La Justicia investiga quiénes son los dirigentes que habrían recibido coimas. La trama que vincula a las empresas sospechadas con el gobierno.
El
megaescándalo de corrupción que involucra a Petrobras y a grandes constructoras
en Brasil entrará en los próximos días en la fase que más desvela a la clase
política y amenaza a encumbrados dirigentes de varios partidos, que
supuestamente cobraban coimas para facilitar la adjudicación de faraónicas
obras públicas. La Justicia brasileña investiga si Petrobras giraba dinero,
aportado por constructoras, a partidos políticos, lobbystas y cambistas. De esa
forma, las empresas investigadas se habrían garantizado jugosos contratos,
presuntamente sobrefacturados, con la petrolera estatal.
Los dos
testigos que apuntaron contra el establishment político fueron Paulo Roberto
Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, y el cambista Alberto
Youssef, dueño de una financiera presuntamente utilizada para distribuir los
sobornos. Costa habría admitido en su declaración que cerca del 60% del “dinero
sucio” recibido en su gerencia era girado al PT y al Partido Progresista (PP),
mientras que 20% era usado para el pago de costos de operación y el restante
20% se lo distribuían él y Youssef. Aunque aún el juez penal Sergio Moro y el
Ministerio Público no divulgaron todos los nombres investigados, la prensa
brasileña apuntó contra Joao Vaccari, tesorero del oficialismo; Fernando
Soares, “operador” del PMDB, y el fallecido ex diputado José Jatene, del PP. El
funcionario, que reveló secretos para que le redujeran su pena, confesó que en
otras direcciones de Petrobras también funcionaban redes similares que cobraban
comisiones del 3% sobre todos los contratos, giradas también al Partido del
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
De
hecho, uno de los lobbystas detenidos recientemente, Fernando Baiano, fue
sindicado como el recaudador del PMDB, el aliado más importante del PT. Su
abogado, Mario Oliveira Filho, rechazó la participación de su defendido en la
trama ilegal, pero admitió que “en Brasil no se hace obra pública sin acordar y
que aquellos que lo niegan ignoran la historia del país”.
Otro
aspecto de la trama política del Petrolão es la vinculación entre las
contratistas investigadas –Camargo Corrêa, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa,
OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão, Mendes Junior y UTC– y el gobierno. Según el
Tribunal Superior Electoral de Brasil, el oficialismo y sus aliados embolsaron
48 millones de dólares de donaciones de las constructoras cuestionadas –62% del
total recaudado– en las últimas elecciones. Si bien el financiamiento fue
legal, la Policía Federal y el Ministerio Público investigan si formaron parte
de pactos para obtener futuras licitaciones.
En la
reciente Copa de Fútbol, Odebrecht fue elegida para remodelar el Maracaná,
alzándose con un jugoso contrato de 391 millones de dólares. Además, la
constructora ganó la concesión por 35 años del estadio –junto a Eike Batista y
la empresa norteamericna AEG–. OAS, por su parte, edificó el Corinthians Arena,
escenario de la inauguración de la cita deportiva. Consultado por PERFIL,
Flavio Faria, director superintendente de Odebrecht en Argentina, rechazó
hablar sobre el Lava Jato. “La filial argentina no va a hacer declaraciones
sobre la investigación en Brasil”, dijo el presidente del Grupo Brasil.
Tras
ocho meses de investigación, 23 personas fueron arrestadas y 277 millones de
dólares fueron bloqueados. Ahora, el escándalo amenaza con demoler gran parte
de la elite política brasileña.
Cristóbal,
‘sospechoso’
La
compra de una refinería y estaciones de servicio de Petrobras por parte de
Cristóbal López es un “negocio sospechoso, como todos los que hizo Petrobras en
los últimos años”, asegura Rubens Bueno, diputado federal brasileño, líder del
Partido Popular Socialista (PPS) en la Cámara de Diputados del país vecino.
PERFIL reveló ayer que Bueno presentó el 28 de mayo dos “requerimentos” de
investigación de esa operación ante la comisión que investiga y develó el
Petrolão. Si bien la Policía Federal brasileña ya venía investigando desde
abril la transacción por sospechas sobre el precio pagado, este diario mostró
por primera vez los pedidos del legislador de que López viaje a Brasil a
explicar la compra, y los documentos confidenciales de la compañía que exhiben
que pese a que la auditora Ernst & Young valuó los activos en US$ 351
millones, luego consideró rentable para Petrobras venderlos en una novena
parte. Desde Grupo Indalo, voceros señalaron: “No nos molesta que se
investigue, pero queremos que se investiguen todas las transacciones de
Petrobras en la Argentina”.