Las autoridades de Bogotá tienen cada vez más claro que los paramilitares desmovilizados están haciendo una transición hacia el crimen organizado. Lo que hasta hace poco fue una lucha por control de territorios, se ha convertido hoy en una pelea por el control de los negocios ilícitos de la ciudad: prostitución, droga, contrabando, armas, trata de blancas.

No es un fenómeno exclusivo de la capital colombiana, de casi siete millones de habitantes. En una reciente declaración del general Óscar Naranjo, director de la policía judicial, aseguró que esta ocurriendo en nueve de los 32 departamentos del país. Según este oficial, entre 700 a 900 hombres han dado el paso de paramilitares a delincuentes.

Otro informe de inteligencia militar revela la existencia de 22 nuevos grupos ilegales, con 2.500 hombres en armas. Su objetivo no es ya atacar a la guerrilla y todo lo que les parezca comunismo; ellos actúan motivados por ganancias de grandes sumas de dinero.

Los hechos más graves están ocurriendo en zonas de concentración de cultivos de coca: Nariño, departamento al sur del país, así como Antioquia y Córdoba, al norte. Allí los ex paramilitares organizaron bandas de sicarios y trabajan al servicio de narcotraficantes.

Las cosas, sin embargo, no son tan claras: algunos creen que está surgiendo una nueva generación paramilitar. En los últimos meses, se han multiplicado las amenazas contra periodistas, líderes sociales, académicos y estudiantes. Muchas de estas amenazas llevan la firma de nuevos grupos: Recomposición Paramilitar o Bloque Carlos Castaño (nombre del creador de las Autodefensas Unidas de Colombia). La primera persigue a los campesinos que participaron en una marcha de protesta en el sur del país; los segundos están sembrando el terror en importantes universidades públicas.

Eduardo Pizarro, director de la Comisión de Reparación encargada de vigilar que se cumpla la reparación a las víctimas de estos grupos armados, que mataron y desplazaron de sus tierras a miles de campesinos, apoya más la tesis de que se trata de "descompuestos grupos delincuenciales". Advirtió que se debe evitar que este "nuevo monstruo eche raíces". Muchos atribuyen esta situación a los fallos del programa de reinserción, planeado para facilitar el paso a la legalidad de 30.000 ex combatientes de 36 estructuras.

La policía, encargada de controlarlos, dio a conocer estas cifras: 536 de ellos han sido capturados por fabricación y porte ilegal de armas y homicidio; 232 han muerto, asesinados o de manera accidental, y la lista de heridos suma 39. Sólo la mitad están recibiendo capacitación y sólo uno de cada 10 tiene trabajo. Pronto empezara a funcionar la nueva Consejería Presidencial para la Reinserción. Una de sus principales tareas será hacer frente a este deslizamiento de reinsertados a bandas criminales.