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01/02/2015 | Argentina - República o narco-Estado

La Nación Editorial (AR)

No quedan dudas de que el poder del narcotráfico es la amenaza a la gobernabilidad más significativa que nuestro país enfrenta en mucho tiempo.

 

En los últimos cinco años, ha quedado claramente de manifiesto el enorme desafío que enfrentará el próximo gobierno para hacer frente al avance del narcotráfico en la Argentina. Las manifestaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Episcopado sobre la gravedad de ese asunto, junto a publicaciones y seminarios internacionales donde se trató en profundidad el avance narco sobre la República, son sólo un reflejo de la preocupación por la dimensión que ha tomado el tema.

Las incesantes muertes y la escalada de violencia son el legado que deja el crimen organizado, particularmente en las grandes ciudades del país. No quedan dudas de que el poder narco es la amenaza a la gobernabilidad más significativa que enfrentamos en mucho tiempo y que esto se debe a diversos motivos.

El primero y más evidente es la corrupción generada por las redes narco en los distintos estamentos del Estado, utilizando como mecanismo la coima, la cooptación y la coacción a funcionarios públicos, sobre todo a aquellos que les son imprescindibles para facilitar su accionar, proteger el "negocio" y actuar con impunidad. Esta corrupción se verifica en las altas autoridades policiales que este año han sido procesadas y detenidas en varias provincias (Santa Fe, Córdoba, Formosa, Santiago del Estero y Salta, entre otras), producto de su connivencia con los narcos.

Los avances de la investigación sobre la importación de efedrina dejaron al descubierto niveles de connivencia entre funcionarios públicos y laboratorios que importaron ilegalmente toneladas de esa sustancia para la elaboración de drogas de síntesis, sin la menor reacción de parte de los organismos de control. Esa situación quedó expuesta hace unos años con el triple asesinato de General Rodríguez, resultado de una disputa por el control de la importación de efedrina, en tanto que los involucrados habrían aportado dinero para la campaña presidencial de 2007 del Frente para la Victoria.

La segunda cuestión es la violencia que trae aparejado el poder narco y que tiene a muchas grandes ciudades del país como lamentables protagonistas de homicidios y otros delitos violentos. En Rosario, cada día es asesinada una persona por la violencia narco y se ubica entre las 50 ciudades más violentas del mundo. A ella se suman numerosos distritos de los conurbanos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia, los que alcanzan tasas endémicas de homicidios y crímenes aberrantes sin que el Estado provea las correspondientes estadísticas .

Muchas de estas muertes son el producto de enfrentamientos entre bandas por el control del territorio o por ajustes de cuentas, como se verificó en Mar del Plata hace unas semanas, o como escarmiento por delación, práctica habitual de los narcotraficantes, como fue el ajusticiamiento de una mujer que había denunciado la muerte de su hijo a manos de narcos en Rosario.

Son también harto frecuentes los homicidios, producto de la violencia e irracionalidad que produce el consumo de drogas duras, quebrando los límites inhibitorios y llevando al victimario a cometer crímenes atroces, a veces por botines insignificantes. Además, está la propia dependencia que generan drogas como el paco, que convierte a los jóvenes en soldados de los líderes narco, quienes, en su desesperación por la próxima dosis, se transforman en dealers.

El tercer efecto sobre la gobernabilidad es el reclamo generalizado de la ciudadanía por el aumento de la inseguridad y la violencia, que se ha transformado en la principal demanda social, según todas las encuestas de opinión disponibles desde hace varios años. El impacto de esta violencia inusitada ha trasformado el reclamo por seguridad en exigencia prioritaria, superando las cuestiones de índole económica, como desempleo o inflación, entre tantas otras demandas.

La incapacidad del Estado para resolver este dilema es una de las mayores frustraciones que cuestiona la sociedad. De ahí que la retirada de la Gendarmería Nacional de Rosario, dispuesta por el gobierno nacional causara profunda consternación y miedo en esa ciudad.

Luego de casi 12 años de gestión kirchnerista, queda palmariamente expuesta la incapacidad del Estado nacional para controlar sus fronteras fluviales, marítimas, terrestres y aéreas, lo que permitió que avanzara el negocio del narcotráfico hasta la instalación de laboratorios locales, y que prominentes narcos vivan impunemente en el país. Por ejemplo, las incautaciones de drogas son cada vez mayores. Hace pocos días, la policía detuvo en Pinamar, Ostende y Valeria del Mar a una banda a la que se le secuestraron 60.000 dosis de LSD.

Frente a tanta violencia delictiva, el Estado ha respondido ante la sociedad con muletillas inconducentes, ya sea negando o minimizando la dimensión del problema, con operativos inconexos sin lógica ni continuidad o cargando las culpas a las administraciones provinciales. Esta respuesta doblemente negativa acrecienta la indignación y la sensación de frustración ante la evidente inacción estatal y la impunidad de las bandas criminales.

Es poco lo que se puede esperar de este último año de gestión presidencial, pero es mucho lo que queda por hacer en los futuros gobiernos si queremos evitar que la Argentina siga los pasos de algunos países de la región, donde el avance del narcotráfico pone en jaque a las administraciones democráticas, se apropia del control real de importantes territorios nacionales y corrompe las propias bases de la República.

Vamos camino a que este dilema se traslade a nuestro país, convirtiendo el debate de fondo, que debería ser sobre educación, pobreza, salud y multiplicación de oportunidades para todos, en una disyuntiva crucial: República o narco-Estado.

La Nación (AR) (Argentina)

 


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