Esto se debe a que si a alguien se le ocurre oponerse al proyecto, entonces, inmediatamente sea visto como el "insensible social" a las necesidades de la gente beneficiada en el documento legislativo, como de hecho ocurre en este caso hacia los agricultores que se dedican a la plantación de caña de azúcar de la que se extrae posteriormente el alcohol.

El proyecto en cuestión contiene intrínsecas y extremas debilidades para su aprobación legislativa. Para empezar, concede a la empresa estatal Petropar el control absoluto en la compra y comercialización de la nafta común. El artículo 4 del proyecto delata su naturaleza monopolista cuando dice que “la importación y comercialización de la nafta o gasolina inferior a 91 octanos sólo podrá ser realizada por Petropar”.

El citado artículo del proyecto, en consecuencia, crea un monopolio de derecho y de hecho contrario a lo que preceptúa el artículo 107 de nuestra ley fundamental: “Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios”. Ni tan siquiera hay necesidad de acudir a las reglas de la hermenéutica jurídica, basta la interpretación gramatical.

Seguidamente falta todavía entender mejor aquello de “fomento”. Para ello, el proyecto agrega que cada emblema privado debe disponer de al menos una boca de expendio de combustible tipo Flex (85 % de alcohol absoluto y 15 % de nafta) otorgándole nuevamente a Petropar el encargo de realizar la mezcla de combustible.

De esta manera y mediante la coerción de una ley monopólica, los proyectistas fueron todavía más lejos: desean salvar de su inminente colapso a la alcoholera estatal ubicada en la ciudad de Troche, mediante la obligación de los contribuyentes de usar alcohol en sus vehículos, exigiendo a los propietarios de emblemas disponer de una boca de expendio en sus respectivas estaciones de servicio.

Si todavía no resulta convincente de que estamos ante una nueva aventura estatista, tal vez lo siguiente pueda servir para explicarlo mejor. ¿Por qué no salvar a la alcoholera de Petropar, exigiendo el uso de alcohol en el porcentaje que la ley dice? La realidad es que ni tan siquiera en este punto la cuestión resulta razonable. Ocurre que muchas leyes, y este proyecto es así precisamente, oculta de la vista algunas cuestiones que no aparecen en el documento legislativo, pero, que sí existen.

El caso concreto está en que este tipo de leyes conlleva a la ostensible disminución y hasta destrucción de numerosas inversiones privadas que a la fecha ya se encuentran disponibles en el mercado de la nafta e, igualmente, de tantos otros proyectos que implican disponer de numerosos puestos de trabajo para mucha gente en el sector.

En efecto, la desmonopolización actual en el mercado de combustibles, ha permitido al sector privado en los últimos años invertir multimillonarias sumas de dinero en beneficio de los consumidores. Y como toda actividad empresarial privada que busca rentabilidad, el retorno del capital debe ser superior al costo del capital invertido. El surgimiento de los llamados emprendedores, en cualquier segmento del libre mercado, se debe a que los empresarios actúan por su cuenta y propio riesgo, invirtiendo y haciendo mejoras a la espera de recuperar sus inversiones.

Esas inversiones, a su vez, generan la utilización inmediata de los factores de producción, por ejemplo el trabajo, mediante la aplicación de salarios a los empleados que directa e indirectamente van ocupando puestos laborales. El empresario no solo debe utilizar el capital en el factor de producción trabajo, sino también debe ocuparse de las nuevas tecnologías y hasta de nuevos servicios, como efectivamente ha venido ocurriendo con los cada vez mejores puestos de servicios de comidas y cafés en los establecimientos de estaciones de combustibles.

Lamentablemente a través de legislaciones como la analizada en este artículo, se pretende echar por tierra los inmensos beneficios que el libre mercado va consiguiendo. La aventura estatista no cesa. Y aparece mediante la imposición estatal de una de sus reconocidas herramientas, el monopolio, caracterizado por ser una inagotable fuente de corrupción para pagar favores políticos a los amigos del gobierno de tuno e imponer a la gente comprar un producto de mala calidad.

Por supuesto, la tan mentada "sensibilidad social" se financia con cargo al bolsillo de la gente, entre los que se encuentran los mismísimos agricultores de caña de azúcar a quienes supuestamente se pretende beneficiar, pero que al final los harán todavía más pobres de los que ya son.