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22/11/2014 | Argentina - Opinión: Las represas santacruceñas: pésima herencia ambiental

Editorial

Las construcción de un complejo hidroeléctrico en la Patagonia, sin los debidos estudios y consultas previas, afectará el futuro de todos los argentinos.

 

Si hay algo que aún no hemos aprendido en la Argentina es que la ausencia de planificación estratégica y el precario sistema de evaluación de impacto ambiental vigente no hacen sino dejar sólo en manos de quienes nos gobiernan decisiones que afectarán a las sucesivas generaciones de nuestro país.

Una adecuada planificación estratégica brinda el contexto para el desarrollo de un territorio (sea éste una provincia, un municipio o una región), estableciéndose, entre todos los sectores de una sociedad, en qué lugar se quiere qué cosa. Al mismo tiempo, limita la posibilidad de que se adopten decisiones fundadas en urgencias coyunturales que pudieran producir impactos irreversibles o contrarios al carácter de un sitio o a los valores locales. Se trata de pensar en lo que no pasa todavía, pero que podría suceder. Contar con un marco de referencia adecuado que establezca hacia dónde se pretende crecer facilita evaluar el impacto ambiental de un proyecto de desarrollo y dificulta la aprobación de propuestas oportunistas, que desentonan con la planificación racionalmente preestablecida. La ausencia de esta última da lugar a la discrecionalidad y a una espontaneidad salvaje. Y los proyectos que se aprueban dejan de ser proyectos de un país para convertirse en instrumentos del gobierno de turno.

Eso es lo que ocurre con las represas que se pretenden construir sobre el río Santa Cruz, en esa misma provincia. Es que no se ha hecho un procedimiento de impacto ambiental para analizar, en primer lugar, si esas represas resultan necesarias y si hay otras alternativas energéticas y, luego, si su eventual construcción podría, entre otros impactos, afectar el desenvolvimiento natural de tres glaciares patagónicos, entre ellos el Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; el Spegazzini y el Upsala. Lo insólito es que se haya decidido construir estas represas, que además inundarán 47.000 hectáreas -en gran parte de propiedad del pseudoempresario Lázaro Báez- sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental ni una consulta ciudadana, violando entre otros los principios de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de sustentabilidad y demás aspectos imprescindibles de nuestras normas constitucionales y de presupuestos mínimos que, al parecer, se han transformado en anecdóticas: el ministro de Planificación, Julio De Vido, asegura que "en términos medioambientales las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic no alterarán el funcionamiento del sistema de glaciares". No sabemos cómo lo sabe.

Evaluar el impacto ambiental tiene varios propósitos, pero es, ante todo, una ayuda para la toma de decisiones mediante una evaluación sistemática, integral y multidisciplinaria de los impactos potenciales de proyectos específicos sobre el ambiente. Se trata de un proceso que se orienta a resguardar que determinados emprendimientos resulten sustentables desde el punto de vista ambiental y social, a través de la participación activa de la sociedad que debe permitir examinar las alternativas, incluyendo la opción de desistir de su implementación y las formas de prevenir, mitigar y controlar los potenciales impactos ambientales y sociales.

Sin embargo, su propósito se desvanece si su aplicación es tardía, cuando las decisiones importantes del proyecto (como por ejemplo su ubicación, diseño y construcción) ya se han tomado. Si además la autoridad ambiental, a cargo de la supervisión de las evaluaciones, se encuentra en una posición política inferior a la institución gubernamental que promueve un proyecto, difícilmente el proceso cumpla con su carácter preventivo sino que se transforma en una herramienta que, formalmente, contribuye a convalidar una propuesta que carece de legitimidad. Es el caso de nuestro país, donde la autoridad ambiental ha estado ausente en los principales conflictos ambientales y su rol ha sido el de una dependencia de pocas luces, obsecuente con el Poder Ejecutivo.

La política ambiental de nuestro gobierno ha dejado mucho que desear: vetó una ley de glaciares aprobada por unanimidad en el Congreso, que establecía la protección de los glaciares. Aprobada por segunda vez, nunca se reglamentó ni se hizo el necesario inventario de glaciares. Derivó los fondos de la ley de bosques al programa Fútbol para Todos; defendió la megaminería en contra de la voluntad de la comunidad local; fortaleció la generación de energía sucia a través del uso del carbón en río Turbio; ahora facilita la instalación de una planta procesadora de uranio en Formosa, similar a la ubicada en el Barrio Alta Córdoba, donde ya se han generado 57.000 toneladas de colas de mineral de uranio que no encuentran destino.

Afortunadamente, hay una conciencia creciente en las comunidades sobre los valores ambientales y su relación con un desarrollo sustentable. Tal vez sea el reconocimiento de la propia vulnerabilidad. La experiencia en el mundo demuestra que la probabilidad de conflictos es particularmente alta cuando las prácticas de evaluación ambiental son débiles y se presentan proyectos con potenciales impactos ambientales y sociales significativos.

El ministro De Vido defendió el proyecto, que tendrá un costo de US$ 4700 millones, y compara su impacto con el de la tala de árboles o del ruido o del Metrobus. Sin embargo, construir un complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, que tendría profundos impactos transgeneracionales, sin llevar a cabo un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental, con participación ciudadana y con consulta a expertos independientes, no puede realizarse a costa de poner en riesgo el futuro de uno de nuestros recursos mas frágiles.

No se trata de la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una decisión que no puede ser discrecional, sino fundada en un análisis exhaustivo que concierne, por lo menos, a toda la Argentina y a su futuro. En síntesis, se trata de que el derecho al ambiente sano, que reconoce nuestra Constitución, prevalezca siempre ante el poder.

La Nación (AR) (Argentina)

 



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