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26/08/2014 | Argentina - Incumplidores seriales

La Nación (AR)-Staff

La condena de la OMC a la Argentina por limitaciones abusivas a las importaciones es una mancha más a la credibilidad internacional del país

 

A muy pocas semanas de rechazar la sentencia de la justicia estadounidense que condenó al Estado argentino y favoreció a bonistas que no aceptaron el canje de deuda, el gobierno nacional ha sumado otro duro revés internacional, en esta ocasión mediante un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que determina que las herramientas empleadas para limitar las importaciones a nuestro país resultan abusivas e incompatibles con la normativa de ese organismo internacional.

Este dictamen contrario a la Argentina es otra lamentable consecuencia de la irresponsabilidad de la administración nacional, que había recibido reiteradas advertencias por parte de instituciones, especialistas y gobiernos extranjeros acerca de los probables efectos de la violación de normas del comercio internacional.

Durante varios años el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó decisiones sin base legal con la anuencia de la presidenta de la Nación, que afectaron intereses de numerosos e importantes miembros del concierto mundial. A sabiendas, se desconocieron las facultades de la OMC y así fue como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón pidieron consultas, paso inicial para la solución de diferencias en el citado organismo internacional. Esa etapa, que permite llegar a acuerdos, inexplicablemente no fue tomada en cuenta seriamente por las autoridades argentinas. Se dejaron fluir los acontecimientos, que dieron lugar a la formación de un grupo de expertos, del cual nacería el informe desfavorable para nuestro país. Mientras esto ocurría, pidieron intervención en el caso, en condición de "terceros afectados", otros países, como Australia, Canadá, China, India, Suiza, Israel, Noruega y Ecuador.

Transcurrido al menos un año y cumplida la etapa del informe del grupo de expertos y de su correspondiente apelación, desfavorables para la Argentina, se pasó a una etapa de recomendaciones y resoluciones y, tras varias acciones, a la sentencia final, también contraria para nuestro país.

El fallo se basa en la inconsistencia legal del uso de las licencias no automáticas de importación y de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), mecanismos que abarcan casi todos los bienes y utilizados para cerrar nuestra economía y, presuntamente, cuidar las reservas en dólares del Banco Central. Ambos instrumentos han provocado severos daños; entre otros, han afectado el comercio tanto de importación como de exportación, al tiempo que a menudo han privado a las empresas argentinas de equipos y repuestos "just in time", indispensables para la producción. Del mismo modo, han perturbado negociaciones comerciales internacionales, tales como el proyecto de Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cargado ya de trabas y sinsabores durante 15 años, como para agregarle otros.

No se requiere en verdad mucha imaginación para enterarse de que tanto los gobiernos como los empresarios del mundo, a sabiendas de nuestra realidad, se muestran y se mostrarán por bastante tiempo más esquivos a tenernos como socios o aliados. El estilo de gestión de funcionarios como Moreno sólo agrega más pasivos a la foja del país.

Si bien el gobierno nacional apelará el fallo, la cuenta que deberá pagar la Argentina de resultar definitivamente perdedora en este proceso no será menor y podría formar parte de la pesadísima herencia que el kirchnerismo le dejará al próximo gobierno. Aun cuando no es norma de la OMC aplicar sanciones dinerarias, el costo de la sentencia pasará, como mínimo, por la pérdida de oportunidades comerciales futuras -en la Cámara de Importadores de la República Argentina, se estimó en hasta 5000 millones de dólares la afectación sobre nuestras exportaciones- y la consolidación de nuestro aislamiento, y, en un peor caso, por la aplicación de sanciones comerciales que puedan imponernos, con autorización del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, los países que resulten triunfantes en esta controversia.

En conclusión, la aplicación de normas incompatibles con el mundo al cual la Argentina pertenece como miembro del organismo rector del comercio internacional nos ha puesto, una vez más, en una situación de ilegalidad, hecho que nos convierte en incumplidores seriales y que no hará más que incrementar la enorme desconfianza de los mercados internacionales en nuestro país, además de afectar el clima de negocios en un escenario cada vez más competitivo, reduciendo las inversiones y la generación de empleos.

La Nación (AR) (Argentina)

 



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