Debió esperar unos pocos minutos para obtener lo que había ido a buscar: el mandatario firmó un decreto que declaró en estado de “emergencia” a Belgrano Cargas S.A., empresa que explota una red ferroviaria estratégica por su capacidad para conectar los puertos del Pacífico, vías de salida para el creciente comercio con Asia. Con ese decreto, que eliminó de un plumazo la posibilidad de convocar a nuevos procesos licitatorios, Macri está a un paso de asegurarse no sólo la mayoría en la sociedad controladora de Belgrano Cargas luego de terminado el proceso de redistribución accionaria, sino que además obtuvo el compromiso del Estado de que se hará cargo de buena parte del pago de sueldos, la compra de insumos y la reparación de locomotoras y vagones durante, por lo menos, los próximos seis meses.

La escena remite a los tiempos del gobierno de Carlos Menem, cuando Macri gozó de una estrecha relación con el poder. Pero no es necesario ir tan atrás: la adjudicación ocurrió en abril pasado y el decreto lleva la firma del presidente Néstor Kirchner. Paradojas argentinas, la foto de Macri al lado de Kirchner hace un par de meses en la Casa Rosada hubiera sido inimaginable a fines de 2003. Por entonces, el gobierno le había quitado a Macri la concesión del Correo Argentino luego de cuatro años de incumplimientos en el pago del canon fijado al momento de la concesión. “Logramos recuperar para el Estado el Correo que estuvo en manos de aquellos que no cumplieron ninguna de sus obligaciones”, había dicho Kirchner en un acto público celebrado en la ciudad de La Plata tras la rescisión de la concesión.

Para servirle
Pero, se sabe, en la cocina del poder, los amores y los odios suelen ser circunstanciales. Quizás eso explique por qué la resurrección de Macri no es aislada. Otros empresarios apuntados al inicio de la gestión kirchnerista por su larga historia de relaciones íntimas con el Estado, como Eduardo Eurnekián –dueño de Aeropuertos Argentina 2000–, Alejandro Bulgheroni –de la petrolera Pan American Energy, la segunda productora de crudo del país– y Jorge Brito –presidente de la asociación de bancos, ADEBA, y dueño de varias entidades financieras–, también supieron ganarse un lugar cerca del calor oficial. Esos nombres, junto a Marcelo Mindlin –de la transportadora eléctrica Transener y la distribuidora Edenor– y la legión de empresarios –fundamentalmente de la construcción– originarios de Santa Cruz, la provincia en la que Kirchner fue gobernador durante 12 años, conforman buena parte del nutrido grupo de “empresarios K”.

“Es natural que un gobierno que concentra el poder, tiene mucha caja, invierte mucho en obra pública por fuera de los mecanismos de control y lanza un festival de subsidios, favorezca la corrupción y los negocios para los empresarios amigos”, dice Adrián Pérez, diputado del partido opositor ARI (Afirmación para una República de Iguales), en Buenos Aires. No están sólo los férreos opositores son quienes plantean objeciones. “Habrá que decidir como sociedad si queremos más o menos estatismo en el sector de los servicios, más o menos economía libre, más o menos capitalismo de amigos”, dijo a mediados de mayo Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía de Kirchner, en una de sus contadas apariciones públicas tras dejar el cargo.

Hay varias razones para inferir que la relación entre el Estado y parte del empresariado seguirá estrechándose. En primer lugar, mientras la economía siga creciendo a buen ritmo, el modelo trazado por el gobierno continuará afianzándose, pese a las críticas. En segundo término, para Kirchner, contar con empresarios cercanos le es útil para cumplir con la reconstrucción de la llamada “burguesía nacional”, una de sus banderas de campaña.

Ese objetivo lo fue logrando con el recambio en el control de algunas de las empresas de servicios públicos concesionadas durante la década pasada. Tras el congelamiento y la conversión a pesos argentinos de las tarifas, algunos concesionarios prefirieron emprender la retirada añorando las abultadas utilidades obtenidas durante la Argentina dolarizada de los 90. Así, France Telecom dejó Telecom Argentina y su lugar fue tomado por el argentino Grupo Werthein. En tanto, Marcelo Mindlin, presidente del fondo de inversión Dolphin, ex socio de George Soros en Argentina y de fluida relación con el poderoso ministro de Planificación Julio de Vido, compró a Eléctricité de France (EDF) el 65% de Edenor y a la británica National Grid, el 50% de Transener.
La “argentinización” aporta beneficios concretos. Por ejemplo, Mindlin se adjudicó como un triunfo la decisión de EDF de suspender la demanda por US$ 960 millones que había presentado ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputa de Inversiones (Ciadi) –el tribunal arbitral del Banco Mundial– contra el Estado argentino por supuestos perjuicios sufridos tras el congelamiento de las tarifas en 2002. Y se comprometió a brindar información al gobierno en el juicio con National Grid, que todavía está pendiente. Aunque, claro, favor con favor se paga.

En abril pasado el oficialismo aprobó en el Congreso una ley que autoriza al Ejecutivo a imponer cargos sobre las tarifas de gas y electricidad para que sean finalmente los usuarios quienes financien las nuevas inversiones que se hagan necesarias en materia de generación y transporte de energía, desembolsos que deberían hacer los propios privados.

El dinero será destinado a engordar los fondos fiduciarios públicos, un mecanismo creado durante el gobierno de Menem para manejar recursos por fuera del control presupuestario. “Los fondos fiduciarios crecieron de $ 1.200 millones (unos US$ 400 millones) a $ 4.000 millones (unos US$ 1.330 millones) en los últimos años”, dice Pérez, del ARI.

Cerca de la mitad de los fondos fiduciarios están destinadas a subsidiar a las empresas del Sector de Transporte, que no pueden ajustar sus tarifas. Parte de esos subsidios irá a financiar el Belgrano Cargas, a punto de ser tomado por un holding conformado por Macri, el conglomerado chino Sanhe Hopeffull Grain & Oil, los grupos argentinos Roggio y EMEPA, el Estado y los sindicatos Federación de Camioneros, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Según el senador opositor Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, mientras con el proceso licitatorio las operadoras se comprometían a nuevas inversiones, con la adjudicación directa el Estado otorgará un subsidio de US$ 250 millones y eliminará penalidades por no alcanzar metas de transporte mínimas.

Vuelo sin turbulencias
No sólo Macri logró recuperar el terreno perdido en los últimos tres años. Eduardo Eurnekián, titular de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), la empresa que maneja la mayoría de los aeropuertos del país, también estaba en la mira del gobierno por la falta de pago del canon. La guerra cobró tal dimensión que la justicia argentina llegó a pedir su captura internacional, además de las reiteradas amenazas del gobierno de retirarle la concesión. Pero llegó la paz. Eurnekián está próximo a cerrar un acuerdo con el gobierno por el que el Estado se quedaría con el 40% de las acciones de AA2000 a cambio de la deuda de unos US$ 250 millones. Además de conservar la concesión, Eurnekián deberá cumplir ahora un plan de inversiones mucho más flexible que el anterior y dejará de cargar con el peso del canon, que sería reemplazado por un esquema de distintas variables, como un porcentaje de los ingresos de la compañía y de la cantidad de pasajeros, entre otras.

El sector financiero también registró el crecimiento meteórico de algunos banqueros cercanos al poder. Los casos más notorios son los de Macro-Bansud, de Jorge Brito, y el grupo financiero liderado por Enrique Eskenazi, que creció en tiempos en que Kirchner era gobernador a partir de la compra del Banco de Santa Cruz y de Petersen Thiele & Cruz, una de las principales constructoras en la provincia del presidente. Ambos aprovecharon la salida de Argentina de los franceses del Crédit Agricole para adquirir los bancos Suquía y de Entre Ríos, respectivamente.

Cartel de obras
Junto a Eskenazi hay otro grupo de santacruceños en expansión. Según un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Transparencia en la gestión pública y privada Lisandro de la Torre y diputados del ARI, cuatro empresas constructoras oriundas de Santa Cruz –Esuco S.A., Equimac SACIF e I, Gotti Hnos. y Contreras Hnos. SAICIFAG y M– concentran el 63% de las obras viales en Argentina. Para Pérez, del ARI, “las obras se reparten entre pocas constructoras y siempre con un sobreprecio de 40% por sobre el presupuesto oficial”. Algo de eso también denunció Lavagna en noviembre pasado. “Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica”, dijo, pocos días antes de ser reemplazado en su cargo.

A esa lista se suma Cristóbal Lopez, otro empresario de buena sintonía con el presidente, que es dueño de la petrolera Oil M&S, la red de casinos y máquinas tragamonedas Casino Club, la recolectora de residuos Clear, la empresa de transporte urbano Indalo, la de turismo Altos de Glaciar, Freadar –concesionaria de la automotriz Scania– y Suyoi S.A.–concesionaria de Toyota. Ahora, López desembarcó en Brasil luego de obtener una licitación en 43 zonas de explotación gasífera y petrolera.

El crecimiento despierta algunas sospechas, que podrían intensificarse en los próximos meses. Tras el anuncio de Repsol YPF de que aspira vender hasta el 20% de su filial argentina, surgieron las versiones de que Cristóbal López sería uno de los compradores de esa porción de la petrolera. El otro empresario nombrado es Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy, también de buena relación con el gobierno.

Tampoco los medios de comunicación escapan a la lógica amigo-enemigo seguida por el gobierno de Kirchner. La fundación Poder Ciudadano denunció la inequitativa distribución de la abultada pauta publicitaria oficial que elige medios afines al gobierno en detrimento de los que adoptan posturas críticas. Además, en mayo del año pasado, Kirchner firmó un decreto por el que prorrogó por 10 años más todas las licencias de TV abierta, de radio y TV por cable. La medida, tomada mucho antes de que vencieran los plazos, permitió que los dos canales con serios problemas financieros –Canal 9, del ex periodista Daniel Hadad, y América TV, propiedad de Grupo Ávila Inversora y Grupo Uno, del empresario Daniel Vila y José Luis Manzano, un ex ministro de Menem– puedan renegociar en mejores términos sus deudas.

La chequera y el poder kirchnerista, sin duda, atraen. Pero, para algunos analistas, el esquema basado en un capitalismo de Estado está haciendo un flaco favor al futuro económico del país. “Este sistema corporativo provoca la retirada de algunas empresas y otras que se quedaron lo hacen sólo para intentar recuperar lo que pueden de sus inversiones hundidas”, dice el economista Aldo Abram, director general de la consultora Exante, en Buenos Aires. “Eso explica por qué la inversión reproductiva no está creciendo al ritmo necesario para mantener el crecimiento en los próximos años”. Eso, por ahora, suena a una advertencia hueca para una Argentina acostumbrada a vivir el día a día, sin preocuparse por el mediano y largo plazo. Algo similar ocurría en la década del 90 que desembocó en la quiebra de 2001. Pero ese recuerdo es sólo un déjà vu.