La historia comienza cuando en 2013 el periodista argentino Jorge Lanata, a través de una serie de entrevistas y cámaras ocultas, logró obtener testimonios acerca de cómo personas vinculadas a Lázaro Báez —amigo personal de Néstor y Cristina Kirchner—, trasladó más de 50 millones de euros en efectivo, en avión privado, desde la provincia de Santa Cruz hasta una pequeña empresa financiera en Buenos Aires, para luego desaparecer en el exterior. Esto a través de una extensa red de empresas fantasmas en paraísos fiscales tales como Belice, Panamá y Seychelles con cuentas en bancos suizos.

En pocos años, Báez había pasado de simple empleado bancario en Santa Cruz a ser el principal contratista de obra pública de la provincia y uno de los más importantes del país. La investigación de Lanata dio lugar a una investigación judicial del fiscal argentino José María Campagnoli, la cual demostró que entre finales de 2012 y mediados de 2013, 65 millones de dólares ingresaron al país a través de sospechosas operaciones de bonos soberanos con origen en Suiza, para luego ser liquidados y el dinero depositado en las cuentas de Austral Construcciones, la principal empresa constructora de Lázaro Báez. Según el reporte del fiscal, estos 65 millones de dólares tenían relación directa con los 50 millones de euros que habían sido previamente movidos al exterior de acuerdo con las entrevistas de Lanata.

Pero, además de esto, durante su investigación el fiscal alertó acerca de la existencia de más de 100 empresas registradas en el Estado de Nevada, en Estados Unidos, cuyo denominador común era una empresa de las Islas Seychelles, que presuntamente estaría vinculada a Lázaro Báez y, en consecuencia, a la familia Kirchner. Algunas de estás empresas en Nevada también habrían re-ingresado el dinero a Argentina a través de inversiones inmobiliarias. Tanto las empresas en Nevada como la compañía en Seychelles y otras en Panamá poseen el mismo agente, el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.

Mientras en Argentina la investigación aún continúa y los vínculos entre Lázaro Báez y la familia Kirchner se hacen cada vez más notorios, la historia dio un giro inesperado en Estados Unidos cuando, algunos meses atrás, el fondo de inversiones NML Capital —conocido en Argentina como fondo buitre—, el cual posee una sentencia a su favor en Nueva York para cobrarle al país más de 1.700 millones de dólares, ante la negativa del Gobierno argentino por pagar, decidió continuar la investigación de Lanata. Así pidió a la justicia de Nevada información sobre las más de 100 empresas identificadas por Campagnoli, cuyo supuesto dueño sería Lázaro Báez. El objetivo de los fondos sería el de encontrar activos argentinos en el exterior procedentes de la corrupción que puedan ser congelados para posteriormente cobrar la deuda que el Estado argentino posee con ellos.

NML inició un proceso de descubrimiento judicial sobre la firma Mossack Fonseca y en particular sobre su subsidiaria en Nevada, MF Corporate Services. A través de este proceso, NML pudo obtener una declaración de más de 60 páginas de una mujer llamada Patricia Amunategui, única empleada de MF en Nevada. Escritos subsiguientes presentados por NML en la Corte demuestran que dicho testimonio posee datos claves en la relación de Lázaro Báez —y por tanto la familia Kirchner— con las empresas de Nevada.

Por definición, toda información producida en un juicio en Estados Unidos es de público acceso salvo que el juez determine lo contrario. Sin embargo, quizás con el objetivo de presionar a la presidenta para que el Gobierno argentino pague su deuda, NML pidió al juez que guarde este testimonio en secreto, privando al público de saber lo que allí dice. Por motivos diferentes, tanto Amunategui como MF Nevada realizaron el mismo pedido.

En un intento por promover la transparencia y llegar al fondo de esta investigación, el Centro de Investigación Periodística en las Américas (CIJA) en conjunto con Jorge Lanata, presentaron un pedido de intervención en la causa de Nevada, a través de la cual se le pidió al juez que haga público el testimonio de Amunategui y cualquier subsiguiente testimonio o información que pueda surgir. De lo contrario, se estaría violando el derecho a la libertad de prensa y el derecho de la gente a estar informada, tal como lo establece la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Durante una audiencia el pasado viernes, el juez que lleva la causa dijo haber recibido con agrado el pedido de intervención de CIJA y Lanata ya que ahora el público en general también tendrá una voz dentro de la causa. El juez autorizó el pedido de intervención y permitirá a los abogados de Lanata revisar el material confidencial en busca de evidencias sobre la Ruta del Dinero K.

Mientras todo esto ocurre, el clima de tensión y nerviosismo en los círculos oficiales en Argentina se nota cada día más. Tras un viaje a Nueva York poco tiempo atrás, la presidenta dijo que no le sorprendería que en Estados Unidos “la quieran meter presa”. Con la causa en Nevada avanzando, y con un juez en Argentina investigando de cerca la inexplicable declaración patrimonial de la presidenta y sus vinculaciones comerciales con Lázaro Báez, desde el Gobierno han recrudecido los ataques contra la oposición y la prensa.

El año 2015 promete ser interesante en Argentina, no solo por las elecciones presidenciales sino también por los desarrollos judiciales que se darán en el país y en el exterior.

Ezequiel Vázquez-Ger es director del Centro de Investigación Periodística en las Americas. Twitter: @Ezequielvazquez