Parecería una obviedad tal afirmación, pero no lo es tanto si pensamos en el actual debate en Catalunya, demasiado lastrado por el análisis endogámico,  por las emociones y por la propaganda sectaria. La independencia efectiva de un territorio o de un pueblo no depende sólo de su extensión, peso económico, demografía y singularidad cultural. Ni siquiera depende de la voluntad de sus habitantes, aunque se exprese en las urnas. Según el derecho internacional, un Estado es independiente si una mayoría del resto de Estados lo acepta. Es lo que ocurre con el Vaticano y, si me apuran, incluso con la Soberana Orden de Malta (también un sujeto de derecho internacional, con embajadores y casi mil años de existencia).

Hay casos muy actuales de Estados no reconocidos o sólo parcialmente –Kosovo, Palestina, algunas regiones exsoviéticas-, que sufren por esta situación anómala que puede prolongarse durante muchos años.

El Vaticano, por cierto, no sólo es un Estado sino dos. Por un lado está la Santa Sede –la institución central de gobierno de la Iglesia católica-, reconocida como sujeto de derecho internacional, que cuenta con nuncios (embajadores) en todo el mundo, en régimen de reciprocidad, y es miembro de numerosas organizaciones globales. Por otro, el Estado de la Ciudad del Vaticano es también –como su nombre indica- otro Estado. Es la entidad administrativa que gobierna –con policía, bomberos, oficina postal, etcétera- el territorio de 44 hectáreas. Se trata de dos Estados que, en realidad, se solapan y se confunden, pero son dos. El Papa es la máxima autoridad en ambos.

El sector más radical de los soberanistas catalanes –no se sabe con certeza si Artur Mas está entre ellos o lo estará (y de ahí su fuerte erosión electoral)- pretende conseguir la independencia, si es necesario, de modo unilateral, aunque ello signifique violar la Constitución española y arriesgarse a un entorno hostil, en Europa y en el mundo. Cuesta mucho de imaginar que los socios de España en la UE y en la OTAN acepten un movimiento unilateral contrario a la legalidad de uno de sus miembros.  La canciller Angela Merkel ha dicho con meridiana claridad, justamente hoy, en Berlín, que defiende la integridad territorial de España y que comparte la opinión de Mariano Rajoy. Pocas horas después, el presidente Barack Obama, desde Washington, al comentar el derribo del avión malasio y la actual guerra entre Kiev y los secesionistas prorrusos, insistió una y otra vez en el principio del respeto a la integridad territorial. Declaraciones en contextos diversos pero con un punto común.

Convendría, pues, no engañarse. Cambiar hoy las fronteras de Europa –y más de manera unilateral- no es ninguna broma.