Los medios publican continuamente encuestas en torno a la confianza que los votantes sienten respecto  a Tony Blair. Y el primer ministro cada vez sale peor parado. El líder de la oposición, Michael Howard, no queda mucho mejor en los sondeos de opinión.

En esa línea, el anteproyecto de inmigración para cinco años presentado por el ministro del Interior Charles Clarke esta semana, ha generado un debate encendido. En primer lugar porque se ha presentado en un momento clave de la política británica: tan sólo dos meses y medio antes de las próximas elecciones generales.

Los analistas políticos han calificado la medida de contraataque o respuesta a la que recientemente han presentado los conservadores. Se acusa a los laboristas de ir a la zaga de los toryes, de oportunismo, de generar intolerancia y de no desarrollar planes propios de un partido de izquierda. De ahí que el ministro del Interior comenzara su exposición queriendo dejar claros los beneficios que la inmigración supone para el Reino Unido.

Según el ministro del Interior, Charles Clarke, "los visitantes mantienen la industria turística, valorada en 38 millones de libras anuales, que emplea a más de dos millones de personas. Los trabajadores emigrantes, con calificaciones o sin ellas, desempeñan labores que no pueden ser completadas con nuestra fuerza de trabajo doméstica. Los estudiantes extranjeros contribuyen de forma intelectual y económica a nuestras instituciones educativas, por lo cual muchos de ellos establecen lazos de por vida con este país. El efecto positivo de los inmigrantes es real en todo el Reino Unido".

Aún así sería injusto decir que la medida no responde a los deseos de la sociedad. Según ha publicado Michael Kettle en el diario The Guardian, a los británicos les gusta hablar de entidades multiculturales. Y es bien cierto que se trata de un país con una larguísima tradición de acogida. Pero la estadística muestra que están preocupados con el problema. La demografía expone que proporcionalmente el número de emigrantes crece a más velocidad que el número de británicos. Tres cuartos de los ciudadanos del Reino Unido creen que los mandatarios deberían establecer límites y que el Gobierno no es suficientemente duro con las peticiones de asilo.

Obviamente, los políticos han respondido a esa preocupación.

Lo que Charles Clarke ha propuesto es, básicamente, lo siguiente: se realizarán exámenes de inglés a aquellas personas que deseen acudir al Reino Unido. Además, se establecerá un sistema de puntos similar al australiano que evaluará la formación de cada trabajador y primará a aquellos que puedan desempeñar una labor para la que en el Reino Unido exista gran demanda. Pero aquellos inmigrantes con pocas calificaciones, sobre todo procedentes de otros países de la Unión Europea, no podrán llevar a sus familias consigo al Reino Unido, reclamar ayudas económicas al Estado y, previsiblemente, habrán de abandonar el país en un periodo de cinco años.  

"Creemos que los trabajadores de la Unión Europea, ya sea de estados de nueva incorporación o no, deberían, con el tiempo, cumplir los requisitos y necesidades nacionales para el trabajo no cualificado. Por lo tanto, en consulta con las industrias, tras un periodo, planeamos retirar los actuales esquemas de cuotas. Por supuesto, analizaremos junto a los sectores cómo cubrir los posibles huecos que puedan quedar, pero cualquier nuevo esquema estará, por de pronto, basado en una cuota, será temporal y estará estrechamente supervisado para asegurar que los ciudadanos regresen a sus países tras finalizar su estancia", afirmó el ministro del Interior. 

No obstante, los conservadores creen que la medida no será efectiva. Argumentan que los laboristas no van a establecer una cuota de inmigrantes sino que van a priorizar a unos sobre otros. Consideran, además, que se les ha escapado de las manos el tema de la ampliación de la Unión Europea y los efectos que ésta ha tenido para la Unión. De hecho, la propuesta tory contempla cuotas anuales para refugiados y otros emigrantes que quieran acceder al Reino Unido, la creación de centros de procesamiento de peticiones de asilo fuera de las fronteras británicas y salir de la convención de Naciones Unidas para los refugiados. David Davies, secretario de interior del principal partido de la oposición, manifestó además que "el plan del Gobierno  para introducir un sistema de puntos, no reducirá necesariamente el número de inmigrantes que llegan al Reino Unido a no ser que se introduzca un límite. En el 2003 el ex secretario de Interior dijo que creía no que había un límite cuantitativo para la inmigración legal. ¿Está de acuerdo el actual ministro de interior? El Gobierno falló al prever las implicaciones que la ampliación de la Unión tendría. El plan analiza pero no propone una solución al acceso de los europeos, cuyos 75 millones de habitantes tienen un salario medio que es la mitad del salario mínimo británico, y están registrándose por encima de los 100.000 anuales, y no los 13.000 que originalmente comunicó el ministerio del interior.  
  
A los inmigrantes procedentes del exterior de la Unión Europea, por ejemplo de países latinoamericanos, también se les aplicará un sistema de puntos y tendrán que superar un examen de inglés. Pero además, el ministro del Interior ha dicho que partir del 2008 crearán  un registro para lo que se les tomarán las huellas dactilares a todas aquellas personas que soliciten un visado. 

El ministro Clarke señaló: "durante los próximos cinco años transformaremos nuestro control de inmigración. Usaremos nueva tecnología. Desarrollaremos un sistema integrado para tratar con la gente antes de que lleguen al Reino Unido, en nuestras fronteras y durante su estancia. Recogeremos las huellas dactilares de todo el que solicite un visado. Esas huellas dactilares y otra información de viaje serán contrastadas con nuestras listas de aquellos que suponen una amenaza por motivos de inmigración o seguridad. Y las aerolíneas no estarán autorizadas a llevar pasajeros hasta que esa comprobación se haya realizado".

Por si eso fuera poco, los refugiados perderán el derecho de establecerse de forma definitiva en este país. Sus casos se revisarán periódicamente y tendrán que retornar a su país natal de ser posible.
Philip Johnston, periodista del Daily Telegraph, cree que el plan es una prohibición para los emigrantes no cualificados, opinión que muchos diarios comparten. The Times considera que este es el único punto de la campaña donde las encuestas se muestran más favorables a los toryes que a los laboristas. Por eso piensa que Michael Howard, líder de los conservadores, está haciendo tanto hincapié en este campo.

Según The Times, no hay duda de que los partidos utilizarán el asunto de la inmigración para ganar votos durante las próximas semanas. Y así volvemos al punto de partida: el momento en el que se ha presentado el plan es crucial. Las próximas elecciones generales cada vez están más cerca.

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