Un monomotor con dos funcionarios de la Fundación Nacional del Indígena (Funai) sobrevuela la Tierra Indígena Yanomami, en la Amazonía brasileña, cuando pasa por la aldea de los Moxihatetea, un grupo que vive aislado. Allí se llegaron a reunir hasta 80 indígenas, a los que el organismo vigila a distancia desde los años setenta. Pero ese día, el pasado 18 de diciembre, el lugar se encontraba vacío por segunda vez en un mes. El equipo no sabe qué le ha pasado al grupo, que ni siquiera mantiene contacto con los yanomami de otras aldeas, pero temen que hayan sido diezmados.

A 30 kilómetros de allí, en un claro del bosque, dos hombres empleaban una manguera de alta presión contra un barranco. Extraían oro. "Puede que los indígenas, que viven allí desde hace décadas, hayan huido. Pero nos preocupa, sobre todo, que hayan muerto por la acción de los buscadores de oro", afirma João Catalano, coordinador del Frente de Protección Etnoambiental Yanomami y Ye'kuana de la Funai.

Catalano teme que se produzca una nueva tragedia por la extracción intensiva de minerales, que ha regresado con fuerza a esta región de la Amazonía, en el Estado de Roraima (al noroeste de Brasil). En los años noventa, cientos de nativos murieron por la violencia y las enfermedades que genera esa actividad. La Funai estima que al menos 3.000 buscadores de oro actúan hoy en la tierra de los yanomami, un área de 9,6 millones de hectáreas, un territorio mayor que Portugal (9,1 millones de hectáreas). Se trata de la mayor reserva indígena del país, con 300 aldeas y 25.000 nativos que hablan cinco lenguas distintas.

Esta región de la Amazonía es una de las más ricas en oro del territorio brasileño, sostiene Crisnel Francisco Ramalho, presidente del sindicato de los buscadores de oro de Roraima. Esta actividad, aunque sea ilegal —no existe ningún tipo de licencia para la extracción de este metal, según el Departamento Nacional de Producción Mineral—, es tan importante en ese Estado brasileño que en la principal plaza de su capital, Boa Vista, hay una estatua en homenaje al buscador de oro.

A lo largo de las tres horas que duró el vuelo, Catalano encontró diez indicios de la presencia de buscadores de metales: ocho botes para retirar oro del fondo de los ríos, dos grandes puntos de extracción de oro y tres pistas ilegales de aterrizaje, cortas y peligrosas. A principios de diciembre, una operación que duró diez días logró encontrar 38 botes y detener a 98 personas. Cada bote retiraba hasta tres kilos de oro al mes, según la Policía Federal. Cada gramo de este metal cotizaba a 38 dólares el pasado 23 de diciembre, de modo que los 38 botes juntos facturaban unos 4,3 millones de dólares al mes.

La gran extensión de la región es uno de los factores que dificulta su supervisión, pero la vigilancia del Gobierno tampoco ha sido muy efectiva. El Ejército efectuó este año apenas dos operaciones junto a la Funai. Las investigaciones de la Policía Federal han resultado en la denuncia de 38 personas este año por el Ministerio Público (Fiscalía). Así que recae en la Funai, con solo 18 funcionarios, un reducido presupuesto y con pocos vehículos eficaces, la principal labor de vigilancia. En los últimos tres años, el organismo ha realizado 28 operaciones en las que han divisado a 2.000 personas y 200 botes en los ríos. "Se arresta a diez buscadores de oro, pero luego aparecen otros diez que hacen el mismo tipo de servicio. Tenemos que hacer una investigación más inteligente, junto a una mayor fiscalización del Estado", sostiene Fabio Brito, procurador de defensa del Medio Ambiente.

La extracción de oro ha tenido efectos drásticos en la tierra yanomami. En la aldea de Papiú, al borde del río Couto Magalhães, uno de los preferidos por los buscadores del metal desde los años ochenta, hay relatos sobre indígenas que fueron atraídos para realizar la actividad. "Algunos ayudan en cambio de una red de pesca o de dinero", cuenta el agente sanitario Arokona Yanomami. Otro nativo asegura que el pago por llevar a grupos de buscadores de oro a lo más profundo de la selva puede llegar a 2.600 dólares.

A principios de este año, durante una operación de la Funai que destruyó 20 botes cerca de Papiú, un yanomami de esta aldea que ayudaba a los funcionarios fue asesinado por otros dos indígenas de Venezuela, el país con el que hace frontera. La aldea les acusa de haber actuado al mando de los buscadores de oro, y pretende vengarse. "Hay la posibilidad de un conflicto interétnico", afirma Catalano.