A escala nacional, en los últimos años Guerrero ha ocupado las tasas más altas de crímenes, impunidad, homicidios con arma de fuego y multiplicación de los cárteles del narcotráfico en contubernio con las autoridades gubernamentales. Es tal el aumento de la violencia en la entidad que sólo entre 2008 y 2011 el número de asesinatos relacionado con la guerra contra las drogas se incrementó 400%.

Por lo tanto Guerrero se convirtió en un “trágico escenario” de “miedo” y “desolación”, donde comunidades enteras viven “victimizadas y traumatizadas” a causa de la política estatal de “mano dura” con la cual todavía se intenta combatir al narco, pese a que esa estrategia ya demostró su ineficacia.

En Guerrero –como en otros estados que padecen “violencia estructural”– es urgente “construir una respuesta estructurada y sistemática ante el inmenso dolor de las víctimas de las violencias”. Se necesita un profundo proceso de “sanación social” como paso previo para la paz.

A esta conclusión llega el estudio titulado Acompañamiento integral a víctimas de las violencias en la arquidiócesis de Acapulco, producto de tres años –de 2012 a 2014– de investigación y trabajo de campo en apartadas comunidades guerrerenses. Es fruto de un proyecto de apoyo a víctimas hecho por sacerdotes, agentes de pastoral, psicólogos, abogados y grupos de laicos.

El sacerdote Jesús Mendoza, a cargo de este proyecto de atención a víctimas y uno de los coordinadores del estudio, explica: “Este es propiamente un informe de la labor de atención a víctimas que estuvimos realizando de 2012 a mediados de 2014. Lo publicamos en forma de libro porque queremos divulgar nuestra experiencia para que sea aprovechada en otras partes del país. Aportamos una metodología y un enfoque integral de atención a víctimas. México no debe seguir herido para siempre”.

Entrevistado durante la presentación del informe en Acapulco el martes 25, Mendoza señala que no alcanzaron a incluir el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: “No hubo tiempo de abordar el caso porque cuando ocurrió esta desgracia, nuestro informe ya estaba en imprenta. Sin embargo en él damos el amplio contexto social en el que ocurrió la tragedia de Ayotzinapa”.

–¿Están apoyando también a los familiares de estas víctimas?

–Sí, claro. Por lo pronto ya empezamos a atender a 17 familias de estos normalistas, las cuales radican en los municipios de Atoyac, Ayutla y Tecoanapa. Son familias indígenas que viven en extrema pobreza y con un dolor permanente por el abandono y el rezago en el que siempre han estado. Enviaron a sus hijos a estudiar a esa normal precisamente porque era la única opción para sacarlos adelante… y se los desaparecieron.

El informe asienta que en Guerrero existe una “violencia estructural” la cual se manifiesta principalmente en “la pobreza y desigualdad, el desempleo, la corrupción, la impunidad y el ineficiente sistema penitenciario”.

Recalca: “La violencia estructural es aquella menos evidente, con origen en las estructuras sociales, políticas o económicas” que “condicionan” a la población a vivir en “condiciones de pobreza, exclusión y marginación”. De manera que, asegura: “La guerra es sólo una pequeña parte de lo que genera un conflicto”.

Y se apoya en las siguientes cifras: vive en la pobreza 69.7% de los 3.3 millones de habitantes de Guerrero, 17% de la población adulta no sabe leer ni escribir y 15% de la población habla sólo una lengua indígena.

Hace luego un recuento de los “indignantes” antecedentes en materia de violación a los derechos humanos: Menciona la matanza de 17 campesinos a manos de policías en Aguas Blancas, en 1995; la de 11 campesinos cometida por militares en la comunidad de El Charco, en 1998; y el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2011, ultimados por policías.

Sobre hechos más recientes, apunta: “En 2012 Guerrero tuvo la tasa más alta de homicidios en el país, con 78 por cada 100 mil habitantes, y registró la tasa más alta de crímenes cometidos con armas de fuego. El Índice Global de Paz México considera a Guerrero como el estado número 31 menos pacífico de 32 estados…

“El número de homicidios relacionado con la ‘guerra contra las drogas’ en este estado ha aumentado 400% de 2008 a 2011 y desde que esta estrategia fue lanzada en 2006 han muerto al menos 5 mil personas como resultado de la violencia relacionada con los cárteles de la droga.”

Lo peor, en Acapulco

De 182 páginas, el informe se enfoca después en Acapulco, por ser la ciudad más populosa e importante del estado y por tener el mayor índice de asesinatos a escala nacional.

Señala: “Acapulco fue catalogada en 2011 como la segunda ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 143 por cada 100 mil habitantes”.

La vida nocturna de ese centro turístico “tolera la venta y consumo de diversas drogas” y, por lo tanto, “ha sido escenario ideal para el surgimiento de grupos delictivos originalmente dedicados al tráfico ilegal de estupefacientes”, que después pasaron “a otros delitos, como extorsión, secuestro, ejecuciones públicas y robo de automóviles, todos ellos cometidos con rasgos de crueldad y barbarie sin precedentes”.

Y pese a los espectaculares despliegues militares y policiacos, “la violencia sigue azotando a la ciudad. Los operativos han servido para ‘blindar’ la zona turística y fomentar la percepción de seguridad, al tiempo que las ejecuciones, robos y secuestros suceden a diario en las colonias populares del puerto, sobre todo en las zonas más marginadas”.

Como ejemplo de esta extrema descomposición social el informe menciona a la banda de Los Cahori, nueve estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco, quienes –sin tener ninguna necesidad económica, por el puro placer de matar– secuestraron y asesinaron brutalmente a 39 compañeros suyos. Los ahorcaban y descuartizaban tras cobrar el rescate (Proceso 1970).

Asegura el informe que Acapulco es “la ciudad del país con más homicidios y los niveles de violencia continúan siendo mucho más altos que hace cinco años”. Pero la “principal tragedia” ocurre en torno a las víctimas, “cuyas edades son cada vez menores y cuya expectativa de justicia es cada vez más lejana. Es lamentable también la dinámica social que se ha desarrollado en Acapulco; la normalización de la violencia y su incorporación a la cotidianidad insensibiliza a una sociedad que vive paralizada por el miedo y prefiere evadir la realidad como falso mecanismo de supervivencia”.

El reporte indica que el gobierno emprendió el “desmantelamiento” de poderosos grupos del crimen organizado que operaban en territorio guerrerense. Pero lejos de solucionar el problema del narcotráfico en Guerrero, estos operativos sólo generaron “la fragmentación de los cárteles más grandes en pequeñas células más volátiles”, que encarnizadamente continúan luchando por el control de los territorios.

Y cita el caso de Acapulco, donde, después de caer Arturo Beltrán Leyva y La Barbie, ya se disputaban esa plaza cuatro cárteles: el de los Beltrán Leyva, el del Pacífico Sur, el Cartel Independiente de Acapulco y el grupo La Barredora.

“Centros de escucha”

Por si fuera poco, para 2013 se crean en el estado “múltiples grupos de autodefensas”, varios de ellos se aglutinan en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Aparte se gestan nuevos grupos de policía comunitaria y se da “el surgimiento de un grupo guerrillero”. Con esto aumentó “la conflictividad y la multiplicación de actores armados”… lo mismo que el número de víctimas de la violencia.

Sobre la atención a este creciente número de víctimas, el informe indica: “Ya desde el año 2006 párrocos de la Arquidiócesis de Acapulco comenzaron a recibir y atender a personas que habían sido víctimas de las violencias o que estaban viviendo en situaciones o comunidades muy violentas. Se acercaban buscando consuelo y escucha. Con el tiempo el problema y el número de víctimas fueron aumentando, hasta ser desbordante”.

Entonces los párrocos tuvieron que buscar “una respuesta más amplia, organizada y capacitada desde la estructura de la Iglesia”. Empezaron por aplicar la llamada “pastoral del consuelo”, pidieron asesoría al episcopado colombiano –con experiencia en el asunto– y el episcopado mexicano decidió implementar en Guerrero un “programa piloto” de atención a víctimas, que planea extender a otras zonas peligrosas del país.

Así empezaron a surgir los “centros de escucha”, espacios generalmente aledaños a las parroquias donde las víctimas –sin importar su credo– reciben atención y asesoría de psicólogos y abogados, como ya se documentó en este semanario (Proceso 1951).

El reporte indica que la mayoría de las “víctimas directas” de la delincuencia organizada son personas de entre 15 y 40 años de edad. Principalmente sufren asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones o están expuestas a tiroteos. Hay casos de mujeres violadas u obligadas a trabajar como informantes de los cárteles.

Y enumera las secuelas psicológicas de quienes han perdido un familiar: “Intensos sentimientos de culpa, por lo que hizo o dejó de hacer con el ser querido; pensamientos de suicidio para reunirse con el ser querido; desesperación extrema ante la idea de no poder recuperar una vida que valga la pena vivir; depresión prolongada; síntomas físicos, como pérdida de peso u opresión en el pecho; ira incontrolada; bajo rendimiento en el trabajo y deserción escolar o incapacidad de ocuparse de las tareas cotidianas, y abuso de sustancias”.

También señala que “en términos emocionales, la gran mayoría manifiesta sentimientos de resentimiento, rabia y deseos de venganza”.

Menciona algunas medidas que toman para apoyar a las víctimas: “Ofrecer diferentes espacios de acompañamiento y sanación (visitas familiares, talleres de sanación largos y cortos, intervención de los sacerdotes) es una manera de llegar a más víctimas, pues les da la posibilidad de elegir entre unos y otros, según sus necesidades y personalidades…

“Las visitas a domicilio a las familias y las víctimas son fundamentales para iniciar el acompañamiento lo más pronto posible, además responden a la incapacidad que muchas de ellas presentan de salir de sus hogares por el miedo.”

Y a las víctimas reacias a recibir un acompañamiento individual, se les deben ofrecer “espacios de acompañamiento pastoral colectivos, como las vigilias de oración, las misas y los rosarios por y con las víctimas”.

Se debe “sistematizar y documentar el proceso de cada una de las víctimas” para darle continuidad al acompañamiento. También hacerse regularmente un “análisis de la realidad” para que la víctima pueda responder a “nuevas realidades”.

El reporte incluye testimonios de las víctimas atendidas en los centros de escucha y talleres de sanación, como el de “Ricarda”, madre de dos niños y cuyo esposo fue asesinado: “Me siento un poco mejor… se ve reflejado en mis hijos, ya no lloraba tanto, tanto odio y resentimiento… les estaba haciendo daño con todo lo que yo sentía… no sé, ellos ven un cambio grande porque fue totalmente diferente, ya no me la pasaba en los rincones llorando”.

Y menciona que su dolor disminuyó al sentirse acompañada por otras víctimas: “Me di cuenta que yo no era la única que había pasado por esto, sino que había una infinidad de madres, de esposas que estaban pasando lo mismo que yo. Ya no me sentía rechazada ni tan sola. Me di cuenta que esto (la violencia) era inmenso, era grande… al principio estaba cerrada y no quería sacar esto porque lo sentía mío, pero en base a esto pude sacar algo de mi dolor. Pero hasta el momento me sudan las manos, empiezo a temblar, me duele la cabeza. Es en este momento (el taller) que yo empiezo a sentirme más liberada y llego a incorporarme a este grupo”.

Otra víctima, “Lorenza” –empleada doméstica, madre de seis hijos y también viuda por la violencia– cuenta: “Me he sentido muy bien, me ha servido mucho… Yo antes me sentía muy agobiada, sólo yo sabía mis penas, si me preguntaban me quedaba callada y yo decía: ‘Sólo yo sé lo que sufro’”.

Mientras “Prudencia”, quien sufrió el secuestro y el asesinato de su hija, refiere que tenía problemas para dormir y comer, recurrió a atención psiquiátrica para poder lidiar con el duelo y los procesos judiciales derivados del caso, donde tuvo que carearse con los presuntos victimarios. Gradualmente ha ido dejando las “pastillas”, y las relaciones con su familia van mejorando.

El informe Acompañamiento integral a víctimas de las violencias en la arquidiócesis de Acapulco asegura categórico: “La sanación de las heridas causadas por la violencia es central para construir la paz. Si las pérdidas ocurridas por la violencia, como la pérdida de seres queridos o de los hogares, no son atendidas, será difícil que las personas y las sociedades salgan adelante y se proyecten hacia el futuro”.

Guerrero –concluye– necesita una “sanación social”, pero ésta sólo será posible si se aplica la justicia. “No hay ningún elemento que resalte más para la sanación después de un conflicto que la justicia. La justicia es importante no solo para las víctimas, sino para la reconstrucción de la sociedad”.