Negocios con el gobierno chino. El polémico proyecto está a cargo de Esuco, de Carlos Wagner, imputado en la causa contra Lázaro Báez. Es gracias a una gestión de De Vido.Wagner tiene excelente llegada al funcionario y fue adjudicatario de diversas construcciones millonarias asignadas por el Gobierno. En 2014, PERFIL reveló la conexión entre el empresario y la financiera suiza Helvetic, investigada por supuesto lavado de dinero en Argentina, Uruguay y Suiza.
La
polémica por la instalación en Neuquén de una agencia espacial china se
acrecienta. La constructora a cargo de las obras es cuestionada a nivel
internacional y pertenece a un consorcio empresarial inhabilitado por el Banco
Mundial. Se trata de la firma estatal China Harbour Engineering Company Ltd.
(CHEC), que a su vez subcontrató a una empresa argentina amiga del poder K:
Esuco SA, la constructora de Carlos Wagner, vicepresidente de la Cámara de la
Construcción y uno de los proveedores de obra pública favoritos de Cristina
Kirchner.
Tras una
compulsa de precios, CHEC designó a Esuco al frente de las tareas de parte de
la obra civil. Fuentes cercanas al entorno de Wagner confiaron a PERFIL que el
ministro de Planificación, Julio De Vido, habría acercado a las partes. Wagner
tiene excelente llegada al funcionario y fue adjudicatario de diversas
construcciones millonarias asignadas por el Gobierno. En 2014, PERFIL reveló la
conexión entre el empresario y la financiera suiza Helvetic, investigada por
supuesto lavado de dinero en Argentina,
Uruguay y Suiza.
La obra
civil se compone de tres módulos y trabajan en el lugar más de 270 obreros
representados por la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y treinta
profesionales y técnicos chinos. La obra sufre un retraso de seis meses debido
a la falta de personal calificado y los condicionamientos gremiales para
contratar trabajadores de otras provincias y países. La información fue
confirmada a PERFIL por la diputada de la Coalición Cívica ARI Beatriz
Kreitman, quien recorrió las instalaciones junto al director general del
proyecto, Liu Yan, y el representante del gobierno provincial, Juan Darquier. A
pesar de no existir datos oficiales, la instalación de la central espacial
demandará una inversión superior a los US$ 50 millones.
El
convenio entre la Agencia de Lanzamiento y Control Satelital de China (CLTC por
sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae)
deberá aprobarse en Diputados en las próximas sesiones extraordinarias.
Legisladores neuquinos consultados por este diario denunciaron “cláusulas
secretas” y exigen “mayor transparencia”. Fuentes del bloque del Frente para la
Victoria (FpV) aseguraron a PERFIL que “CFK ordenó sancionar el proyecto para
dar respuesta a las inquietudes del gobierno chino”. La preocupación de las
autoridades asiáticas se debió a que el proyecto se frenó en el Senado por las
críticas que la oposición efectuó sobre los artículos del tratado.
El
convenio contempla una exención impositiva, incluido IVA, para toda operación
comercial que China realice en torno a la base por los próximos cincuenta años.
La diputada Kreitman criticó el proyecto al considerar que “con las
dificultades que atraviesan las economías regionales, los beneficios concedidos
a China son una falta de respeto”. En tanto, el secretario de Gestión Pública
de Neuquén, Rodolfo Laffitte, explicó que “la provincia cedió 200 hectáreas de
tierra en comodato por cincuenta años a la Conae, entidad que firmó el acuerdo
con CLTC para construir la base”. La Conae se beneficiará sólo con el 10% de
las actividades que desarrollará la estación espacial.
La
empresa CLTC depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión
Central Militar del Ejército chino, y los rumores sobre el uso militar de la
zona tomaron fuerza. La antena parabólica que se instalará en el lugar podrá
monitorear objetos alrededor del planeta y se espera que en los próximos días
arribe el último tramo de más de treinta metros de altura, que permitirá una
cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra.
La firma
china, en la mira del BM
Tras el
acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, la Agencia de Lanzamiento y Control
Satelital (CLTC) de China otorgó la obra a la firma estatal China Harbour
Engineering Company (CHEC), filial del consorcio empresarial China
Communications Construction Company (CCCC) Limited, grupo investigado por
corrupción e inhabilitado por el Banco Mundial (BM).
Una de
las firmas integrantes del consorcio, China Road and Bridge, fue vinculada con
actos fraudulentos en Filipinas, lo que motivó a la Unidad de Integridad Institucional
del Banco Mundial a imposibilitar la participación de todo el grupo empresarial
en las licitaciones de proyectos de rutas y puentes financiados por el
organismo internacional hasta enero de 2017.
CHEC
realizó diversos proyectos en América Latina. En Costa Rica, la desconfianza en
torno a la empresa fue tal que diez diputados propusieron en febrero de 2014
que la empresa jure no haber cometido actos de corrupción en el pasado. La
firma fue acusada por sobornos, incumplimiento de contrato y daño ambiental en
Bangladesh, Jamaica, Gran Caimán y Guyana.
En
Argentina, la firma no deberá pagar ningún impuesto por la operación.