía la solidaridad castrense y menos la generosidad. Al comenzar la segunda mitad de los años 70, Chile enfrentaba otro problema limítrofe mucho más serio, con Argentina, en el extremo sur del país. Había evidencia de que el gobierno argentino -también militar, abundaban en esos años- se estaba preparando para la guerra. Y había rumores de que Perú aprovecharía una agresión argentina en el sur para invadir Chile por el norte. Pinochet calculó que dando a Bolivia un corredor hasta el mar convertiría a los bolivianos en aliados y eliminaba el ‘peligro de la frontera con Perú.

Pinochet y Banzer llegaron a darse un abrazo frente a las cámaras en la localidad fronteriza de Charaña, pero la amistad tampoco prosperó: Perú se oponía al corredor y para concretarlo era necesario su acuerdo. Volvieron a romperse las relaciones diplomáticas.

La llegada de Michelle Bachelet a la presidencia de Chile casi 30 años después trajo buenas noticias. Bachelet y Evo Morales establecieron una agenda de diálogo de trece puntos que incluía el tema del mar. Al poco tiempo se reunían los cancilleres de ambos países a discutir la demanda marítima boliviana, pero el siguiente gobierno chileno fue menos amistoso con Bolivia que el de Bachelet.

Hoy Michelle Bachelet y Evo Morales vuelven a encontrarse, pero esta vez como antagonistas. El gobierno boliviano ha lanzado una campaña global de relaciones públicas para conseguir apoyo a su posición en los foros internacionales. Y en abril presentó su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pidiéndole que obligue a Chile a darle una salida al mar. Bolivia argumenta que fue coaccionada a firmar el tratado que la dejó sin mar.

Chile respondió objetando la competencia de la Corte de La Haya para juzgar la demanda boliviana. Según su propia carta constitutiva, ese tribunal no puede ver casos anteriores al momento en que comenzó a funcionar, plantean los chilenos. El Tribunal de La Haya comenzó a funcionar en 1948 y el tratado que habría que modificar para darle mar a Bolivia se firmó en 1904.

Las presentaciones judiciales han sido acompañadas de incendiarios dimes y diretes que no ayudan a la demanda boliviana ni a la estatura de Chile en el concierto internacional. Un jefe de estado que habla golpeado contra un enemigo extranjero consigue rápido y masivo apoyo de sus compatriotas, y algo de eso hay en la determinación de Evo Morales. Pero está consiguiendo apoyo popular a costa de no conseguir mar para Bolivia. Por muy razonable que sea la demanda boliviana Bolivia no va a conseguir salida soberana al mar soberana recurriendo a acusaciones y demanda judiciales. La única posibilidad de éxito para Bolivia radica en dialogar con Chile desde la humildad y no en exigir como un derecho.

Ese diálogo no será fácil. Darle mar a Bolivia necesitará consenso político y ¿qué político chileno va a querer “regalar” un trozo de mar a Bolivia? ¿Qué ganaría? Incluso si la demanda boliviana fuera justa, lo que mueve a los países frente a sus vecinos es la conveniencia, no un imperativo moral.

Hay un hecho que está ausente de la actual discusión y que debería ser quizá el eje de la demanda boliviana. Más allá de los tratados de 1904 o las consideraciones de la Corte de La Haya, darle mar a Bolivia le conviene económicamente a Chile.

Chile enfrenta crecientes problemas de energía y el gas natural boliviano busca nuevos clientes. Muchas de las multinacionales chilenas que han invertido en Argentina, Perú, Colombia o Brasil querrían tener una sucursal en Bolivia. El comercio bilateral crecería beneficiando a ambos países. Y la construcción de un puerto boliviano crearía un nuevo polo de desarrollo para el norte chileno.

Nada de esto sucederá porque han vencido la retórica inflamada y las demandas judiciales.

La sinrazón será larga. La Corte de La Haya tardará más de un año en decidir si es competente o no para ver el caso. Y si decide que sí lo es, tardará varios años en llegar a un dictamen, el cual casi con certeza no será a favor de Bolivia. Si el tribunal dice que no es competente, como es más probable que suceda, Bolivia habrá quedado en una posición desmedrada que no la ayudará a reiniciar el diálogo. Y Chile tampoco estará con ánimo de dialogar. Ambos países han perdido una nueva oportunidad.

América Economía (Chile)

 



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