La presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha dado un volantazo en la gestión política en respuesta al estallido, hace casi seis meses, de focos de corrupción que han golpeado a grandes empresas, a altos ejecutivos, parlamentarios, ministros y hasta el propio entorno familiar de la mandataria socialista.

La noche del martes, Bachelet anunció la puesta en marcha de un paquete de leyes, normas e instituciones fiscalizadoras que pongan freno a la corrupción derivada del financiamiento de empresas y privados a campañas políticas de todo el espectro, gobernante y opositores. De esa forma, la presidenta acogió las recomendaciones de una comisión asesora que convocó a inicios de año y que esta semana le entregó su informe de 217 páginas y 234 propuestas «para mejorar la transparencia y combatir la corrupción en todo el aparato público», como dice el documento elaborado por el grupo de trabajo que lideró el economista Eduardo Engel.

Junto con asumir la mayoría de las recomendaciones, Bachelet anunció el inicio de «un proceso constituyente participativo» que comenzará en septiembre, a través de consultas y cabildos, para finalizar con la redacción de una nueva Constitución Política que reemplace a la que está vigente desde 1980 y que fue redactada por la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet.

En octubre pasado estalló el primer caso importante de corrupción que tuvo como epicentro las empresas del Grupo Penta, cuyos controladores –Carlos Délano y Eugenio Lavín- están acusados de delitos tributarios, sobornos, lavado de activos y uso de facturas falsas para financiar campañas políticas, principalmente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) a la que pertenecen algunos parlamentarios beneficiados por el financiamiento ilegal. Délano y Lavín estuvieron casi un mes en prisión y actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario a la espera del juicio.

Sin conexión con el caso anterior, en febrero se conoció una operación de especulación inmobiliaria de una empresa de la que es propietaria en un 50 por ciento la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon. La compra de unos terrenos, que luego vendiera a un precio mayor con la promesa de una recalificación que permitiría la construcción de viviendas de lujo, se hizo con un crédito otorgado por el Banco de Chile, cuyo propietario es AndrónicoLuksic, dueño de la mayor fortuna del país y que está entre los cien multimillonarios de la lista Forbes. El préstamo fue gestionado por la propia nuera de la presidenta, quien asistió a una reunión con el magnate acompañada de Sebastián Dávalos Bachelet.

Posible uso de información privilegiada

La justicia investiga el eventual uso de información privilegiada. El caso golpeó directamente a la presidenta Bachelet, quien dijo desconocer los negocios de su nuera y que ante la crítica situación le pidió la renuncia a su hijo de los cargos que ocupaba en el gobierno.

Como si fuera poco, la investigación del caso Penta, reveló que la empresa Sociedad Química Minera (SQM), de propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, ha financiado campañas políticas de todo el espectro que va desde la derecha a la izquierda. El uso de boletas entregadas a SQM salpicó al principal recaudador de las campañas de Bachelet, Giorgio Martelli, quien a su vez financió al actual ministro del Interior, al director del Servicio de Impuestos Internos y otros personeros de gobierno y parlamentarios.

La crisis política que generó estos casos llevó a Bachelet a anunciar medidas como el término del financiamiento de campañas por parte de empresas; el fin de aportes anónimos; la limitación de reelección de los parlamentarios; la inhabilidad para altos cargos de gobierno que pasan a empresas privadas que antes regularon o supervisaron; restringir la postulación de familiares a elecciones en un mismo territorio electoral; la destitución de parlamentarios que usen el cargo para beneficiar a familiares o usen recursos para enriquecimiento personal; la reestructuración del sistema de compras públicas; derogar la ley del cobre que permite un financiamiento secreto a las Fuerzas Armadas, así como mayor regulación de las adquisiciones militares, entre muchas otras.

Bachelet espera retomar ahora la iniciativa política, que las recomendaciones se transformen rápidamente en leyes y quizás en los próximos días o semanas ajustar su gabinete ministerial para dar un nuevo impulso a su gobierno, cuya pérdida de popularidad es sistemática en las encuestas. Algo a lo que Bachelet no está acostumbrada.