Diversas medidas, incluyendo cuatro proyectos legales propuestos para su discusión en la Asamblea Nacional, podrían convertir a Venezuela en una economía estatizada al más puro estilo socialista, con nuevos controles que tendrán importantes implicaciones políticas.

Al mismo tiempo, los tentáculos del Estado están abarcando cada vez más aspectos de la vida en el país como nunca, convirtiéndolo en un competidor al que jamás se le puede ganar.

En un claro indicativo de hacia dónde el gobierno de Hugo Chávez quiere llevar la economía del país, el número de cooperativas en operación aumentó de unas 6,000 en 1998 a más de 100,000 en la actualidad, incluyendo las que prestan servicios a la industria petrolera.

''Es el único gobierno que nos ha tomado en cuenta'', afirma Mariela Díaz, que fundó una cooperativa de servicios y recibió un crédito de 40 millones de bolívares (unos $9,300) en el estado Sucre, al este de Caracas.

Recientemente, el Ministerio de Finanzas autorizó la creación de 200 bancos comunales en el país, que manejarán el equivalente a unos $500,000 cada uno para financiar proyectos familiares de cogestión.

De hecho, la abundancia de divisas ha permitido al gobierno adelantar lo que el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, califica de un nuevo modelo social y político para la construcción de proyectos de desarrollo endógeno.

Sólo este año, la administración chavista aspira a entregar más de $7,000 millones a cooperativas, fundos zamoranos y otras iniciativas de corte colectivista.

Pero, según expertos y analistas, la sostenibilidad de estas políticas económicas podrían no ser viable en el tiempo.

''La economía caracterizada por crecimiento económico de baja calidad, impulsada por gasto fiscal financiado por petróleo, deuda y excesos monetarios --con baja inversión, altas importaciones, presiones inflacionarias y subempleo financiado vía misiones-- no ofrece una perspectiva sostenible'', aseguró el economista Orlando Ochoa.

'Bajo la amenaza de expropiación de empresas o tierras, el forzar la aceptación de la cogestión --entrega a algunos trabajadores de un porcentaje alto del capital accionario y de la gerencia de empresas-- probablemente lleguemos a un dilema muy distinto al que plantea Hugo Chávez de ``socialismo o barbarie' '', acotó el experto.

''Se abre la posibilidad de una profunda crisis de inseguridad jurídica, económica y política, por el intento de llevar a Venezuela en dirección opuesta al resto del planeta'', dijo Ochoa.

''El problema de las cooperativas es que todas dependen del Estado. Le quitas ese apoyo y dejan de existir'', afirmó José Guerra, un economista que hasta el año pasado fue jefe de investigaciones del Banco Central de Venezuela.

Guerra informó que la presencia del Estado en Venezuela ha crecido de manera desproporcionada, arrebatándole espacios a la iniciativa privada.''El ámbito que abarca ha venido creciendo enormemente. Ahora el Estado produce camisas, pantalones, chocolate, papel, hierro, acero, aluminio; tiene una línea aérea, es el principal distribuidor de alimentos, tiene más canales de televisión que el sector privado y más de 150 medios impresos a nivel nacional'', indicó el economista.

''Además, es dueño de las tierras en Venezuela y está a punto de incursionar en la telefonía móvil. Es una presencia muy poderosa en el mercado'', subrayó Guerra.

Al mismo tiempo, el Estado también ha incrementado su capacidad regulatoria de la actividad económica, controlando los precios de los productos de consumo masivo, las tasas de interés, el salario mínimo, el cambio de divisas, los precios de viviendas y los alquileres.

''El Estado tiene unas tenazas muy grandes sobre la economía. Y la economía está creciendo porque tiene un ingreso petrolero demasiado elevado, pero está creciendo distorsionadamente, porque está creciendo basada en el gasto público. Es un crecimiento que no genera empleos, porque el sector privado no tiene incentivos y tiene limitaciones para generar empleos'', explicó Guerra.

Para Alexander Guerrero, un economista independiente y académico de la Universidad Central de Venezuela, la estatización se ha venido realizando ''por la vía legal'', en un proceso en el cual ``a través de una Constitución nueva y un centenar de leyes, el espacio económico tradicionalmente en manos del capital privado, ha venido siendo tomado por el Estado''.

El analista dijo que la estatización ha llegado al extremo de regular la cantidad de ganancias y beneficios que se puede obtener en determinados negocios, como los servicios financieros y la operación de medios de comunicación.

''En la revolución socialista del siglo XXI, de prosapia marxista, el objetivo central es la propiedad estatal, y no hay apuro para eso. No es el proceso revolucionario tradicional que se ha hecho de manera violenta, como se hizo en Europa, en Cuba, en Asia, sino que aquí se hace con la ley y la Constitución en la mano'', adujo Guerrero.

Para impulsar este concepto, el gobierno está promoviendo cuatro leyes que podrían dar un giro dramático al panorama económico y político en el país suramericano.

Está en preparación la Ley de Economía Popular, que busca dar un piso legal a la economía informal, lo cual haría más influyente el ámbito dominado por el Estado, destascó Guerra.

La segunda es la Ley contra la Competencia Desleal, que se propone establecer más controles para restringir la actividad privada.

Una polémica reforma monetaria está a punto de ser presentada este año en la Asamblea Nacional para su aprobación. El objetivo principal: crear una nueva moneda, el bolivariano, y quitarle tres ceros a la actual paridad del bolívar con el dólar, de modo que puedan obtenerse 2.15 bolívares por cada dólar.

''Creemos que existen condiciones para hacer la reforma, y por tal motivo se ha conformado un equipo entre Finanzas, Asamblea Nacional y Banco Central que está haciendo una revisión de las variables, debido a que los ajustes dependen de los indicadores, pero es posible que arranque en el 2007'', dijo el ministro de Finanzas, Nelson Merentes.

Finalmente, está en una etapa avanzada un proyecto de ley de impuesto sobre bienes y derechos patrimoniales de las personas naturales, el cual no sólo amplía el ya cargado sistema impositivo, sino que también intentará gravar las propiedades, activos, liquidez y cualquier tipo de bienes de todos los venezolanos, incluyendo los que residen fuera del país y tienen propiedades en Venezuela.

''Es indudable que la finalidad de este impuesto, más allá de la recaudación, se enfoca en la información que puede recolectarse de los contribuyentes'', afirma un informe de la Cámara Venezolana Americana de Comercio en Caracas que analizó el impacto del proyecto de ley.

Esta ley es ''una herramienta contra el ahorro y la formación individual de patrimonio'', comentó el experto Leopoldo Martínez, de la firma Adorno & Yoss, de Coral Gables, y está concebida dentro de la ``estrategia del gobierno de Chávez en materia económica de edificar el cerco al sector privado nacional poco a poco, para avanzar sin conflicto''.