Y en el caso más sorprendente de todos, un magnate de la industria petrolera y de la minería que alguna vez fue el hombre más rico de Brasil está siendo juzgado por algo que ni siquiera era considerado un delito: sacar provecho de información privilegiada.

La intensa campaña contra la corrupción de los ricos y poderosos de Brasil plantea una posibilidad hasta hace poco inimaginable: ¿se está viviendo el principio del fin de la arraigada cultura de impunidad?

Numerosos observadores dicen que "sí".

En Brasil se registra una actividad legal sin precedentes, alimentada por el malestar de una creciente clase media en torno a la corrupción, que generó protestas multitudinarias el año pasado, y por agencias independientes que han demostrado estar en condiciones de lidiar con casos complejos.

"Es algo realmente sorprendente. Estamos viendo cosas muy interesantes", declaró Carlos Pereira, profesor de administración pública de la Fundación Getulio Vargas y uno de los principales expertos del país en el tema de la corrupción.

Los fiscales, los investigadores federales y los organismos de auditoría del gobierno, indicó, "son hoy los tres mosqueteros de Brasil".

Los esfuerzos de esas dependencias han sido grandes y han alcanzado a algunos de los círculos de políticos y empresarios más poderosos del país.

El programa de sobornos de la petrolera estatal Petrobras habría incluido a altos ejecutivos de empresas constructoras, que pagaban coimas para inflar los precios de los contratos. Parte del dinero obtenido habría ido a las arcas del Partido de los Trabajadores, actualmente en el gobierno, y de sus aliados.

Se esperan más detenciones, según el procurador general Rodrigo Janot, quien recientemente dijo en una conferencia contra la corrupción en Brasilia que la ciudadanía ha dejado en claro que "ya no tolera la corrupción ni el descaro de algunos funcionarios públicos y empresarios privados".

Los analistas dicen que combatir la corrupción es vital para que Brasil, con la séptima economía más grande del mundo, sea un verdadero protagonista en la escena internacional.

La presidente Dilma Rouseff, quien hace poco obtuvo un segundo período y es vista por la mayoría de los brasileños como una política honesta, ha dicho que va a asumir el desafío. Los procesos iniciados en semanas recientes en relación con Petrobras, señaló, "van a cambiar para siempre las relaciones entre la sociedad brasileña, el estado brasileño y las empresas privadas. El hecho de que esto se esté investigando de una manera totalmente abierta va a marcar una gran diferencia".

La cruzada contra la corrupción comenzó en el 2005, cuando altos colaboradores del predecesor de Rouseff, Luiz Inacio Lula da Silva, fueron acusados en una serie de artículos periodísticos de comprar a legisladores para que apoyasen sus proyectos. Eso generó una investigación de la compra de votos, que culminó en el 2012 con la condena de más de dos docenas de personas. Fue la primera vez que altos dirigentes políticos, incluidos el jefe de personal de Lula, fueron encarcelados.

El mérito se lo llevaron los fiscales federales, que tienen amplios poderes para investigar y en quienes la gente confía mucho. El Congreso estuvo a punto de quitarles algunas atribuciones el año pasado, cuando estallaron multitudinarias manifestaciones antigubernamentales para protestar por la corrupción, que priva de dinero a los horrendos servicios públicos.

Uno de los principales gritos de batalla de los manifestantes fue defender la capacidad de investigar de los fiscales y los legisladores cedieron a esa presión. Esa victoria envalentonó a los fiscales para que investigasen más a fondo todavía la corrupción.

El pescado más grande llevado a juicio hasta el momento es Eike Batista, el extravagante magnate que supo ser la séptima persona más rica del mundo. Su juicio por tráfico de influencias está en marcha y es el primero de su tipo que llega a los tribunales.

En cualquier momento, por otro lado, se podrían radicar cargos contra 33 ejecutivos, la mayoría de ellos empleados de empresas internacionales que administraban la red de trenes subterráneos y su expansión como si fuese su propio feudo.

La ola contra la impunidad hace que los brasileños reconsideren también el pasado. Una comisión de la verdad difundió la semana pasada los resultados de una investigación de casi tres años de las atrocidades cometidas durante el gobierno militar de 1964 a 1985, en el que es el primer informe público de ese doloroso período. El informe reavivó un debate en torno a una ley de amnistía que cobijó a los miembros de la junta, los cuales no pudieron ser juzgados por los asesinatos, las torturas y las desapariciones que hubo en esa época.