Nos interesa traer a comento dichas definiciones, puesto que desde que la delincuencia kirchnerista tomó el poder del Estado en el año 2003, esta realizó un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia derrocando a 4 de los 7 jueces del cuerpo (es decir el 57,2% de sus miembros) a fin de lograr una mayoría de facto e ilegítima a base de nombramientos de magistrados colocados por la ventana y con ello, dar curso a la innoble cacería de militares y civiles casi octogenarios que son acusados a la marchanta de haber actuado en la guerra antiterrorista de los años 70, la cual se intensificó cuando en 1975 el actual partido gobernante ordenó a las FF.AA. mediante Decretos sucesivos “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

Si bien este conflicto armado había sido superado por indultos y amnistías graduales emitidas en democracia y avaladas en cuanto a su legalidad y constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia (tanto en los tiempos del Presidente Raúl Alfonsín, como en los de Carlos Menem y los del propio Fernando de la Rúa), la posterior Corte de facto que irregularmente impuso el socio de Lázaro Báez y Presidente de la Nación Néstor Kirchner ordenó ilegalmente desoír los siguientes principios jurídicos reconocidos expresa y deliberadamente por nuestra Constitución Nacional: Principio de Cosa Juzgada, Principio de Irretroactividad de la Ley Penal, Principio de Ley Penal más Benigna, Principio de Ne bis in idem y además los consabidos principios de prescripción previstos de sobra en la legislación penal vigente.

Pues bien, a partir de entonces, el aparato del Estado por medio de los sumisos jueces federales del sistema (de los cuales el kirchnerismo nombró a más de la mitad) comenzaron a sentenciar injustamente a sabiendas (es decir incurriendo en el delito de prevaricato) a fin de cuidar sus respectivos traseros, cargos y ascensos para desde entonces violar los citados principios que la Corte ordenó ignorar, con el objetivo de llevar adelante un sinfín de juicios ilegales a partir de entonces y hasta nuestros días.

Luego, este ataque sistemático y generalizado a la población civil llevado por esta maquinaria naciente a partir del año 2003 se encargó de encarcelar a 1865 personas (a pesar de que sólo 289 fueron “condenados” en este lapso) y de los cuales 250 de ellos (casi la misma cantidad de “condenados” y casi el 15% del total de encarcelados) murieron en cautiverio por expreso abandono de persona por parte de las autoridades judiciales que por acción u omisión incumplieron con sus deberes de funcionario público, ya que a pesar de la injusta detención los burócratas que viven de Poder Judicial ni siquiera osaron otorgarle a sus secuestrados el pertinente arresto domiciliario sino que hacinaron ilegalmente a sus víctimas a las cárceles comunes, cuando conforme el Código Penal hasta el más cruel de los villanos es trasladado al arresto domiciliario pasados los 70´años, cuando en el caso que estamos describiendo el promedio de edad de los 1865 presos (a los que hay que descontarles los 250 que fueron asesinados por este sistema) ostentan 75 años.

Como todos estos vividores que solícitamente pululan en la burocracia del poder judicial responden a un sistema político que les bajó órdenes específicas de violentar elementales principios constitucionales en el marco de este ataque generalizado a ancianos que mueren a diario en esta política ilegal de abandono y destrato, urge imperiosamente que cuando se restaure y rescate el estado de derecho en diciembre del año 2015 (puesto que para que tal cosa ocurra es requisito indispensable que el kirchnerismo no esté más en el poder) se lleven adelante todas las acusaciones e imputaciones habidas a jueces, fiscales y funcionarios judiciales de todas las jerarquías que hayan participado directa o colateralmente de esta maquinaria ilegal al servicio del detallado plan generalizado de exterminio físico y/o moral de ancianos civiles o militares que fueron primero mal acusados y posteriormente destratados o apaleados por el ominoso andamiaje estatal.

Proveer de conformidad será, sin lugar a la menor duda,  un verdadero acto de justicia.