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12/08/2014 | Argentina - Una saga de incompetencia e incumplimientos

La Nación (AR)-Staff

El gobierno de Cristina Kirchner está mostrando una reiterada conducta de desconocimiento frente a cualquier sentencia que condena al Estado nacional

 

Los pasos seguidos por el gobierno argentino en su conflicto con los acreedores que no aceptaron los canjes de deuda resumen la irresponsabilidad e incompetencia de nuestros funcionarios.

La última táctica fue el intento sin éxito para demandar a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya , para lo cual se debía obtener previamente el consentimiento del país del Norte para aceptar la jurisdicción de ese alto tribunal, lo que era altamente improbable.

No obstante, las autoridades nacionales pusieron en marcha su intento. Presumiblemente, en procura de encontrar una vía para tratar de sustraerse al cumplimiento de la adversa sentencia firme recaída después de años de litigio contra nuestro país en un tribunal federal de Nueva York, a cuya jurisdicción el Estado argentino se había sometido voluntaria y expresamente.

En rigor, nuestro gobierno buscó instrumentar una alternativa imposible de concretar. Quizás como técnica populista de distracción, para disimular con ella la categórica derrota sufrida en todas las instancias en el pleito mantenido con los holdouts, que son simplemente algunos de nuestros acreedores que en su momento se negaron a aceptar las condiciones impuestas por nuestro gobierno para reestructurar la deuda externa.

La referida iniciativa de la administración de Cristina Kirchner duró apenas 48 horas. Fue rechazada de plano por los Estados Unidos, con apenas una frase en la que el gobierno de Barack Obama señaló que la Corte Internacional de Justicia no es el foro adecuado para atender la situación de la deuda externa de la Argentina.

Pese a lo que pareciera sugerir el gobierno kirchnerista, en los Estados Unidos el Poder Ejecutivo no acostumbra dar órdenes al Poder Judicial, en tanto la independencia de éste es un principio y una condición republicana que allí no se discute. Los jueces norteamericanos, a diferencia de los cubanos o venezolanos, no son meros agentes o títeres de su gobierno. Cabe presumir que el lamentable paso fallido de nuestras autoridades no ayudará a mejorar las ya debilitadas relaciones bilaterales con los Estados Unidos.

Curiosamente, el gobierno argentino, en su presentación al tribunal de La Haya había alegado la existencia de una violación de su "inmunidad soberana", a la que, sin embargo, había renunciado, formal y expresamente, en la propia documentación de la deuda suscripta en tiempos de Néstor Kirchner. Renuncia que se tiene por irrevocable.

Frente a una sentencia firme de los tribunales a los cuales nuestro país se sometió voluntariamente, la presidenta Cristina Kirchner ha asumido una posición intransigente y un relato maniqueo con reminiscencias del famoso "Perón o Braden". Y si los mercados no han reflejado aún el impacto del incumplimiento argentino, es simplemente porque muchos inversores no pueden concebir una absurda actitud suicida del Gobierno con un costo demasiado grande.

En forma paralela, el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa , visiblemente irritado por el proceder y las distintas argucias de nuestras autoridades, intimó a la Argentina a cesar en sus declaraciones recientes, que calificó, una decena de veces, de "falsas y engañosas". Afirmó algo que resulta obvio, como que nuestro país no ha pagado a los demandantes, al tiempo que amenazó además con declarar a la República Argentina en desacato. Una situación que, de suceder, podría generar una verdadera ola de medidas precautorias a lo largo y ancho de los Estados Unidos y más allá.

Trece años después de haber decidido no pagar su deuda externa, esgrimir las presentes excusas para no cumplir una sentencia no sólo es improcedente, sino también improductivo. Tanto el Gobierno como sus asesores legales tuvieron tiempo suficiente como para articular una defensa efectiva ante los holdouts. La decisión de ignorar las demandas en contra del país fue parte integral de una estrategia errada.

La sensación que flota ahora en torno de esta peligrosa cuestión es que el gobierno argentino apunta a demorar todo hasta el año que viene del modo que fuere, pese a los graves efectos para nuestra castigada economía y nuestra sociedad.

Cuando, en los últimos años, el Gobierno se negó de cuajo a cumplir con los laudos arbitrales adversos en el seno del Mercosur, uno de esos altos tribunales se quejó, amargamente y con razón, del "daño institucional" que la Argentina le estaba causando al Mercosur. Queja dura, que, sin embargo, no enmendó en nada nuestro proceder.

Cuando el gobierno nacional tampoco acata los fallos de su propia Corte Suprema poco pasa. Parecería que estamos, entonces, frente a una intransigencia "serial" que nos lleva a no asignar trascendencia alguna a las sentencias que condenan a nuestro país. Porque elegimos desconocerlas.

Esa actitud es perversa, como tantas cosas que desgraciadamente caracterizan la gestión gubernamental en la última década. No es posible silenciar lo que sucede, porque es evidente que alguien, en algún momento, deberá asumir las serias responsabilidades que por ello se generan..

La Nación (AR) (Argentina)

 


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