Fue una fría noche de noviembre de 2012 cuando Wang Gongyng, una sexagenaria que consagraba su vida a protestar ante las autoridades chinas por la esterilización forzosa de su hija, fue sacada de su cama junto a otros dos familiares y enviada a una casa de huéspedes que le sirvió de prisión en la provincia de Shandong. Fue golpeada y maltratada pese a su avanzada edad y sus problemas cardiacos. El objetivo de sus captores, miembros de la Comisión de Planificación Familiar, era que cesara sus denuncias. Tres días después, sus parientes rogaron a la policía que interviniese; éstos se negaron a inmiscuirse dado que estaba involucrado un organismo oficial.

El caso de Wang Gongyng ilustra la existencia las "cárceles negras", edificios civiles usados a modo de prisiones provisionales donde, según denuncia la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, por sus siglas en inglés) en un informe hecho público hoy, más de un millar de activistas, miembros del movimiento espiritual Falun Gong -perseguido en China- y denunciantes de todo tipo han sido recluidos en los últimos cinco años en todo el territorio chino. El CHRD asegura que el 80% de los reos son mujeres y afirma que los abusos, incluidos asaltos físicos, violencia sexual y privación de comida, agua y luz solar, son la norma habitual.

Según datos de la ONG, 240 de los más de 1.800 casos de detenciones o maltratos contra ciudadanos chinos entre enero de 2012 y septiembre de 2014 tuvieron como escenario estos centros: uno de cada siete casos. "El incremento del uso de cárceles negras, según las revelaciones de este infome, viene a rellenar el hueco que dejaron los abolidos campos de reeducación laboral a finales de 2013", puede leerse en las páginas de "Te golpearemos hasta la muerte con impunidad. Detenciones secretas y abusos contra mujeres en las cárceles negras de China".

'En aras de la estabilidad social'

La existencia de estas 'cárceles negras', 'hei jianyu', es negada por las autoridades de Pekín, si bien la presión social ya llevó en 2011 a anunciar una campaña para cerrar centros ilegales de detención que se saldó, según el informe del CHRD, sin resultados consistentes. "Desde entonces ha proseguido la detención ilegal de ciudadanos en aras del mantenimiento de la estabilidad social" con el objetivo, según el informe, de evitar que las denuncias de los ciudadanos contra funcionarios del régimen chino perjudiquen la imagen del Gobierno central.

La ONG remarca que casi todos los funcionarios que trabajan en 'cárceles negras' gozan, con escasas excepciones, de una impunidad total a la hora de ejercer los abusos y que el número de estos centros se ha multiplicado. "Por ejemplo, el número de clases de educación legal, una forma particular de prisión negra donde los detenidos son encerrados durante durante semanas y forzados a estudiar las regulaciones gubernamentales, ha aumentado. En la segunda mitad de 2013, 1044 ciudadanos chinos fueron aprehendidos e ingresados en estas clases, seis veces más de los registrados en la primera mitad de aquel año", reza el informe.

Es imposible conocer la magnitud del fenómeno de las cárceles negras si bien los datos disponibles permiten suponer que es masivo. Durante una investigación realizada por activistas y abogados chinos en diciembre de 2012, se redactó una lista con 89 instalaciones de este tipo solo en la localidad de Wuxi, en la provincia de Jiangsu: se trataba de instalaciones deportivas, hoteles, casas de huéspedes, almacenes, residencias abandonadas e incluso un colegio del Partido Comunista Chino.