Los jefes quieren ampliar la Ley Brady, que implementó la revisión del historial y los antecedentes penales de las personas cuando van a comprar un arma de fuego. La ley, promulgada el 30 de noviembre de 1993, se llama así en homenaje a James Brady, secretario de prensa del presidente Ronald Reagan. Brady, que falleció el pasado 4 de agosto, fue herido de bala el 30 de marzo de 1981 en un atentado contra Reagan. La ley que lleva su nombre, promulgada por el presidente Bill Clinton, prohíbe la posesión de armas de fuego por personas declaradas criminales, acusados en juicios penales, fugitivos, adictos a las drogas, indocumentados, militares dados de baja deshonrosamente y personas con trastornos mentales.

Las personas con un historial de violencia doméstica o los que han recibido órdenes de alejamiento tampoco pueden adquirir armas.

El problema es que mientras las empresas están obligadas a cumplir con la ley Brady, muchas personas compran armas a particulares o a través de la Internet.

Los jefes de policía, en su reunión en el Centro de Convenciones de Orlando, pidieron que se establezca un mayor control a las transacciones de compra y venta de armas por particulares y en la Internet.

“No existe un tema de mayor preocupación para los policías que la adquisición de armas de fuego por individuos peligrosos”, dijo John Mina, jefe del Departamento de Policía de Orlando.

En promedio, cada 58 minutos un agente de la ley muere durante el cumplimiento de su deber. En lo que va de año, 41 policías han muerto por heridas de bala, 64 por ciento más que en el 2013.

Pero además, la violencia con armas de fuego en el país no cede. El reciente caso de la matanza en una escuela secundaria del estado de Washington, perpetrada por un jovencito de 15 años, vuelve a enlutar a la nación con la tragedia de un crimen absurdo. También vuelve a agitar el debate entre los que defienden el derecho constitucional a la tenencia y los que piensan que al país le iría mejor si la población se desarmara, o por lo menos si se controlara más la venta de las armas.

Los jefes de policía aclararon que no tienen problemas con las armas de fuego cuando las tienen personas responsables. Sí tienen problemas “con las armas en las manos de los tipos malos”, expresó Mina.

Ampliar las leyes para evitar que las armas caigan precisamente en posesión de los “tipos malos” es un paso necesario. Y también es perentorio que los dueños de armas tengan más responsabilidad y no permitan que, por un descuido, la pistola o el fusil que tienen en el clóset caiga en manos de menores de edad o de criminales. Hay que aumentar el control y la responsabilidad para reducir el alto nivel de violencia con armas de fuego, para que las matanzas dejen de ser un horror frecuente en nuestra nación.