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30/07/2014 | Argentina - Antes de que sea demasiado tarde (I y II)

La Nación (AR)-Staff

La inexplicable demora para encarar una lucha decidida y frontal contra el narcotráfico pone en riesgo nuestro futuro y el de nuestras instituciones.

 

Nuestro país reúne las principales condiciones que permiten el avance del narcotráfico: instituciones débiles, impunidad y una sociedad adormecida y débil. Por este motivo, el periodista mexicano-norteamericano Alfredo Corchado, especialista en el tema, dijo recientemente a la nacion, tras enumerar esos requisitos y sintetizar la trágica experiencia de México: "Les recomiendo a los argentinos que hablen del tema y no lo ignoren, antes de que sea tarde".

Por desgracia, las autoridades nacionales y buena parte del espectro político y de la sociedad prefieren ignorar el drama del narcotráfico, que, ante la falta de reacción, se extiende frente a nuestras narices, infiltra instituciones, corrompe a funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad y avanza sobre el ámbito político.

La última y alarmante muestra de la creciente relación entre droga y poder político la brindó la investigación de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría en la que se procesó al ex titular de la secretaría antidrogas (Sedronar) José Granero y a otros dos altos funcionarios del organismo como partícipes necesarios de la introducción en el país de efedrina destinada a fabricar estupefacientes. La Sedronar autorizó el incremento de las importaciones en un 1363% en sólo cuatro años. El 85% de esa sustancia importada tuvo por destino la producción ilegal de drogas sintéticas. En la misma causa se investigan posibles vínculos entre altos funcionarios de la Sedronar y personal de la Casa de Gobierno.

Invitado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Corchado se refirió a la trágica experiencia mexicana y explicó que el negocio de la droga se instaló allí hace mucho y creció sin obstáculos. "Sabíamos que estaba ahí -sostuvo-, pero no hicimos nada hasta que fue demasiado tarde."

En la Argentina ya no podemos seguir hablando de meros "síntomas" de una enfermedad, sino del implacable progreso de una epidemia que no hace más que propagarse. Otra prueba fue el descubrimiento, este año, de las actividades en la Argentina del narcotraficante más importante del mundo, Joaquín "el Chapo" Guzmán, detenido en México en febrero pasado. Se trata del jefe del temible Cartel de Sinaloa, quien se habría movido entre nosotros con identidad falsa en 2010. Su objetivo era tejer negocios con narcos locales y tender una red para poder trasladar droga desde la Argentina hacia Europa y Estados Unidos. Y lo logró.

Durante la investigación judicial se detuvo en Belgrano al mexicano César Cornejo Miranda, quien se resistió a balazos e hirió a un gendarme. Poco más tarde se secuestraron en México casi mil kilos de cocaína pura diluidos en aceite. Se habían embarcado en marzo último en el puerto de Buenos Aires.

Otro de los ángulos más preocupantes de cuanto salió a la luz fue la detención, hace dos meses, de un comisario y dos cabos de la Policía Federal a quienes se les imputó formar parte de una banda que robaba droga a narcotraficantes. La investigación muestra el grado de penetración alcanzado por el negocio de la droga, que en su marcha incesante estrecha lazos con la corrupción policial y emplea nuestros puertos como fáciles puntos de salida.

Hace varios años que la Argentina se convirtió en una meca para el narcotráfico, al que ofrece todo cuanto requiere, como altos niveles de corrupción en los funcionarios oficiales y en las fuerzas policiales, impunidad, inauditas facilidades para el lavado de dinero, además de fronteras vulnerables por el retiro de la Gendarmería Nacional. Hay que agregar el recorte de funciones y el escasísimo presupuesto de la Sedronar.

En este tétrico panorama no es casualidad que, como informó la nacion, cueste más un teléfono celular de alta gama que una multa por traficar drogas. Éstas tienen un máximo de 18.500 pesos, pero pocas veces superan los 2000 pesos, al margen de las penas de prisión que correspondan. Tampoco es casualidad el descubrimiento de más nexos entre la droga y la política, como lo muestra el hecho de que un asesor ad honórem de Mario Ishii, ex intendente de José C. Paz y actual senador bonaerense (PJ), usaba un nombre falso, pues en realidad era Gustavo Collado Correa, un buscado narcotraficante. Ishii admitió que era uno de sus asesores, pero aseguró no conocerlo y dijo ser víctima de una operación para intentar vincularlo con el narcotráfico.

Es preciso tomar conciencia de que el tiempo que transcurre sin que se encare la lucha a fondo contra el imperio cada vez más extendido del gigantesco negocio de la droga no es un tiempo muerto, sino uno ganado por esta nefasta actividad que cuanto más profundo hunda sus raíces más difícil resultará erradicarla.

Como ya hemos dicho en esta columna, es preciso adoptar medidas insoslayables. En lo político, hay que evitar que los partidos reciban aportes de dinero de procedencia dudosa. Las fuerzas de seguridad deben depurarse y, en el plano judicial, hay que procurar que no se cometan ni consientan errores de procedimiento, que, cada vez con mayor frecuencia, se traducen en nulidades que arruinan investigaciones enteras.

La toma de conciencia es el primer paso para comenzar a revertir el avance del crimen organizado, antes de que sea demasiado tarde. Por ahora, el Gobierno no parece despertar de su sospechoso letargo. Además de lo ocurrido en la Sedronar, está la inexplicable demora en completar los 22 cargos vacantes de jueces federales de primera o segunda instancia en Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero. Pese a los constantes reclamos, los cargos siguen vacantes en esas provincias tan importantes en la lucha contra el tráfico de drogas.

Tomar conciencia significa, en definitiva, advertir que con el narcotráfico no sólo peligra la salud de la población, sino también la salud y la existencia misma de las instituciones que nos constituyen como República. Sin ellas, quedaremos a merced de las bandas y dejaremos de ser ciudadanos para convertirnos solamente en víctimas. Si la demora se prolonga, puede ocurrir que cuando se tome la decisión de combatir la epidemia no haya organismos sanos capaces de cumplir la orden.

El reciente procesamiento del ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero, pone de manifiesto una vez más esta década de desmanejos y complicidades del gobierno kirchnerista frente al flagelo del narcotráfico en la Argentina. Que las máximas autoridades que debían controlar tanto el tráfico ilegal de estupefacientes como de los precursores químicos que se requieren para elaborar aquéllos, aparezcan involucrados en resonantes causas de tráfico de drogas es un ejemplo más del proceso por el cual la Argentina pasó en esta década de ser un país de tránsito a un país de producción de drogas ilegales.

Hoy, en cocinas y laboratorios dispersos en las grandes ciudades del país, se lleva a cabo la última etapa de elaboración de cocaína y su subproducto, el paco, que destruye a los jóvenes, sobre todo a los más carenciados. Es un campo en el que los narcos locales e internacionales se han movido con total impunidad, dejando a su paso su estela de corrupción, violencia y muerte.

La situación penal del responsable de la Sedronar durante la mayor parte de la gestión kirchnerista no es novedosa. Granero ya había sido procesado en 2009 por haberse encontrado siete kilos de drogas en una camioneta de la secretaría. Si bien dos años más tarde le fue dictada la falta de mérito, su jefe de gabinete, Fabio Trosero, y su chofer, Hernán Aboy, aún permanecen procesados a la espera de un juicio oral por esa misma causa. Tanto en esa situación como en la actualidad se cruzan acusaciones de los involucrados con el actual senador nacional y entonces ministro del Interior y luego de Seguridad, Aníbal Fernández. En aquella oportunidad fue Granero el que acusó a Fernández: "El objetivo -denunció en su momento- es quedarse con la Sedronar. Aníbal Fernández y Mónica Cuñarro quieren entregarle mi cabeza a la Presidenta. Detrás de esta causa están ellos". Se trata de una línea que, lamentablemente, la Justicia no ha investigado. En esta oportunidad otro procesado, Gabriel Abboud, entonces director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos, volvió a poner el foco en Fernández al sostener que "fue el entorpecimiento del entonces ministro del Interior el que impidió detener a tiempo el desvío de precursores químicos en julio y agosto de 2007". La Justicia debe profundizar el papel de Fernández.

La actual causa en la que está procesado Granero junto con otros dos funcionarios del organismo antidrogas se remonta al 7 de agosto de 2008, cuando se produjo el llamado triple crimen de General Rodríguez, en el que tres empresarios farmacéuticos, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, fueron asesinados por una banda que competía en la triangulación de efedrina a México, liderada por Ibar Pérez Corradi. Tras ese brutal hecho, quedó de manifiesto que la Argentina, cuya industria farmacéutica necesitaba unos 200 kilos de efedrina al año, había importado 21 toneladas en 2007 y llevaba adquiridas más de 14 toneladas en 2008, en el momento del triple crimen. Esa efedrina era triangulada a México, donde su importación había sido prohibida, para producir metanfetaminas. Tal situación mostró la falta absoluta de controles para el ingreso y tráfico de precursores químicos destinados a la elaboración de drogas de síntesis. Pero la acusación es más grave aún, ya que la jueza María Servini de Cubría sostuvo al procesar a los funcionarios de la Sedronar que éstos no sólo no controlaron el tráfico ilegal de precursores químicos, sino que facilitaron la acción de los narcotraficantes al desviar las causas judiciales que los podían involucrar.

El triple asesinato mostró también condimentos políticos: uno de los muertos y un imputado por el asesinato, todos involucrados en el tráfico de efedrina, habían aportado dinero a la campaña presidencial del oficialista Frente para la Victoria (FPV) de 2007. El principal recaudador del partido gobernante era Héctor Capaccioli, entonces superintendente de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, encargado de controlar laboratorios y farmacias. El 37% de los aportes privados de campaña del FPV provenían de laboratorios, droguerías y empresarios de la salud. Capaccioli debió renunciar poco tiempo después debido a otro escándalo, el de la mafia de los medicamentos, por el cual se desviaron recursos de la Administración de Programas Especiales (APE), que él administraba, en una estafa que involucró a empresarios, directores de obras sociales y funcionarios públicos. Otra de las "casualidades" fue que algunos de esos empresarios del sector de la salud fueron aportantes del FPV, en tanto que otros aparecen mencionados en la causa del triple homicidio.

Finalmente, la causa actual que termina en el procesamiento de Granero tiene más elementos que la relacionan con las más altas esferas del gobierno kirchnerista. El entrecruzamiento de llamadas vinculadas a la mafia del tráfico ilegal de efedrina involucra a los hermanos Zacarías, de Santa Cruz, dos de los cuales, Rubén y Luis, trabajaron hasta hace unos meses en la Secretaría de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia de la Nación y otro, Miguel Zacarías, era secretario privado de Granero. Gabriel Abboud, procesado por esta causa, pasó a disponibilidad, según informó la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien firmó en 2008 la prohibición de importar efedrina, sostiene sobre Abboud: "Le dan protección porque puede hablar". Estas causas ratifican que, como se sostiene en esta columna desde hace años, en la Argentina no existen casualidades en materia de narcotráfico, sino causalidades que explican la actual crisis.

Poco a poco, la información revela la magnitud del negocio narco entre nosotros y de sus secuelas de corrupción y violencia. Lo que sabemos es apenas una fracción del infierno, pero suficiente para obligarnos a reaccionar antes de que sea tarde

La Nación (AR) (Argentina)

 


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