Las autoridades investigan denuncias de que las empresas formaron un cartel para inflar los precios de contratos con la estatal Petróleo Brasileiro SA y pagaron sobornos a ejecutivos de la petrolera y políticos brasileños.

Los blancos de los fiscales incluyen a constructoras multinacionales brasileñas como Odebrecht, Queiroz Galvão y OAS SA, que son socias en contratos multimillonarios para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

En la última semana, ejecutivos de las tres compañías han sido arrestados y la Policía Federal hizo allanamientos en sus sedes, o ambas cosas. Ninguno de estos ejecutivos ha sido imputado de cargos formales.

Odebrecht y Queiroz Galvão dicen que no infringieron ninguna ley en conexión con Petrobras o los Juegos Olímpicos. OAS no respondió a pedidos de comentarios ni ha realizado declaraciones en público sobre el asunto.

Si bien la investigación de la Policía Federal se ha enfocado en Petrobras, los investigadores creen que la práctica de pagar sobornos para obtener grandes proyectos de construcción del gobierno es muy común en Brasil.

“Me parece que este ardid fue repetido no sólo en otros departamentos dentro de Petrobras sino que también se repite siempre que hay proyectos públicos”, dijo en una entrevista el fiscal federal Carlos Fernando dos Santos Lima, quien trabaja en el caso. “Es mucho más grande que sólo Petrobras”.

Con un costo que se acerca a US$15.000 millones, los Juegos de Rio fueron el tema principal durante las protestas del año pasado, en las que millones de brasileños salieron a las calles a expresar su enojo con los que se percibe como gastos excesivos en eventos deportivos, la corrupción y la mala calidad de los servicios públicos.

El gobernador del estado de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, dice que los proyectos para los Juegos Olímpicos están avanzando según lo planeado, pero hace poco expresó preocupación sobre lo que sucedería si las empresas que llevan a cabo las obras son implicadas en el caso de Petrobras. “Todo Brasil se verá afectado por la posible paralización”, sostuvo.

Petrobras está cooperando con las autoridades y realiza su propia investigación interna. La compañía se considera una víctima de los presuntos delitos.

Un vocero de Rio 2016, el comité organizador de los Juegos, no quiso comentar sobre el tema debido a que la organización no está a cargo de los contratos de construcción, que son otorgados por gobiernos municipales, estatales y el federal.

Los fiscales afirman que 16 compañías coludieron para elevar el costo de los contratos de Petrobras. Muchos han sido nombrados por las personas arrestadas en la investigación, entre ellos el ex ejecutivo de Petrobras Paulo Roberto Costa, quien le dijo al juez que recibió sobornos de las empresas, según documentos judiciales divulgados recientemente.

Costa testificó como parte de un acuerdo con la fiscalía y ha acordado devolver alrededor de US$27 millones en ganancias ilícitas a las arcas públicas, dijo el fiscal Santos Lima. Costa, quien fue acusado formalmente de lavado de dinero y corrupción, está bajo arresto domiciliario y no estuvo disponible para hacer comentarios.

Al menos un ejecutivo de una empresa de construcción ha admitido haber pagado sobornos a funcionarios de Petrobras, en este caso US$1,8 millones, dijo su abogado en una entrevista. La compañía no tiene contratos para los Juegos Olímpicos. No obstante, otras empresas bajo investigación sí ganaron licitaciones.

Odebrecht, un gigante de la infraestructura, está ayudando a construir la Villa Olímpica, el extenso Parque Olímpico, una línea de autobuses expresos que conectará los dos principales complejos deportivos, y una nueva línea de metro en Rio. La policía hizo una redada en sus oficinas este mes por las acusaciones sobre Petrobras. En un e-mail, Odebrecht sostuvo que nunca ha participado en ningún cartel o ha pagado sobornos a un representante de Petrobras. La empresa afirmó que todos sus contratos, incluidos los relacionados a los Juegos Olímpicos, cumplen las leyes por completo.

Queiroz Galvão, cuyo ex presidente fue arrestado la semana pasada junto con otro ejecutivo, también trabaja en la nueva línea de trenes subterráneos y está construyendo parte del Complejo Deportivo de Deodoro, donde tendrán lugar algunos eventos, en sociedad con OAS. Queiroz Galvão dijo que todas sus “actividades y contratos se adhieren rigurosamente a la legislación vigente”. Cinco empleados de OAS, incluido su presidente, fueron arrestados. La firma no ha hecho declaraciones públicas.

OAS y Queiroz Galvão también comparten un contrato para limpiar los lagos contaminados cerca del centro olímpico de Rio. El gobierno del estado revocó el contrato después de que una revista informó el año pasado que las empresas cooperaron para inflar el costo del proyecto. Documentos del gobierno muestran que el contrato fue restituido este año ante las preocupaciones de los funcionarios de que el proyecto no sería finalizado a tiempo para los Juegos. Las empresas negaron las acusaciones.

“He dicho desde hace años que la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos juntos podrían convertirse en el mayor escándalo financiero en la historia de Brasil si no son monitoreados de forma adecuada”, dice Alberto Murray Neto, un abogado y ex miembro del Comité Olímpico Brasileño. “Creo que estas compañías deberían ser escudriñadas aún más de cerca”.

Las constructoras brasileñas, que son importantes donantes de las campañas políticas, son criticadas con frecuencia por tener relaciones estrechas con el gobierno.