Aunque haya desaparecido de la primera plana de la prensa, el presidente Barack Obama no parece haber olvidado la crisis que a mediados de 2014 provocó la llegada masiva de menores centroamericanos no acompañados hasta Estados Unidos. Según ha adelantado su vicepresidente Joe Biden, en el presupuesto para 2016 que el mandatario presentará la semana próxima al Congreso se incluye una partida de 1.000 millones de dólares para ayudar a los países de origen de esa emigración, Guatemala, Honduras y El Salvador.

El objetivo es ayudar a implementar las “difíciles reformas e inversiones” necesarias para crear in situ las oportunidades económicas y las condiciones de seguridad que frenen la marcha masiva de sus ciudadanos en busca de una vida mejor en el país del norte. Así lo explica Biden en un editorial en la edición de The New York Times del viernes adelantado en la web.

“Una educación no adecuada, la corrupción institucional, un crimen rampante y la falta de inversiones están dejando atrás a esos países”, subraya Biden. Todo ello cuando seis millones de jóvenes entrarán en edad laboral en Centroamérica en la próxima década. “Si no tienen oportunidades, todo el Hemisferio Occidental sentirá las consecuencias”, advierte el vicepresidente.

Biden recuerda además que los presidentes de los países centroamericanos pidieron durante un encuentro el pasado verano en la Casa Blanca ayuda a Washington para frenar la llegada de decenas de miles de menores no acompañados hasta la frontera sur de EE UU. Obama en su momento solicitó para hacer frente a la crisis 3.700 millones de dólares al Congreso, que no se los concedió.

Las condiciones en el Capitolio no han mejorado e, incluso, están más difíciles ahora que la oposición republicana tiene la mayoría en las dos cámaras y que sigue clamando por la decisión de Obama de actuar por su cuenta en noviembre y dictar medidas ejecutivas para frenar la deportación de hasta cinco millones de sin papeles en el país.

Aun así, según la Casa Blanca, EE UU le debe a Guatemala, Honduras y El Salvador esta ayuda porque estos países han “respondido” cumpliendo con las condiciones que se les impuso en materia de lucha contra la corrupción, transparencia, y de elaborar un plan de trabajo conjunto.

“Honduras firmó un acuerdo con Transparencia Internacional para combatir la corrupción. Guatemala ha retirado a altos funcionarios sospechosos de corrupción y de cooperar con el tráfico humano. El Salvador ha aprobado una ley que proporciona protecciones a los inversores”, enumera Biden en su columna.

Y todos ellos, agrega, han presentado un proyecto conjunto, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que los tres presidentes, el guatemalteco Otto Pérez Molina, el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y el hondureño Juan Orlando Hernández, presentaron a mediados de noviembre en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington.

Ahora es el turno de EE UU de responder, sostiene la Casa Blanca, y eso es lo que pretende hacer Obama con los 1.000 millones de dólares solicitados.

Según se ha adelantado, unos 400 millones de esa partida estarán destinados a promover la “prosperidad y la integración regional”, 300 millones más serán destinados a mejorar la seguridad regional con programas para reformar los cuerpos de policía y combatir el crimen organizado, entre otros. El resto del presupuesto se invertirá en la mejora de la “gobernanza” mediante el “fortalecimiento” de las instituciones nacionales.

En su artículo, Biden no oculta que los desafíos que presenta la región son “formidables”.

“Pero si existe la voluntad política, entonces no hay motivo alguno por el cual Centroamérica no pueda ser la próxima gran historia de éxito” de la región, subraya el vicepresidente, a quien Obama ha encargado, revela, liderar esta nueva iniciativa.

Algo para lo que Biden pide ayuda al Congreso, que debe aprobar un presupuesto que promete nuevas batallas en Washington. Pero, según subraya, en este caso, “el costo de invertir ahora en una Centroamérica segura y próspera es modesto en comparación con los costes de permitir que superen la violencia y la pobreza”.