El funcionario suizo, asombrado, respondió: “¿Hambre? ¿Qué significa hambre?”. El funcionario cubano, igualmente perplejo, contestó, “¿Opinión? ¿Qué significa opinión?”. El funcionario estadounidense dijo “¿El resto del mundo? ¿Qué significa el resto del mundo?”. Y el funcionario argentino dijo: “¿Honestamente? ¿Qué significa honestamente?”.

La broma me vino a la mente al leer un nuevo libro titulado “La riqueza pública de las naciones”, de los autores suecos Dag Detter y Stefan Folster, que propone una manera audaz para luchar contra la corrupción: la creación de Fondos Nacionales de Riqueza — como los que existen en Singapur y Austria — para evitar el uso discrecional de los bienes del Estado por parte de funcionarios gubernamentales.

Es una idea que valdría la pena explorar en América Latina, donde los escándalos de corrupción que involucran a empresas estatales y funcionarios públicos o sus parientes están en las primeras planas de Brasil, Argentina, México, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá e incluso Chile, considerado durante mucho tiempo como el país menos corrupto de la región.

En Venezuela, los funcionarios públicos y los militares se han enriquecido tanto a costa del erario público que muchos se refieren a la élite “revolucionaria” como una “cleptocracia”. Venezuela ha sido clasificado por Transparencia Internacional como el país más corrupto de América Latina, y uno de los más corruptos del mundo.

La receta tradicional contra la corrupción es la separación de poderes, junto con una prensa independiente.

Pero los autores de “La riqueza pública de las naciones” van un paso más allá, al decir que — además de una democracia que funcione — los países necesitan crear Fondos Nacionales de Riqueza, o empresas independientes dirigidas por administradores profesionales para gestionar los bienes públicos, ya se trate de empresas estatales, edificios, o monumentos históricos.

El viejo debate entre la izquierda y la derecha sobre si los gobiernos deben nacionalizar o privatizar es irrelevante, dicen los autores. Lo que realmente importa es la calidad de la gestión de los bienes públicos, y aislar los bienes estatales de las manos de los políticos. En lugar de centrarse en la propiedad de los bienes estatales, el debate debería centrarse en las utilidades de estos bienes, de modo que puedan ser utilizadas para construir más escuelas, puentes y hospitales, dicen.

“La riqueza pública puede ser una maldición si se deja como una bolsa de caramelos abierta, que tienta a los funcionarios públicos con la corrupción y el clientelismo”, dicen. “Esto no quiere decir que toda la riqueza deba ser privatizada. El proceso de privatización tambien ofrece oportunidades tentadoras para el enriquecimiento rápido, el amiguismo, la corrupción y la regulación disfuncional”.

En una entrevista telefónica, el co-autor Detter, un ex banquero de inversión y ex funcionario del Ministerio de Industrias de Suecia, me dijo que decenas de países de todo el mundo ya tienen organismos independientes para gestionar los bienes públicos de manera más eficiente. Pero muchos de ellos no funcionan porque son agencias gubernamentales, en lugar de empresas autónomas cuyos directores son responsables ante inversionistas y socios comerciales.

Y varios países ya tienen versiones limitadas de Fondos Nacionales de Riqueza. Por lo general, el Congreso de estos países elige un consejo de directores externos, que contratan a un equipo de gerentes profesionales externos. Estos, a su vez, hacen una lista de los bienes del Estado, los hacen evaluar para determinar el valor de mercado de cada uno, y deciden qué hacer con cada uno de ellos.

Si el gobierno tiene oficinas públicas en edificios ubicados en zonas exclusivas del centro de la ciudad que podrían generar enormes ingresos, si fueran convertidos en hoteles o alquilados a empresas privadas, los gerentes pueden elegir alguna de estas opciones, me dijo Detter.

En Singapur, Temasek, la versión de un Fondo Nacional de Riqueza de ese país, ha tenido utilidades anuales promedio del 16 por ciento desde que se creó en 1974. Eso ha permitido que el gobierno reciba como dividendo un porcentaje de estas utilidades, y las utilice para la educacion, la salud, o la infraestructura, dijo.

“Esto podría funcionar muy bien en América Latina”, me dijo Detter. “Esa es la mejor manera de combatir la corrupción”.

Mi opinión: Ya hay muchas empresas público-privadas en América Latina que trabajan en forma parecida, pero no una empresa independiente nacional que administre todos los bienes estatales, con directivos que tengan mayor responsabilidad ante la ley que los funcionarios públicos.

Hay que sacar la bolsa de caramelos del alcance de los políticos, para que el chiste sobre el funcionario gubernamental que pregunta “¿Qué significa ‘honestidad’?” pase a ser anacrónico lo antes posible.