La semana pasada Kicillof reveló el inicio de un operativo de fiscalización para profundizar los controles en materia de prevención de lavado de activos, intermediación financiera y cambiaria ilegal. Según dijo el ministro, es un operativo conjunto con el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En la conferencia de prensa, Kicillof afirmó que “se puede comunicar, preservando datos sustanciales para la investigación, que se han encontrado severas violaciones de las regulaciones vigentes”.

Y, finalmente, para impresionar, informó que: “se ha encontrado una suma de dinero que ronda el millón de pesos y no pudo ser justificada por ninguna de las entidades, como así también inconsistencias contables y tickets con operaciones cambiarias ilegales”.

Cuando uno lee todo esto parce que estuviéramos en manos de los héroes que luchan contra la corrupción y el terrorismo, pero realmente han dado vuelta de tal manera el sentido de las palabras que lo que parece ser una acción de gobierno en protección de los individuos, no es otra cosa que un ataque a la libertad de las personas y además causa carcajadas escuchar al ministro decir que encontraron 1 millones de pesos que no puede ser justificado su origen. Está hablando de 1 millón de pesos que al tipo de cambio verdadero, el conocido como blue, es equivalente a U$S 78.000, algo así como un departamento de 2 ambientes bien ubicado. Mientras nos comunican que descubrieron un sospecho movimiento de fondos equivalente a un departamento de un ambiente, en el sur, en un caso solo, encuentran $ 50 millones que le facturaron a Lázaro Báez en forma sospechosa para la justicia. Tienen el descaro de espantarse por $ 1 millón sospechoso y en un solo caso cercano al gobierno hay $ 50 millones y, en todo caso, los U$S 800.000 de la famosa valija de Antonini Wilson son 10 veces más que el sospechoso millón de pesos que denuncia Kicillof.

En segundo lugar, que el BCRA haga inspecciones para ver la transparencia de las operaciones del sector privado mueve a risa. Su propio balance es un desastre, dibujan las reservas mediante artilugios contables, inventan utilidades para financiar al tesoro y, encima, ni siquiera puede ofrecer una moneda que la gente quiera tener. El peso solo sirve para hacer transacciones de corto plazo pero no es moneda porque no sirve como reserva de valor.

En una parte del comunicado, Kicillof dice que investigan casos de intermediación cambiaria ilegal. Esta parte es particularmente interesante. ¿Qué tiene de ilegal, riesgoso, peligroso o amenazante que una persona que vendió el fruto de su trabajo entregue los pesos que se ganó trabajando a cambio de dólares que tiene otra persona que también se los ganó trabajando honestamente? Solo en las mentes fascistas puede caber la idea que el estado tiene que autorizar que una persona le entregue a otra pesos a cambio de dólares.

Deliberadamente se ha instalado la idea que no aceptar los pesos depreciados de mala calidad que emite el BCRA es una traición a la patria y querer dólares es un acto destituyente que conspira contra la estabilidad del modelo y la democracia. Lo que quiere el gobierno es obligar a la gente a tener solo pesos, no poder refugiarse en el dólar, y de esa manera cobrarle el salvaje impuesto inflacionario. Todo el verso del patriotismo y el lavado de dinero son solo para justificar la violación al derecho individual a realizar libremente transacciones que están garantizadas por la Constitución Nacional. Acá no se está regulando las transacciones de bombas atómicas o neutrónicas. Solo el intercambio de unos papelitos verdes por otros que no sirven para nada llamados pesos. No tienen nada de riesgoso para el país que la gente prefiera os tener dólares a pesos, pero si es riesgoso para que pueda sobrevivir el modelo populista del gobierno. Si la gente pudiera comprar libremente dólares, todas las mentiras del relato caerían en un minuto como un castillo de naipes. Por algo CF no dijo que iba a imponer un cepo cambiario durante la campaña electoral de 2011. Si hubiese anunciado que iba a poner un cepo perdía las elecciones.

Por supuesto que mueve a risa, por no decir al espanto, que uno de los gobiernos de la historia argentina más sospechado de corrupción, salga a argumentar que controla el mercado de cambios para evitar actos ilícitos.

No menos delirante es que el argumento para coartar las libertades individuales, sostenga el ministro que esta investigación es para preservar las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Un gobierno que tiene legiones de ex terroristas que en el pasado quisieron tomar el poder por las armas para hacer de la Argentina una Cuba al punto de bañar la Argentina de sangre, habla de luchar contra el terrorismo. Esa frase es de terror.

Cuando Kicillof dice que se han encontrado severas violaciones de las regulaciones vigentes, la realidad es que las regulaciones vigentes son el delito porque violan el derecho a trabajar libremente. Es el gobierno, con sus regulaciones, el que comete el delito, no el que intercambia dólares por pesos.

Mi intención en esta nota es solamente resaltar como el gobierno intenta tergiversar el sentido de las palabras para que los que es derecho de  los habitantes se convierta en un delito y lo que es un delito sea un derecho del gobierno para controlar a los habitantes. Como en las películas de suspenso, el que es el delincuente termina siendo el que parecía inocente.

En definitiva, acá no hay una investigación para salvaguardar el bienestar de la población. Acá hay un actuar tiránico y por lo tanto ilegal del gobierno para preservar su propio pellejo y que la economía no salte por los aires antes de las elecciones. Todo el resto es parte del relato.