En México aquel trabajador que percibe el salario mínimo legal (65 pesos, equivalentes a tres euros y medio por una jornada de ocho horas) se encuentra en una situación de pobreza, pues su ingreso no le alcanza para comprar una canasta alimentaria básica, menos aún para proveer vestido, educación y techo a los suyos.

Esta realidad contrasta con el hecho de que hace un siglo fue la Constitución mexicana de 1917 la primera en el orbe en incluir expresamente los derechos sociales y, en particular, de contemplar la existencia del salario mínimo. El artículo 123 de la máxima ley del país azteca refiere que el salario mínimo deberá ser suficiente para “satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.”

Sin embargo, desde la crisis de la deuda externa en los años ochenta del siglo pasado, los salarios mínimos sufrieron una drástica reducción en términos reales que, tres décadas después, implican un deterioro acumulado del 70% de su poder adquisitivo. Hoy el salario mínimo más que cumplir con su función de procurar un nivel de vida esencial, en México es una mera unidad de cuenta utilizada para calcular multas de tráfico, tarifas públicas o el financiamiento estatal a los partidos políticos.

Tras la crisis de la deuda, el ajuste económico y la prioridad de control de la inflación afectaron de forma directa a los salarios, pero el castigo salarial continua hasta nuestros días. Tan es así que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México, el organismo oficial encargado de medir la pobreza, estima que el índice de pobreza laboral –los trabajadores que perciben un ingreso insuficiente para alimentarse- ha aumentado 33% entre 2005 y 2014.

La contención a la baja del salario mínimo, que se toma como referente en las negociaciones colectivas se ha traducido en una redistribución regresiva de la renta, pues tanto la productividad media de los factores de la economía como el propio crecimiento de la actividad se han desfasado del comportamiento salarial. Así, es cada vez mayor la porción de la riqueza económica generada que toca al capital y sus dueños y menos a los trabajadores que constituyen la enorme mayoría poblacional.

Sin el deterioro del ingreso de los trabajadores es difícil explicar que en México el 45,5% de la población se encuentre en una situación de pobreza, lo que implica 53,3 millones de pobres en un país catalogado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como de Desarrollo Humano elevado. Sólo un componente de alta desigualdad en la distribución de la renta permite la coexistencia de un Producto Interno Bruto per cápita de 16 mil dólares y cerca de la mitad de los habitantes sin poder cubrir sus satisfactores materiales elementales.

En México hay 50 millones de trabajadores ocupados, de los que 4 millones no perciben ingresos por su labor y 6.9 millones cobran hasta un salario mínimo. Además 6 de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad. Sólo 3.7 millones de ocupados en la tierra de Agustín Lara perciben cinco o más salarios mínimos, es decir, ganan unos 18 euros al día o más.

Si bien la desigualdad ha caracterizado a México desde su origen como nación independiente hace dos centurias y aún antes, en los últimos años se exacerba y vuelve más compleja porque el desempeño económico se ha vuelto más frágil. Si entre 1960 y 1980 el PIB por habitante aumentaba a una tasa promedio anual de 3,25%, entre 1980 y 2013 lo hizo al 0,9% por año. Antes, si bien no se tenía una sociedad más equitativa, sí había un progreso general que beneficiaba al conjunto de la población, cosa que hoy no ocurre.

Los largos años de atonía económica en México y de escasa creación de bienestar coinciden también con la época de democratización política formal y alternancia en los gobiernos. Así, los malos resultados económicos que hacia el final del siglo XX sembraron vientos a favor de la democratización, ahora se vuelven contra el aprecio hacia el sistema democrático mismo. La alternancia política en el gobierno no se ha traducido en alternancia en la política económica del gobierno y la insatisfacción con la democracia en México es mayor a la del promedio en América Latina. Dicho de otra manera: la escasez de resultados sociales de la democracia amenaza la viabilidad democrática y su reproducción.

Por ello es interesante que en las últimas semanas distintas fuerzas políticas en México promuevan la discusión sobre el salario mínimo. Desde la izquierda, el Jefe de Gobierno de la capital del país, el Distrito Federal, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática, promueve la recuperación del salario mínimo y desde el otro frente político, del Partido Acción Nacional en la derecha se propone llevar el tema a una consulta popular en junio próximo coincidiendo con las elecciones para renovar la Cámara de Diputados. El Partido Revolucionario Institucional desde el gobierno sugiere prudencia en las decisiones políticas sobre los salarios. Es la primera vez en años que en México la disputa político electoral tiene en el centro del debate a la economía y la política económica. No es una mala noticia que los beneficiarios directos de la transición democrática, los partidos políticos, tengan una agenda que sea algo más que autorreferencial y se interesen por las condiciones de vida de sus electores. Quizá esa sea una condición para que el desapego ciudadano a la política pueda revertirse. Para que la democracia implique no sólo gobernantes y representantes electos por el pueblo sino al servicio de este.