Sobre el papel, la campaña de limpieza de Xi Jinping es espectacular: 75.000 miembros del Partido Comunista Chino han sido investigados desde que comenzó en 2012 (a la par que su mandato) sin diferenciar a 'tigres' de 'moscas', como le gusta presumir al presidente. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) ha logrado convertirse en uno de los más poderosos y temidos órganos del Partido Comunista Chino. Los nombres investigados quedan marcados para siempre, y ya son 690 los altos cargos que han visto cómo una mera aparición en la web del CCDI ponía fin a su carrera.

Este año, la tasa de suicidios en el sector público se ha disparado en el gigante asiático. Medio millón de candidatos prefirió no presentarse a las oposiciones al funcionariado, ahora que el trabajo es objeto de escrutinio y ha desaparecido el estímulo de los regalos y las comisiones ilegales que rodearon la gestión pública en la última década, empañando la imagen del partido único.

Todo parece indicar que la cruzada de Xi es un éxito. Las detenciones se extienden por todo el país: sólo en la provincia de Shaxi, cuatro miembros del Comité Permanente del Comité Provincial del PCC han sido destituidos y encaran una posible investigación criminal. Sin embargo, según Transparencia Internacional, que supervisa la percepción de la corrupción a escala mundial, China ha bajado del puesto 36 al 40 (donde 100 supone el entorno limpio de corrupción): comparado con 2013, la mala imagen del país a ojos de instituciones internacionales ha descendido más puestos que ningún otro, junto a Turquía. La explicación de la ONG es que la campaña de Xi se produce a puertas cerradas y en un entorno de falta de libertades que aleja a los ciudadanos de mecanismos de castigo a los corruptos. Según datos del Pew Research Center, el 54% de los chinos consideran que la corrupción es un gran problema social.

Acciones que no convencen en el exterior

Los datos de Transparencia Internacional implican que la campaña de Xi no convence en el exterior. Y podría incluso no resultar eficaz en el interior, a juzgar por un artículo del 'Diario del Pueblo' que incidía en que, en determinadas provincias, los responsables políticos están aprovechando las redadas anticorrupción para llenar los vacíos dejados por los arrestados "promoviendo a sus favoritos, familiares y otras personas de sus círculos" con el doble objetivo de estrechar relaciones con el liderazgo nacional y distraer posibles investigaciones sobre sus propias figuras. Según el diario, el secretario del PCC en un condado de la provincia de Hunan aprovechó la operación anticorrupción para designar a un centenar de funcionarios. La cifra ascendería a 400 en otro condado de Shanxi. "¿Cómo es posible que haya funcionarios del Partido capaces de implantar nombramientos repentinos con las numerosas evaluaciones personales, los comités colectivos de toma de decisiones y medidas similares implantadas para garantizar la adecuada selección? ¿Por qué falla el sistema?", se interrogaba el rotativo oficialista.

Según el decano del Centro de Pekin para Estudios Chinos, Russell Leigh Moses, uno de los problemas radica en el clientelismo que ha caracterizado durante años el sistema chino, altamente jerarquizado: los miembros del Partido dependen de padrinos que facilitan nombramientos y ascensos, de forma que la lealtad al individuo suple en demasiadas ocasiones a la lealtad al Partido o la institución. "La cruzada anticorrupción china no es tanto un ataque contra la corrupción como un asalto contra las redes políticas que lo sustentan", escribía Moses en el 'Wall Street Journal'. "El esfuerzo está destinado a eliminar las malas conductas de funcionarios en deuda entre ellos, no con la sociedad o el PCC".