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19/06/2015 | La ofensiva judicial norteamericana

Río Negro Staff

Hay países en que cualquier político acusado de cometer una infracción, por menor que fuere, se sentirá constreñido a dar un paso al costado mientras trata de probar su inocencia.

 

Hay otros en que los más poderosos creen que, gracias a la solidaridad de sus homólogos y a la propensión de los jueces locales a archivar cuando antes las causas sensibles, si logran convertirse rápidamente en multimillonarios será poco probable que terminen sancionados. Aunque hasta hace muy poco pareció que se había consolidado la brecha que separa aquellas sociedades en que suele tomarse muy en serio la corrupción de las demás en que la mayoría la tolera, para inquietud de los acostumbrados a las flexibles tradiciones tercermundistas en la materia el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de iniciar una ofensiva destinada a obligar al resto del mundo a acatar sus propias normas legales, que desde luego son mucho más severas que las imperantes en América Latina, África y buena parte de Asia, aunque algunos lugares, como Singapur, se destacan por la honestidad de los funcionarios.

Con el argumento de que los corruptos de otras latitudes a menudo aprovechan los servicios brindados por instituciones financieras norteamericanas, la procuradora general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ya se las ha arreglado para ordenar el arresto de dirigentes de la FIFA y, a juzgar por lo que está ocurriendo, la repartición que encabeza quiere ampliar su esfera de influencia hasta que abarque todo lo relacionado con el dinero. Según se informa, entre otras cosas ha puesto la mira en la compra por parte de Aerolíneas Argentinas de veinte aviones Embraer en el 2009, cuando Ricardo Jaime era secretario de Transporte, además de la forma en que se adjudicaron zonas de exploración petrolera en Chubut.

Como no podía ser de otra manera, el que el gobierno norteamericano haya comenzado a pedir la detención de personas en el resto del mundo por presuntos delitos económicos ha motivado protestas airadas. El presidente ruso Vladimir Putin dice creer que lo que realmente quiere la administración del presidente Barack Obama es privar a su país de la Copa Mundial de fútbol próxima so pretexto de que consiguió el derecho a organizarla pagando sobornos a miembros de la FIFA. Es posible que Putin esté en lo cierto, pero de surgir pruebas de que Rusia sí les pagó dinero, no le sería nada fácil justificar la conducta de los funcionarios responsables; ni siquiera los políticos más corruptos se animan a reivindicar en público la deshonestidad. A lo sumo, pueden acusar a los norteamericanos de despreciar la soberanía de otros países.

Parecería que Estados Unidos se ha propuesto repetir en el ámbito económico lo que ha sucedido en aquel de los derechos humanos. Jueces de muchos países, incluyendo la Argentina, han aprovechado las leyes internacionales existentes para exigir la extradición de extranjeros acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad en otras partes del mundo; mientras que la Justicia española se atribuyó el derecho a juzgar a personas involucradas en las "guerras sucias" que se dieron aquí y en Chile, la jueza María Servini de Cubría quiso hacer lo mismo con docenas de franquistas españoles. Si bien por ahora los partidarios de la novedosa doctrina norteamericana no han ido tan lejos, de prosperar sus esfuerzos se globalizaría la legislación financiera del país más poderoso, Estados Unidos, lo que sería una pésima noticia para muchos en lugares en que siempre ha sido normal que los políticos aprovechen las oportunidades para enriquecerse por métodos que, si bien son considerados ilícitos, no suelen ocasionarles disgustos. Para mantenerse fuera del alcance de los brazos cada vez más largos de la Justicia norteamericana, a los corruptos les será necesario limitarse a usar servicios financieros o empresas sin vínculo alguno con Estados Unidos. Puesto que las instituciones que conforman el mundo de las finanzas están tan interconectadas, y por razones comprensibles las autoridades de todos los países desarrollados son reacias a enfrentarse con la Justicia norteamericana, boicotearlas significaría depender de entidades marginales de reputación sumamente dudosa, lo que con toda seguridad llamaría la atención de los decididos a intensificar la lucha contra el lavado de dinero.

Río Negro (Argentina)

 



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