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01/03/2015 | Corrupción al estilo chileno

América Economía Staff

Con el escándalo Petrobras en Brasil, el asesinato suicida del fiscal Nisman en Argentina, la alianza entre gobierno, policía y narcotráfico que hizo desaparecer a 43 estudiantes en México, la opinión pública internacional no ha puesto mucha atención a los dos casos de corrupción Chilean style que conmocionan por estos días a los santiaguinos.

 

El desinterés de la prensa internacional es razonable: en una región donde el soborno está en todos los niveles y donde un apretón de manos para sellar un negocio casi siempre significa pasar dinero bajo la mesa, dos simples casos de tráfico de influencia no suenan muy interesantes. Ni tan graves.

Error. Son graves porque muestran que, a pesar de 30 años de crecimiento económico y disminución de la pobreza, la estructura social en Chile no ha cambiado: unos pocos, muy pocos, manejan el país y se salen con la suya, mientras una gran mayoría, la inmensa mayoría, mira desde la galería o la platea, sin poder participar en la acción.

En el primer caso, un grupo financiero llamado Penta financió prácticamente todas las campañas electorales  de los candidatos a diputados y senadores de un partido liberal en lo económico y conservador en lo social que se llama Unión Demócrata Independiente (UDI). Los parlamentarios de la UDI se oponen con fiereza al gobierno de la socialista Michelle Bachelet y -se supo ahora-, apoyan las posiciones de Penta en su quehacer legislativo.

El segundo caso ha salpicado a la propia Bachelet y la prensa mundial ha puesto un poco más de atención por la identidad de los protagonistas. Días antes de que la chilena fuera elegida presidenta -cuando ya era seguro que ganaría la elección-, su hijo se entrevistó con uno de los hombres más ricos del país y mandamás del Banco de Chile, Andrónico Luksic. En esa reunión, el hijo de Bachelet consiguió de Luksic un préstamo de US$10 millones para una empresa con US$10.000 de capital.

Al asumir la presidencia unos días después, su madre dijo en el discurso inaugural que “Chile tiene un solo enemigo, la desigualdad”.

Muy pocos chilenos lograrían conseguir una entrevista con Andrónico Luksic para pedirle un préstamo y casi ninguno conseguiría US$10 millones con un capital de US$10 mil. El banquero reconoció de inmediato que había concedido la entrevista al hijo por deferencia con la futura presidenta. Parafraseando  al siempre contemporáneo George Orwell, todos los chilenos podrán ser iguales, pero hay algunos más iguales que otros.

El caso ha enfurecido a los chilenos de oposición y de gobierno con justa razón. La oposición halla el colmo que las reformas pro igualdad que el gobierno emprende con fervor casi religioso se hagan mientras el hijo de la presidenta se aproveche tan desvergonzadamente de su apellido para hacer negocios. El hijo además tenía un cargo público, al que tuvo que renunciar al desatarse el escándalo.

Los partidarios del gobierno están probablemente más furiosos que los de la oposición porque el escándalo no solo le quita credibilidad a la administración Bachelet. También le resta derecho moral a gobernar como lo ha estado haciendo, emprendiendo reformas sin preocuparse de los consensos, porque tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.

Escándalos parecidos se han visto en las democracias occidentales más transparentes, es verdad. Cuando estallan en Gran Bretaña, Italia o Canadá son un bochorno para los involucrados. y, si no hay delito de por medio, su castigo es perder prestigio, dinero, poder o todas las anteriores. La presidenta chilena, su hijo y el también están abochornados. Al menos dos de ellos ya han perdido prestigio y uno perdió también su cargo. Habrá que ver si pierden más.

Lo grave del escándalo es que muestra que en la sociedad chilena nada ha cambiado. Ya sea con signo de izquierda, de centro o de derecha, los miembros de una pequeña elite tienen en sus manos el dinero y el poder.

El mismo problema, pero con mucha mayor profundidad, presenta el otro caso, el del Banco Penta y el financiamiento de la UDI, el partido político de oposición que defiende la libertad empresarial y ataca la libertad sexual. Aquí casi todos los involucrados provienen de familias de la clase alta chilena que apoyaron en su momento a la dictadura militar, son católicos militantes y muchos son amigos entre sí desde la niñez o la adolescencia, porque sus padres ya eran amigos, porque fueron al mismo exclusivo colegio privado, porque pasaron los veranos en los mismos balnearios y los inviernos en los mismo centros de esquí.

La aristocratizante estructura social chilena  parece invisible para los involucrados en el caso Penta: muchos de ellos todavía no entienden qué hay de malo en lo que hicieron. Ninguno ha renunciado al sillón parlamentario que ganaron con plata del banco  que ahora los tiene representando sus intereses financieros en el Congreso.  En privado opinan que era natural pedir financiamiento de ese banco porque son amigos de sus directivos desde niños y porque, además, comparten las mismas ideas políticas y económicas.

Irónicamente, la acción de Penta y de la UDI ha hecho un flaco favor a esas ideas políticas y económicas. Nadie en la reciente historia chilena ha hecho más que Penta por desacreditar la legitimidad de la empresa privada, los empresarios y el emprendimiento. Y desacreditar el valor de la actividad empresarial atenta contra los valores de una sociedad libre, justamente aquello que la UDI dice defender.

El escándalo deja la impresión de que la UDI no es realmente un partido político, sino el brazo político de un grupo financiero. Y es peor: los miembros de este club de amigos no quieren entender que eso no se hace.

La inmensa mayoría de los chilenos ve ambas situaciones como un abuso. Y lo son. Una sociedad que se maneja como un exclusivo club social, que casi no acepta nuevos socios, a la larga provoca su propia destrucción. La libertad de emprender y el libre mercado se convierten en palabras huecas, las instituciones pierden legitimidad y el resultado es que se llega a gobiernos como el del kirchnerismo en Argentina y el chavismo en Venezuela. ¿Es eso lo que quiere la UDI?

La situación requiere una acción decidida y explícita de todos los involucrados en ambos casos: el gobierno, la clase política y los empresarios.

El sector empresarial debe expresar sin ambigüedades que lo que ha hecho Penta es inaceptable. Si además se demuestra que fue un delito, el gremio empresarial debe pedir públicamente que a sus directivos se les apliquen las máximas penas posibles.

Los parlamentarios y dirigentes políticos de la UDI (y algunos de otros partidos) que recibieron plata de Penta sin apego a la ley deberían renunciar a sus cargos públicos y a su militancia. Y si no lo hacen, deberían ser expulsados de sus partidos.

El gobierno tiene que ponerse los pantalones y no tolerar abusos de poder o tráfico de influencias, actuando en forma proactiva en vez de reaccionar ante los hechos.

Y menos debiera defenderse como si esto fuera un ataque de la oposición. Aquí el ataque no fue de la oposición sino que vino desde dentro.

Lo que hizo la presidenta Bachelet también fue un error. Se demoró dos semanas en referirse al escándalo porque estaba de vacaciones. El mensaje para los chilenos fue claro: esto no es tan importante. La presidenta no está en una posición fácil, pero tenía que haber actuado más rápido y con más energía.

Y Andrónico Luksic tiene que ser más decidido en su diálogo con los chilenos. Sobre todo si tiene aspiraciones de hombre público, como se comenta al ver su incursión en los medios y su creciente acción filantrópica.

Pero lo más importante de todo es el fortalecimiento institucional. Hay que poner urgencia máxima a una reforma del financiamiento de la política, hay que establecer regulaciones y códigos de ética más específicos y más estrictos para los funcionarios públicos, hay que regular mejor la actividad del lobby y no dejar áreas grises. AméricaEconomía es partidaria de un Estado eficiente y lo más pequeño posible, que da a los individuos libertad de emprender y deja que la regulaciónla dicte el mercado y no los funcionarios.  Pero hay áreas en que el Estado necesita intervenir, regular y fiscalizar.

La presidenta Bachelet tiene toda la razón cuando dice que el enemigo de Chile es la desigualdad. Los hechos de las últimas semanas deberían decirle que la tarea que el país tiene por delante es mucho más difícil que lo que ella pensaba. El que su propia familia tan prestamente se asimiló a los privilegios y secretos del poder a la chilena lo demuestra.

América Economía (Chile)

 



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