La iniciativa era una promesa de campaña de Rousseff en las elecciones del año pasado, y su envío fue adelantado en respuesta a las manifestaciones de protesta que ocurrieron el domingo en las principales ciudades brasileñas, cuya principal demanda es el fin de la corrupción.
El paquete anticorrupción propuesto por el gobierno sugiere que los políticos que sean culpables por el crimen de caja 2 (recursos no declarados) sean condenados a prisión de tres a seis años.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, envió este
miércoles al Congreso Nacional un paquete de medidas para combatir la
corrupción y la impunidad.
La iniciativa era una promesa de campaña de Rousseff
en las elecciones del año pasado, y su envío fue adelantado en respuesta a las
manifestaciones de protesta que ocurrieron el domingo en las principales
ciudades brasileñas, cuya principal demanda es el fin de la corrupción.
Navegador Semántico
Al anunciar el paquete en una ceremonia en el Palacio
de Planalto, Rousseff afirmó que el combate a la corrupción es
"coherente" con su trayectoria personal y con su actuación al frente
del Ejecutivo.
"Mi compromiso en el combate a la corrupción es
coherente con mi vida personal, con mi práctica política y es coherente con mi
actuación como presidenta", subrayó.
La mandataria justificó la necesidad de medidas duras
para "investigar y castigar corruptos y corruptores de forma rápida y
efectiva".
"Se sabe que la corrupción en Brasil no fue
inventada recientemente, se sabe que lo que diferencia un país de otro, un
gobierno de otro, es el hecho de que algunos países y algunos gobiernos crean
condiciones para que la corrupción sea prevenida, investigada y
castigada", enfatizó.
"La corrupción ofende y humilla a los
trabajadores, disminuye la importancia del trabajo honesto, transforma la clase
media y sus aspiraciones, dando un ejemplo falso de facilidad. La corrupción
perjudica a empresarios, perjudica al trabajador, afecta y ofende a hombres y
mujeres ciudadanos de bien", puntualizó.
El paquete anticorrupción propuesto por el gobierno
sugiere que los políticos que sean culpables por el crimen de caja 2 (recursos
no declarados) sean condenados a prisión de tres a seis años.
El delito, de acuerdo con la tipificación incluida en
el texto, consiste en la tentativa de cometer fraude contra la fiscalización
electoral, con la inserción de recibos falsos u omisión de informaciones para
ocultar el origen, destino y aplicación de recursos en la prestación de cuentas
de un partido político o campaña electoral.
El castigo será extendido tanto a los beneficiarios
como a los partidos y donadores, con multa de cinco a diez veces el valor
donado y no declarado.
El paquete enviado al Congreso sugiere también la
aprobación de proyectos de ley y cambios en la Constitución para permitir al
Estado actuar "contra diferentes frentes de corrupción".
Un proyecto de ley tipifica el crimen de
enriquecimiento ilícito, estableciendo penas de tres a ocho años de prisión
para quien adquiera o haga uso de bienes incompatibles con sus ingresos o
evolución patrimonial.
También está prevista la reglamentación de la Ley
Anticorrupción, con incentivo a la adopción de programas de integridad
(cumplimiento) por empresas privadas, con códigos de ética y de conducta, políticas
y directrices para detectar desvíos e irregularidades contra la administración
pública.