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25/11/2014 | Brasil - Dilma, estás dañando a Brasil

América Economía Staff

Dilma Rousseff puede haber sido reelegida presidenta de Brasil, pero eso no garantiza que vaya a ser capaz de gobernar. Todavía no asume su segundo mandato y, además de una profunda crisis económica que ella no parece dispuesta a resolver, enfrenta ahora el peor escándalo de corrupción en la historia brasileña. No es casualidad que, hasta ahora, Dilma no haya podido nombrar a su nuevo gabinete.

 

La economía brasileña, de verdad emergente en la primera década del siglo, bajó a paso de tortuga a poco de asumir Dilma su primer período presidencial en enero de 2011. Este año, se ha detenido por completo. El país está técnicamente en recesión -dos trimestres consecutivos de contracción económica- y los más recientes pronósticos de crecimiento para 2014 se acercan tristemente a cero. Los cuatro primeros años de Dilma Rousseff han convertido la palabra emergente en un chiste de mal gusto en Brasil.

Cifras oficiales divulgadas el último mes muestran un creciente déficit presupuestario y una caída en la producción industrial. Las estadísticas de empleo, que hasta hace poco eran la única cifra feliz que el gobierno podía mostrar, amenazan con dejar de ser alegres.

Con testarudos déficits fiscales y presupuestarios, incumplidas metas de inflación y deuda en alza, Brasil incluso podría perder la codiciada clasificación de riesgo de investment grade que facilita el financiamiento externo y atrae la inversión. El país obtuvo clasificación de investment grade en 2008, durante el gobierno del antecesor y “padrino” de Dilma, Luiz Inacio “Lula” da Silva, quien la nombró su delfina y volvió a apoyarla en la contienda presidencial de este año.

Quizá no debiera haberlo hecho. Lula gobernó con discurso socialista y accionar pragmático, sin poner proa a los empresarios y atacando la pobreza dando subsidios directos a los pobres en vez de intervenir los mercados. Pero la desconfianza que muestra Rousseff hacia la empresa privada, el sistema financiero y la independencia del Banco Central, amenazan con devolver a la pobreza a las decenas de millones de brasileños que ascendieron a la clase media durante los años de Lula.

Es verdad que Dilma mantendrá el masivo sistema de subsidios a los pobres conocido como Bolsa Familia, que fue lo que sacó de la pobreza a tantos millones de brasileños, pero las crecientes señales de desempleo y la obstinada y regresiva inflación se están comiendo los reales adicionales que reciben mes a mes las familias pobres. Hay que recordar que las violentas protestas callejeras que azotaron a las ciudades de Brasil, a mediados de 2013, se iniciaron con un alza en las tarifas del transporte público.

Y por si las penurias económicas fueran poco, Dilma enfrenta ahora el escándalo de corrupción de Petrobras, la gigante petrolera estatal que, con trágica ironía, le demuestra a la mandataria que la desconfianza que ha mostrado hacia la empresa privada estaba, por decir lo menos, mal direccionada. Dilma es entusiasta adalid del capitalismo de Estado, cuyo mejor ejemplo en Brasil era Petrobras, que no solo pertenece al Estado, sino que es además la empresa más grande de Brasil.

Mira de nuevo, Dilma. Ese símbolo del capitalismo de Estado es en realidad un estandarte de la corrupción de Estado. En términos de dinero involucrado, el lío de Petrobras es el más grande de la historia del país: unos US$8.000 millones en platas malversadas con un sistema que inflaba el costo de los contratos de la empresa con distintos proveedores de bienes y servicios. Esos fondos eran desviados luego a campañas y partidos políticos, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), en el cual militan Dilma y Lula. El sistema ha estado en funcionamiento durante años y es probable que ya estuviera en marcha cuando la propia Dilma fue presidenta del directorio de Petrobras, en su calidad de ministra de Minas y Energía, entre 2003 y 2010.

La investigación de corrupción en la petrolera estatal comenzó en marzo, pero recién en las últimas semanas ha estallado con toda su fuerza, alcanzando a directivos de la petrolera, dirigentes políticos y también a grandes empresas contratistas como Camargo Correa, Odebrecht y OAS. La policía que investiga las acusaciones de corrupción arrestó hace unos días a 18 personas, incluyendo un ex director de Petrobras y ejecutivos de varias empresas contratistas de ingeniería y construcción. Uno de los acusados admitió que las empresas constructoras formaron un cartel para rotarse contratos con la petrolera estatal, pagando un sobreprecio de hasta 3% a cambio de adjudicarse las obras y destinar esa “comisión” a políticos e intermediarios. Ha trascendido que unos 70 dirigentes políticos habrían sido implicados, entre ellos senadores, diputados y gobernadores.

Y como Petrobras tiene valores que se transan en Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE.UU. ha abierto una investigación civil y el Departamento de Justicia una investigación criminal para decidir si la empresa infringió las leyes estadounidenses contra la corrupción internacional.

Dilma ha negado haber tenido conocimiento de lo que pasaba en Petrobras y es casi seguro que diga la verdad. Pero el affaire Petrobras, que sigue creciendo, le está dificultando gobernar el país. No puede arriesgarse a nombrar un nuevo ministro, por ejemplo, que en unas semanas o meses más termine implicado en el escándalo.

La presidenta ha comenzado a sentir corcoveos incluso de su propio gabinete saliente. El ministro Gilberto Carvalho, secretario general de la Presidencia, dijo públicamente que el gobierno de Dilma hizo muy poco para atraer a los líderes empresariales del país, lo cual ha debilitado la economía y su gobierno, mientras la carta de renuncia de otro funcionario de gobierno le pedía que eligiera un equipo económico “comprometido con una agenda nueva de estabilidad y crecimiento económico”.

Una agenda de crecimiento económico precisa de reformas estructurales vastas y profundas, partiendo por un gigantesco ajuste fiscal, el desmantelamiento de una compleja red de múltiples subsidios y privilegios para ex funcionarios públicos y sectores industriales; una política monetaria definida por un Banco Central independiente y paulatina apertura comercial. O sea, lo que proponía en las elecciones presidenciales Aécio Neves, el contendor de Dilma.

AméricaEconomía le recomendaría a la presidenta que hiciera precisamente lo anterior en su segundo gobierno, pero sería predicar en el desierto. Dilma es economista de profesión y desde el comienzo tomó la política económica en sus manos, privilegiando el intervencionismo y la planificación centralizada. Ha hablado de ajuste fiscal, pero el ajuste que necesita el país para crecer traería desempleo en el corto plazo y ella no parece dispuesta a jugársela.

Lamentablemente, lo que se puede esperar de Dilma es más de lo mismo. Una pena para Brasil y también para ella. Así como Lula es recordado como el presidente que sacó de la pobreza a 30 millones de brasileños, su heredera puede terminar siendo recordada como la presidenta que los llevó de regreso a la pobreza.

América Economía (Chile)

 



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