La única salida rápida sería el "acuerdo entre privados" que limitara la cesación de pagos a pocos días o semanas y que el propio ministro Axel Kicillof no descartó en su conferencia de prensa, sin aportar ningún detalle. Pero se trata de un arreglo complejo, para que los bancos privados argentinos les compren la deuda del juicio a los holdouts mediante tres pagos parciales y sucesivos hasta fin de año, con recompra posterior por parte del Gobierno y garantías cruzadas.

Por eso no pudo cerrarse ayer, en medio de versiones confusas y contradictorias, alimentadas por las duras declaraciones posteriores de Kicillof y del mediador, Daniel Pollack. Otra vez aquí el Gobierno quedó entrampado entre su relato y los hechos.

Un acuerdo privado, con cobertura oficial no explícita, significa jugar las pocas fichas que quedan a que el juez Thomas Griesa reponga la medida cautelar (stay) para ganar tiempo, sortear la cláusula RUFO y patear el problema hacia 2015. O sea, una apuesta similar a la apuesta que ya había fracasado con la frustrada apelación ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero también implica flexibilizar la postura intransigente ante el juez y los fondos buitre que Kicillof exhibió ayer ante los periodistas de todo el mundo en el consulado de Nueva York.

Mientras tanto, la situación queda en una suerte de limbo (al igual que el último giro de fondos para pagarles a los bonistas), con la amenaza de complicarse financiera y judicialmente cuanto más se demore algún tipo de acuerdo.

El riesgo más cercano es que los tenedores de bonos Par -que en los últimos tiempos tuvieron fuertes movimientos especulativos- reclamen la cláusula de aceleración para cobrar el valor total de la deuda reestructurada, por un monto del orden de los 6000 millones de dólares. Para eso necesitan un 25% de adhesiones y debería resolverse en un plazo de 60 días.

Técnicamente, la Argentina ya entró en default con los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, al vencer ayer el período de gracia de 30 días para que cobraran el vencimiento del bono Discount el 30 de junio pasado. Pese a que el Gobierno había girado los 539 millones de dólares al Bank of New York Mellon (BoNY), el pago no llegó a destino porque el juez Griesa ya había dejado sin efecto la medida cautelar (stay) que permitió a la Argentina seguir cumpliendo con los vencimientos de la deuda reestructurada bajo legislación de Nueva York.

Esto ocurrió el 16 de junio, cuando la Corte Suprema de los EE.UU. dejó firme el polémico fallo del juez que en febrero de 2012 reinterpretó la cláusula pari passu a favor de los fondos buitre y, en un exceso jurídico, impidió que los bancos les pagaran a los bonistas bajo otras legislaciones extranjeras. O sea que, si no se reponía el stay, el gobierno de Cristina Kirchner cumplía con todos o defaulteaba con todos.

Por eso resultó desconcertante que anoche Kicillof no hiciera ninguna alusión al incumplimiento del fallo y lo presentara como si fuera un problema que recién comenzaba, cuando en realidad es la culminación de un proceso judicial que lleva dos años y medio. Durante todo ese lapso, el gobierno de Cristina Kirchner se negó a entablar cualquier tipo de negociación y, además, se dedicó a enfrentarse con el juez Griesa.

Más inexplicable aun es que insistiera en su consigna de "pagamos, pero nos llevan al default", cuando todavía no se descontó de las reservas del Banco Central el giro de 539 millones de dólares al BoNY, como sí acaba de hacerlo con el primer pago de 650 millones tras el poco ventajoso acuerdo con el Club de París.

Lo mismo ocurrió con la reiteración de la oferta a los fondos buitre para que ingresaran al canje de deuda, cuando era obvio que con un fallo en firme no iban a aceptarla y eso impediría reponer el stay, que era la única posibilidad de evitar el default, y quedar a cubierto de la cláusula RUFO hasta el 1º de enero de 2015. Así podía alejar el riesgo de demandas judiciales de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Esta posición es contradictoria con la salida "entre privados" que el propio Gobierno terminó empujando a último momento con los bancos nacionales que integran Adeba, después de 45 días de un encendido e inútil relato épico. Ese tiempo se desperdició en palabras cuando podría haberse aprovechado para armar una ingeniería financiera que resulta demasiado compleja para ser resuelta en menos de 24 horas.

En tren de reducir daños, otra apuesta del Gobierno es que los bancos extranjeros que actúan como agentes de pago, presionen ante el juzgado de Griesa para que permita girar los fondos a los bonistas de la deuda reestructurada bajo legislación británica y japonesa. De esta manera podrían evitar quedar entrampados entre incumplir el fallo del juez y los contratos con el gobierno argentino y, por ende, la extensión del default a otras jurisdicciones.

Paradójicamente, el mismo día del fallecimiento de Julio Grondona, quedó demostrado que la máxima del "todo pasa" no es aplicable al interminable conflicto por la deuda.