MADRID.- España vive días de vértigo por los numerosos casos de corrupción que prueban la oscura conexión entre su clase política y empresas trasnacionales. La prensa dedica sus principales espacios a cada nuevo caso y a las secuelas de las tramas que enlazan a dirigentes de los partidos tradicionales y a empresarios que, a base de financiamiento ilegal, obtuvieron jugosos contratos.

Los casos Gürtel, Bárcenas, Pujol, Baltar, Brugal, CAM, Campeón, Divar, los ERE de Andalucía, Palau, Pokemon, Palma Arena, Nóos, Púnica y Bankia, entre otros, implican a cientos de políticos.

En 2013 la Fiscalía Anticorrupción inició 300 procedimientos por corrupción en todo el país; de ellos, 142 se desahogan en la Audiencia Nacional (AN). De los mil 900 imputados, 142 ya fueron condenados. La estimación de lo defraudado sobrepasa los 30 mil millones de euros.

Las cifras son de escándalo: 140 implicados en el caso Gürtel, 114 en Pokemon, 217 en el fraude de los ERE de Andalucía, 50 en el caso Bankia, 50 en el caso Púnica –que implica al Partido Popular (PP)– y 20 en el caso Bárcenas, entre otros.

Pero los enfoques periodísticos ya no sólo se centran en los políticos implicados, sino en la otra parte, la de Los Corruptores.

Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), ha dicho que “esta profunda corrupción del entramado político-empresarial español es parte de la raíz del sistema” y es un rasgo que se encuentra también “en la expansión de los grandes consorcios empresariales, en la expansión internacional del capitalismo español”.

El estudioso aborda estos aspectos en su libro de reciente aparición Marca España ¿A quién beneficia? (Icaria, 2014), y en entrevista con Proceso abunda: “Este es el lado oscuro de esa política de Estado denominada Marca España, la doctrina económica dominante que busca posicionar la buena imagen del país a través de la internacionalización de las multinacionales españolas con el argumento de que la repatriación de beneficios redunda en el bien común y ayuda a salir de la crisis”.

“Puertas giratorias”

En la raíz de las prácticas corruptas están el proceso iniciado en la transición española con la privatización de las empresas públicas que dio pie a las “puertas giratorias”: “la estrecha relación entre políticos y empresarios que van intercambiando sus posiciones del sector público al privado, condicionando las decisiones políticas al poder económico de las grandes corporaciones”, explica.

Los casos más destacados en este conflicto de intereses son los expresidentes Felipe González y José María Aznar. El primero es consejero de Gas Natural, y el segundo, asesor de Endesa, consorcios que ellos privatizaron.

Tras abandonar el poder, Aznar se convirtió en “conseguidor” de las empresas españolas. Eldiario.es publicó a finales de octubre que el expresidente intercedió por Abengoa, la cual quería contratos con el gobierno de Muamar Gadafi, meses antes de la guerra civil y de la caída del líder libio. El 8 de septiembre de 2010 Aznar firmó un contrato de intermediación con Befesa, filial del grupo sevillano dedicado a obras ambientales, por el cual cobraría 1% de las millonarias inversiones que se vieron frustradas.

Befesa es la misma filial de Abengoa que en 2009 demandó a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a la Inversión (Ciadi) del Banco Mundial, ante la negativa del municipio hidalguense de Zimapán de concederle licencia para operar un depósito de residuos peligrosos a dos kilómetros de una reserva natural y a 500 metros de una comunidad indígena.

Las empresas españolas abrieron sus puertas giratorias también en México: El caso más emblemático es el del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ahora presidente de Telefónica-México y próximo a ingresar a Inditex-México, consorcio de Amancio Ortega, el hombre más rico de España. Iberdrola fichó a Georgina Kessel, secretaria de Energía con Felipe Calderón.

Un caso significativo es el de la Constructora OHL, que preside Juan Miguel Villar Mir, ministro durante el franquismo, y cuyo consejero delegado es Josep Piqué, exministro de Aznar considerado “hombre del sistema”. La filial mexicana de OHL es presidida por José Andrés de Otey-za, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial del gobierno de José López Portillo, y la dirige Sergio Hidalgo, exfuncionario del ISSSTE y del SAE.

Emilio Lozoya, hoy director general de Pemex, y el director de Finanzas de la paraestatal, Mario Bouregard, estuvieron en las filas de OHL antes de ocupar esos puestos públicos en el actual gobierno.

A Iberdrola no se le investiga por corrupción, pero destaca el hecho de que tuvo contratado en su filial mexicana a Jesús Ramírez Stabros desde 2009 hasta mediados de este año. Este personaje era al mismo tiempo coordinador de Vinculación de la Oficina de la Presidencia, al mando de Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, como documentó Manuel de Santiago, corresponsal en España de NoticiasMVS.

La renuncia de Ramírez Stabros a Iberdrola tuvo lugar tres días antes del inicio de la visita de Peña Nieto a España.

Un hecho más que pone en tela de juicio el código de ética de este gigante de la energía es que mantiene en su Consejo de Administración en España a Ángel Acebes, exministro de Aznar, a quien Pablo Ruz, juez de la AN, imputó por su presunta participación en la compra-venta –con dinero del PP– de las acciones de Libertad Digital, uno de los medios más afines al aznarismo.

El botín

Ramiro advierte que “México se convirtió en un apetitoso botín para el gran capital español por las reformas estructurales y el Plan Nacional de Infraestructuras impulsados por el gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Recuerda la “enorme confluencia de intereses económicos” que generó la visita de Estado de Peña Nieto en junio pasado. Uno de los foros donde expuso su oferta de inversiones, recuerda, fue el organizado por el diario El País, acto patrocinado por el banco BBVA, Iberdrola, Ferrovial, Indra y Acciona, algunas de las sociedades hoy sujetas a investigación en España.

Sin embargo alerta que, junto con la llegada de capitales a México y otros países de América Latina, hay potenciales riesgos de que se “pongan en marcha las malas prácticas que utiliza el capitalismo español en su expansión”.

A esta advertencia abona el hecho de que España y México no son ejemplo de combate a la corrupción.

En 2013 México ocupó el puesto 105 de un total de 177 países monitoreados por Transparencia Internacional. España descendió 10 posiciones, del número 30 cayó al 40 en un año.

Este corresponsal entrevistó a un ejecutivo que, a condición de preservar su anonimato, aseguró que estas prácticas corruptas se están llevando a cabo en México. “Una empresa española de energía interesada en un proyecto de su ramo contrató a un operador que realizará las gestiones y el pago de sobornos con dinero que se encuentra en paraísos fiscales. Ese dinero se transferirá a personajes mexicanos específicos mediante una operación de ingeniería financiera, quienes ayudan a concretar los contratos por medio de licitaciones dirigidas. Negocio resuelto”.

Una licitación que ya provocó suspicacias fue la relacionada con la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro, que obligó al gobierno a cancelarla ante las críticas de que parecía una adjudicación directa. El proyecto había sido asignado a la empresa China Railway Construction Limited, en sociedad con la empresa GIA+A de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Constructora Teva, de Juan Armando Hinojosa, empresario consentido del peñismo, y Prodemex, de Olegario Vázquez Raña.

Conexión mexicana

Ramiro advierte que algunos casos de corrupción en España tienen que ver con el presunto financiamiento a los partidos políticos, aunque se han quedado en “la punta del iceberg” con acusaciones de enriquecimiento contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas, o contra Félix Millet, presidente de la Fundación del Palau de la Música de Cataluña.

Según las resoluciones judiciales, en el caso Palau el pago de “comisiones” venía de la empresa Ferrovial, mientras que en el caso Bárcenas se señala a OHL, Sacyr, FCC y el Grupo Azvi (Proceso 1893).

El caso de OHL es significativo pues, pese a sus dificultades judiciales en España, México parece darle un trato especial: En los primeros 18 meses de este gobierno tenía siete contratos por 41 mil 594 millones de pesos, no obstante que sus ofertas no eran las más económicas.

Destacan el tren interurbano México-Toluca y la autopista Atizapán-Atlacomulco, además de que  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intercedió para que el gobierno de Puebla le otorgara un contrato para edificar y administrar el segundo piso de la Autopista México-Puebla, en compensación por otra concesión que le fue revocada en 2012. Pemex Refinación le otorgó tres contratos mediante licitación para construir una planta de hidrógeno, otra de cogeneración y una estación de rebombeo.

En el caso de la constructora Sacyr –que tuvo una frustrada sociedad con Pemex en Repsol–, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le adjudicó la construcción de dos líneas de transmisión eléctrica de 3.7 kilómetros y tres subestaciones de 110 megavatios en Monterrey, por 12 millones de euros.

El consorcio integrado por las constructoras hispana FCC y la mexicana ICA concluyó el corredor carretero Necaxa-Tihuatlán, que une a la capital mexicana con el Golfo, obra inaugurada en septiembre por Peña Nieto.

En abril pasado el gobierno mexicano otorgó al consorcio Telepeaje Dinámico la licitación para suministrar el nuevo sistema digital de peaje en las carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales con el sistema IAVE. El consorcio lo encabeza el empresario consentido de Peña Nieto, Roberto Alcántara –socio del Grupo Prisa, editor de El País– mediante su sociedad Impulsora de Servicios Terrestres, y participan Cointer Concesiones y AZVI Cointer, filiales mexicanas del Grupo AZVI.

Manuel Contreras Caro, presidente de AZVI, aparece en los Papeles de Bárcenas como donante de casi 900 mil euros al PP, lo cual lo llevó a declarar como imputado ante Ruz en mayo de 2013. El empresario negó haber realizado pagos al Partido Popular, aunque reconoció que su empresa realizó foros y actos a los que acudían líderes políticos.

Entre 2001 y 2002 esta empresa obtuvo 21 contratos por 343 millones de euros que correspondían a gobiernos del PP, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que forma parte de la causa.

En octubre pasado Ruz, quien también instruye el caso Pujol, envió comisiones rogatorias a México para pedir información que consolide su investigación contra Jordi Pujol Ferrusola. El hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley, hizo importantes inversiones en territorio mexicano para blanquear los sobornos que obtenía de las empresas que a cambio recibían contratos en esa comunidad autónoma (Proceso 1913 y 1979).

Ruz centró su investigación contra Pujol en una comisión encubierta de 10 millones de dólares que recibió de Isolux Corsán, contratista de la Generalitat, al venderle el 21.5% que poseía del proyecto turístico Azul de Cortez, en Baja California Sur.

Pujol adquirió en 2006 –por medio de Iniciatives, Marketing i Inversions, sociedad investigada por la AN por blanqueo de capitales y delito fiscal– ese porcentaje del proyecto por 3 millones de dólares. Y dos años después lo vendió a Isolux Corsán en 13 millones de euros.

La hispana Isolux Corsán obtuvo este año un contrato para la construcción e instalación de 26 kilómetros de líneas de transmisión y 10 subestaciones en el Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo, por 90 millones de dólares, informó en un comunicado. Esta es la adjudicación más grande de la CFE en transmisión y distribución de líneas de alta tensión en los últimos años.

Otro caso que los investigadores vincularon con México es el Nóos, debido a que Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina de Borbón, aprovechando su acceso a la agenda de la Casa Real,- trató de influir para que un empresario español hiciera negocios durante la visita de Estado de Felipe Calderón en 2008 (Proceso- 1906).