Se materializa de esta manera la preocupación creciente entre los chilenos por la emisión de lluvia ácida de Isolux, sin control ni información fehaciente al respecto. Precisamente, el Vicepresidente Amado Boudou, llegó a Perú para asistir al UNASUR y abordar en conferencia, las medidas implementadas en Argentina para el cuidado del medio ambiente. En esas jornada se intentará avanzar en un pacto mundial para frenar el calentamiento global.

Casi como una paradoja, el mismo día en que el Vicepresidente de Argentina Amado Boudou hace su presentación formal en la cumbre de UNASUR, en representación de la presidenta y donde en La Cumbre de Cambio, expondrá sobre los avances en materia de cuidado medioambiental que lleva adelante la Argentina, jornada en la cual los distintos mandatarios buscarán avanzar sobre la concreción de un pacto mundial para frenar el calentamiento global, el diputado chileno Gabriel Boric le solicitó formalmente a la Cancillería de su país, que arbitre los medios para darle garantías a la población de Magallanes (sur de Chile) de que el funcionamiento de la Termousina de Río Turbio, no afectará con su lluvia ácida a la región, con las poblaciones de Punta Arenas, Puerto Natale y la reserva mundial Torres del Paine bajo el área de influencia de la pluma de humo que emitirá su chimenea.

La noticia sobre el legislador chileno fue publicada hoy en el diario La Prensa Austral de Chile, quien accedió al documento presentado por Boric en el cual expresa la preocupación a raíz de las conclusiones arrojadas en el seminario binacional de “Desafíos Energéticos en la Patagonia”, realizado el pasado 28 de noviembre, ocasión en la que expuso el representante de la Asamblea Ciudadana de Río Gallegos, Ingeniero Eduardo Delía, quien alertó sobre la planta termoeléctrica que, según las autoridades argentinas, se encuentra pronta a ser inaugurada en localidad de Río Turbio.

Boric le informó la Cancillería chilena que el proyecto llevado a cabo por la empresa Isolux Corsán, en Río Turbio, evidenció la gravedad del problema, dada las rachas de viento en la zona y la cercanía de la planta termoeléctrica con la Región de Magallanes, cuya nube tóxica podría afectar a Puerto Natale y Torres del Paine, generando, inclusive, precipitaciones de lluvia ácida.

El documento detalla que se trata de emisiones nocivas, de gases como el CO2, SO2 y NOx y CO, no pudiendo determinarse el impacto que tendrán, pues no existen registros de vientos que predigan el destino. Las emisiones de esta chimenea, enfatiza el oficio, superan en 5 veces a las de la papelera uruguaya Botnia, que generó un conflicto internacional entre Argentina y Uruguay por los efectos nocivos de sus gases.

Finalmente, el texto destaca que Chile y Argentina suscribieron un tratado sobre medioambiente el año 1991, el que en Chile fue promulgado por Decreto Supremo Nº67 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 16 enero de 1992, siendo este Ministerio el encargado de su implementación en Chile, a través de su Dirección de América del Sur.

El primer paso

El 21 de noviembre de 2014, OPI publicó una nota donde daba cuenta que el 14 de mayo de 2014, Anahí Cárdenas Rodríguez Alcaldesa de Villa Cerro Castillo, de la Municipalidad de Torres del Paine (Chile), le envió al Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Freile, una nota en la cual le solicitaba se comunique qué gestiones se encontraba realizando para acopiar información respecto del impacto regional que va a tener la entrada en servicio de la usina de Río Turbio, por cuanto se estima que afectará directamente a los habitantes, la flora y la fauna de esa zona turística.

Indudablemente que el Intendente de Magallanes le ha dado preferente despacho a la inquietud de la Alcaldesa Cárdenas Rodríguez, para que hoy el diputado Gabriel Boric de ese país, haya solicitado la intervención de la Cancillería en un tema que comienza a ser preocupación, no solo de las poblaciones de la Patagonia sur de Argentina sino de Chile, donde han advertido que en Río Turbio, los constructores de la termousina no han tomado los recaudos necesarios para adecuar el funcionamiento de la usina al entorno fitozoogeográfico, han vulnerado convenios binacionales en la materia y han violentado todas y cada una de las normas referidas al protocolo, como un Estudio de Impacto Ambiental científicamente confiable y debidamente informado a la población que va a ser impactada por los desechos que produzca el complejo. (Agencia OPI Santa Cruz)