La modificación del Código Penal promulgada por el gobierno de Nestor Kirchner el 10 de enero, que parece consagrar un carpetazo para los graves casos de corrupción pública, fue aprobado en medio de la feria judicial de verano sin que se la difundiera en los medios de comunicación, según denunció el diario La Nación de este domingo.

Según los expertos, técnicamente, la ley parece correcta, al ponerle un límite temporal al juez en la tramitación de las causas penales, y al darle uniformidad a nivel nacional a las causales de prescripción.

Pero la Argentina no es Suiza, y una medida que parece modernizar la justicia solo servirá, en la opinión de los expertos, para consagrar la impunidad tercermundista.

Más aún, el carácter sigiloso del alumbramiento de esta ley (No. 25.990), de punto final para la lucha contra la corrupción de los años ‘90, no hace más que reflejar la magnitud de sus alcances.

“La gravedad institucional de esta ley es tremenda,” sentenció el camarista federal Gabriel Cavallo a La Nación.

“Entre los sumarios que ya estarían prescriptos,” precisó la nota firmada por el periodista Gabriel Sued, “se encuentran los del presunto ocultamiento por parte de Carlos Menem de una cuenta en Suiza, las posibles irregularidades en el manejo de regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz, el presunto pago de sobornos en los contratos IBM-Banco Nación e IBM-Anses y gran parte del expediente sobre las posibles anomalías en la obtención de créditos millonarios por el Grupo Yoma.”

“Están prontas a prescribir, entre otras,” nos informó Sued, “la causa por la que fue preso el ex interventor en el PAMI Victor Alderete; la que investiga el pago de coimas en el contrato IBM_DGI; la que indaga sobre la responsabilidad del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes en la doble contratación del publicista Dick Morris y la de los presuntos sobornos en el Senado, al menos en lo referente al ex senador Mario Cantarero y al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, los primeros en ser indagados.”

A todo esto porque en materia penal rige el principio de la retroactividad de la ley más benigna, o sea, cuando se dicta una nueva ley, si favorece al acusado, esta es la que se le aplicará. Más claro, agua.

ENTRE PINGÜINOS Y MEDIA NOCHE

La nueva medida legal parece haber tomado a la familia judicial argentina en su conjunto por sorpresa, dado que no hubo consulta previa con algunos de los más destacados camaristas ni fue esgrimido—antes de que fuera aprobada--en la prensa como globo de ensayo.

Sus fines, desde luego, fueron percatados por los magistrados con la primera noticia.

“La ley va a introducir un factor de perdón en causas donde hay interés del Estado en perseguir el delito,” contó el juez Rodolfo Canicoba Corral a La Nación. “Van a prescribir numerosas causas de delitos contra la administración pública.”

“Es sorprendente que hayan dictado esta ley,” agregó al diario Roberto Durrieu, el titular del Colegio de Abogados de la Capital Federal, “Está a favor de la mayor prescripción de las causas y de la impunidad. ¿Alguien puede decir que esto es conveniente cuando estamos luchando contra el delito?”

Vale notar que entre el momento que fue aprobado en el Congreso—el 16 de diciembre pasado—y el 10 de enero, cuando fue promulgado por Kirchner, corría el rumor de un pacto de convivencia entre el presidente actual y un Menem refugiado en Chile.

“Estoy cansado,” dijo el secretario general de la presidencia de Menem Alberto Kohan a La Nación, 10 días después de que la medida (que nunca llegó a ser polémica porque nunca fue debatida en el Congreso) fuera sancionada como ley. “Quiero una amnistía para los años noventa.”

Aunque en aquel momento la especie de un pacto entre Kirchner y Menem parecía para muchos descabellada, la autoamnistía encubierta representado por este esperpento legal ahora da pie para parafrasear el famoso dicho de Juan Domingo Perón: “Para un gobierno peronista, no hay nada mejor que otro gobierno peronista.”

APACIGUADOS/12

Mientras que La Nación estaba dando a sus lectores un cabal informe sobre la mala noticia de dicha ley, los ahora apaciguados leones herbívoros de la investigación periodística de Página/12 el mismo día estaban informando a los suyos de la estruendosa “primicia” de que Mauricio Macri “se quita el stress político” del debate sobre la responsabilidad de la tragedia del Cromañón dándose el lujo de pasar algunos días en un centro de esquí en los Estados Unidos.

En el diario sediado por la publicidad oficial, de la Ley No. 25.990 nada se escuchaba del bien informado vocero oficioso Horacio Verbitsky. Fue este quien se hizo fama en la década ’90 embistiendo contra la corrupción menemista y, aún más tempranamente, contra las “claudicaciones éticas” del alfonsinismo por sus leyes de obediencia debida y punto final para la corporación militar.

Pero los hombres cambian, como los tiempos.

Hace falta ahora que Kirchner trate de impulsar su propia ley de punto final--ésta para la corrupción--asegurándonos de que “la casa (judicial) está en orden.”

Y claro, deseándonos unas “Felices Pascuas.”

Martin Edwin Andersen, autor de los libros Dossier Secreto (Sudamericana 2000) y La Policia (Sudamericana 2002), fue el que tuvo la primicia periodística, en 1987, de que el Secretario de Estado Henry Kissinger en 1976 había dado la “luz verde” para la guerra sucia argentina.