El crecimiento del déficit fiscal junto a la imposibilidad de acceder a los mercados financieros han desembocado en el único camino que el Gobierno encontró disponible: quebrar el Banco Central y apelar al impuesto inflacionario. Además ha mentido sobre ambas circunstancias. Desde enero de 2007 falsea la medición de la inflación y desde 2006 considera a valor nominal en el activo del Banco Central papeles entregados por el Gobierno que no reconocen interés, no son negociables y nunca se pagarán. Estos papeles son la contrapartida del uso de reservas y de la transferencia de dinero líquido para cubrir el déficit mes tras mes. Mientras esto sucede se agudiza el cepo cambiario al retacear la venta de divisas a los importadores, evidenciando una crítica situación de reservas que no se compadece con la información de un crecimiento de éstas que deberíamos calificar como de utilería.

La Secretaría de Hacienda da a conocer los resultados del Tesoro con el engaño de considerar como ingreso genuino las transferencias recibidas del Banco Central y el uso espurio de los fondos de la Anses y del Pami. Sin este arbitrio el desequilibrio fiscal ya se aproxima al 7 por ciento del Producto Bruto Interno, un registro que sólo se encuentra en épocas previas a situaciones de crisis en la Argentina.

¿Cómo se pudo haber llegado a esta situación en un gobierno constitucional que debiera atenerse a reglas y límites establecidos por la ley? La respuesta es que además de falsear estadísticas, este gobierno logró modificar la normativa que ponía límites a la ayuda gubernamental del Banco Central. Se abandonó así su misión esencial que era la de preservar el valor de la moneda.

Por ley 26.739 de 2012 fue modificada la Carta Orgánica del Banco Central. Con el eufemismo de asignarle un rol en el desarrollo y en la equidad social, se ampliaron los límites de las transferencias al Tesoro. Pero no siendo eso suficiente se apeló a una interpretación artificiosa del decreto de necesidad y urgencia DNU 298/2010, que creó el Fondo del Desendeudamiento Argentino. El artículo 4° de ese decreto admite que las letras intransferibles entregadas por el Tesoro al Banco Central están incluidas en el tipo de colocaciones de muy bajo riesgo y liquidez internacional que el Banco Central puede hacer con sus reservas. Es justamente lo que no son los papeles del Tesoro argentino, pero de esta forma el Gobierno se puede hacer del 100 por ciento de las reservas. Y así lo está haciendo pagando todo vencimiento de títulos y deuda pública en moneda extranjera.

La emisión monetaria que implica la entrega de pesos desde el Banco Central es en parte absorbida por la colocación de letras Novac y Lebac, que pagan un interés muy atractivo en plazos relativamente cortos. De esta forma indirecta el sector privado está financiando el déficit fiscal detrayendo crédito que podría destinarse a la inversión y a la producción. El stock de estas letras alcanza hoy 304.000 millones de pesos, que es un pasivo reclamable a nuestra autoridad monetaria. Contra este pasivo y contra la base monetaria en circulación, el Banco Central contrapone un activo del que descontado los papeles oficiales sin valor y la parte de las reservas que no son computables (swap de China, préstamo de Francia y encajes de depósitos locales), determina un patrimonio neto negativo de 630.000 millones de pesos. Esto es lo que resultaría de aplicar las mismas reglas contables a las que debe sujetarse cualquier banco privado. En esa situación la propia autoridad monetaria dispondría su inmediata liquidación.

El Banco Central de la República Argentina está de hecho quebrado, a pesar de que sigue con la ficción de generar utilidades por la devaluación aplicada a sus reservas. En estas condiciones no puede cumplir con su misión de regulación monetaria y menos aún garantizar la estabilidad de la moneda. Ésta es otra de las pesadas herencias que recibirá el futuro gobierno..