Aunque dicho fenómeno tomó, en cierta medida, por sorpresa a las autoridades competentes, es necesario actualizar y profundizar políticas públicas que faciliten una mejor y más rápida integración de estos nuevos ciudadanos en la sociedad chilena, ya que de lo contrario podría generarse un problema en términos de relaciones humanas, laborales, salud pública, etc.

A comienzo del mes de agosto se celebraron las XXI Jornada Migratoria, organizada por el Instituto Chileno Católico de Migración (Incami), evento en el cual intervino el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien corroboró que la inmigración en Chile no sólo va al alza, sino que en el futuro seguirá aumentando. En cifras concretas, Aleuy especificó que la tasa de crecimiento de inmigrantes entre el 2006 y el 2014 es del 78,5%. En números generales señaló que de los 440.000 inmigrantes que viven en el país, el 70% son latinoamericanos (entre peruanos y argentinos superan el 50%). Detalló que las tasas de crecimiento más elevadas de los últimos años corresponden a los colombianos con un 245%, los peruanos 186% y los bolivianos 153%. Un dato no menor, es que un 20% de los inmigrantes tiene menos de 18 años. La capital, Santiago de Chile, acapara un 64% de extranjeros, seguida de Antofagasta y Tarapacá en torno a un 7% cada una.

Como vemos las cifras son contundentes y demandan una política de integración moderna, eficaz y permanente. Esto último en necesario, ya que como reconoce el mismo gobierno, el fenómeno de la inmigración seguirá creciendo y los núcleos familiares comienzan a estructurarse de manera más sólida. La actual ley de Extranjería e Inmigración fue escrita en 1975, bajo un contexto que favorecía una política más bien restrictiva. A modo de ejemplo, los hijos de extranjeros nacidos en suelo chileno, están impedidos de adoptar la nacionalidad (lo pueden hacer posteriormente), quedando al margen de una serie de servicios y oportunidades.

Políticas restrictiva de este tipo generan desde un comienzo más problemas que beneficios para el desarrollo productivo del país (Chile está envejeciendo de manera sostenible). Es necesario que a los inmigrantes se les faciliten los permisos de residencia y trabajo y a la vez éstos cumplan con los deberes que la legislación les exige. Es pertinente que los colectivos tengan acceso a los programas de vivienda, salud o educación, ya que si bien aumenta la demanda de estos servicios también obtenemos más capital humano para, justamente, formar y producir esos mismos servicios. Es decir, comprender la inmigración como una oportunidad de desarrollo más que como un problema.

Al Estado chileno de nada le sirve contar con una masa potencial de trabajadores extranjeros segregados, cesantes o niños con derechos limitados, ya que se transforman a largo plazo en una carga para el propio país y en fuente de permisible conflicto con el entorno (entiéndase barrios, convivencia en los espacios públicos, demanda en hospitales). Además, como hemos visto por la prensa, en algunos casos los inmigrantes en situación de vulnerabilidad son requeridos por empresarios inescrupulosos para desarrollar trabajos altamente precarios.

Otro problema (esto es común en los nuevos países receptores de extranjeros) es que la población chilena entienda la inmigración como un fenómeno negativo o de rechazo. Lo anterior, genera rápidamente tensiones improductivas entre los propios núcleos inmigrantes y las comunidades locales. La ciudad de Antofagasta vivió una de las primeras manifestaciones públicas de rechazo hacia la comunidad colombiana y aunque la protesta fue de escaso apoyo ciudadano, es necesario prevenir este tipo de actos para que no degenere en un sentimiento de resistencia. Otro tema relevante se refiere a la integración de los grupos inmigrantes en términos territoriales, es decir, prevenir que estos sectores hagan aumentar las tasas de inequidad y desigualdad. De no mediar políticas en este sentido, se podría potenciar la actual segregación espacial existente en Chile (Santiago y norte de Chile principalmente).

Por ello, se hace urgente diseñar políticas públicas (lugares de encuentro, escuelas integradas, actividades culturales y deportivas mixtas, redes de apoyos desde el gobierno regional, homologación de títulos profesionales, etc.) acorde al fenómeno y así transformarlo en una oportunidad de desarrollo y no en un problema.

Es de esperar que el renovado proyecto de Extranjería e Inmigración -que descansa en el Congreso chileno- sea aprobado a la brevedad, ya sea bajo una modalidad abierta o selectiva. Esto último será seguramente tema de debate, pero independiente de ello, es necesario fijar nuevas reglas, derechos y deberes (más aún cuando la economía del país sudamericano comienza a dar claros signos de desaceleración).

Chile aún está a tiempo de hacer frente a este fenómeno de manera constructiva (agregarle valor) y con ello convertirse en un referente en materia de inmigración en América Latina.