Ni el Departamento de Justicia ni la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) comentaron este martes la información difundida por el diario 'The Wall Street Journal' sobre la investigación a seis altos cargos del gobierno de Venezuela sospechosos de estar involucrados en tráfico de drogas y lavado de dinero. Tampoco desde la República Bolivariana hubo reacciones grandilocuentes. Un estado de 'calma chica' que corre el riesgo de convertirse en un seísmo diplomático y despertar la ira venezolana, señala el periódico, si las pesquisas culminan con la acusación de los oficiales.

Fiscales de Miami y Nueva York junto con una unidad especializada de la DEA llevan más de dos años recopilando información sobre la participación de estos altos cargos en actividades de narcotráfico. Un tiempo en el que Venezuela se ha consolidado como una de las "rutas preferidas para el tráfico de drogas de Sudamérica a la región del Caribe, Centroamérica, EEUU, África Occidental y Europa", apunta un informe del Departamento de Estado sobre la estrategia en 2015 para el control internacional drogas.

Este documento señala que la república bolivariana seguía siendo "el principal país de tránsito de droga en 2014" y recuerda la falta de colaboración de las autoridades venezolanas en la lucha contra el narcotráfico. En los últimos años, los traficantes colombianos parecen haber movido su centro de operaciones hacia Venezuela, debido a la presión que ejercen las autoridades en Colombia. Las fuentes consultadas por el 'The Wall Street Journal' apuntan que por el país transitaron "unas 131 toneladas de cocaína, casi la mitad de la cantidad que produce Colombia" en 2013.

Altos cargos en la 'lista negra'

Esta no es la primera vez que los oficiales venezolanos están en el punto de mira de las unidades antidrogas estadounidenses, que critican la falta de cooperación de su contraparte venezolana a pesar de los acuerdos bilaterales firmados con ese fin desde 1978. En 2014, sólo participaron en la intercepción de dos barcos sospechosos frente a los diez de 2013 -en virtud del acuerdo marítimo bilateral entre ambos países alcanzado en 1991.

El presidente Barack Obama determinó el año pasado que "Venezuela había suspendido en sus obligaciones por los acuerdos contra el narcotráfico de manera demostrable", recuerda el informe del Departamento de Estado.

Los capítulos críticos en las relaciones entre EEUU y Venezuela a cuenta de la lucha contra el narcotráfico se han ido reproduciendo desde 2008. Ese año, el departamento del Tesoro estadounidense incluyó a dos altos cargos del gobierno en la 'lista negra' de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OAFC) por su supuesta implicación en actividades de tráfico de drogas: el ex ministro de Defensa y actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel; el gobernador de Guárico, Ramón Emilio Rodríguez Chacín. Un ejercicio que se repitió en 2011, cuando bajo la Kingpin Act -que permite a la OFAC actuar sobre las redes financieras relacionadas con el narcotráfico- se añadieron los nombres del mayor general Antonio Alcalá Cordones.

Ese mismo año, Estados Unidos acusó formalmente al general retirado Hugo Armando Carvajal, que dirigió la inteligencia venezolana hasta 2011, de supuesto tráfico de drogas. Según el informe de la unidad antidroga del Departamento de Estado, el arresto y liberación de Carvajal- que vuelve a estar entre los investigados por los fiscales estadounidenses y la DEA- en julio de 2014, frustró la 'etapa dulce' que vivieron los dos países en materia de colaboración contra el tráfico de drogas. Tras este incidente diplomático, las incautaciones se redujeron.